"Los líderes sociales no se producen ni se improvisan. Un líder social es un producto escaso en la sociedad", dijo el comisionado de la Verdad.
Arauca
Población: 256,527 habitantes
Víctimas del conflicto armado: 147.699 personas
Líderes asesinados en 2019: siete.
En este departamento, fronterizo con Venezuela y con la región del Catatumbo, la Comisión de la Verdad hizo el “segundo diálogo por la no repetición: la verdad es con los líderes sociales”. Estos diálogos, como lo han dicho los comisionados, son un espacio de escucha profunda y reflexión, donde distintos actores de la sociedad civil exponen sus preocupaciones, denuncian, buscan comprensión y tratan, con sus interlocutores, de llegar a puntos mínimos de acuerdo para buscarle una salida a ese, el problema de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia.
En junio fue el primer diálogo por la no repetición. Ocurrió en Bogotá y tuvo, entre otros participantes, a líderes de Chocó, a representantes de la Fiscalía, de la Procuraduría y a organizaciones de víctimas. Ese día, con la participación de líderes espirituales de la Sierra Nevada, los participantes y testigos del diálogo llegaron a varios puntos en los que coincidieron. Uno de ellos y quizás el más revelador es que los asesinatos a los líderes sociales, históricamente, han estado vinculados a la exclusión social y política.
En los diálogos se han comenzado a revelar cifras y realidades que estaban en el subtexto, al parecer lejos de la agenda informativa. Un dato: en Colombia, 4.757 líderes han sido asesinados en los últimos 30 años. Lo dijo el padre Francisco de Roux. ¿Hay patrones en las causas de los asesinatos de los líderes? Sí. En los dos diálogos se ha hablado sobre lo riesgoso que es defender los territorios ancestrales en Colombia o luchar contra un grupo armado que quiere apoderarse de las tierras para sostener cultivos de uso ilícito. En el fondo, también, se ha tratado de la imposibilidad de construir democracias sólidas en departamentos en conflicto, como Arauca, donde no existen garantías para el liderazgo social.
¿Qué es un líder social? ¿Por qué lo asesinan?
La definición apareció en la pantalla del auditorio, en un video en el que hablaba Jazmín Muñoz, del colectivo de Mujeres Autónomas sin Fronteras de la Red Departamental de Mujeres del Cauca. “Un líder social es alguien que defiende la vida, que lleva las banderas comunitarias para luchar contra la negación de derechos, contra el olvido por parte del Estado. Los líderes, hoy, están siendo vistos como un enemigo del Estado y de los grandes proyectos del ‘desarrollo’. El Estado pierde la credibilidad cuando la comunidad ve que le asesinan a sus líderes sociales, a su esperanza”.
La ausencia o presencia del Estado a través del brazo militar en los territorios. Ese fue un tema latente en este segundo diálogo, así como en el primero. Como decía el gobernador de Nariño, Camilo Romero, el Estado, cuando no copa espacios que dejan los grupos armados, comete el error de llegar solo a través de una institución: el Ejército. O también como quedó registrado en el primer encuentro: el CTI de la Fiscalía se puede demorar hasta cinco días para llegar a un territorio como Bojayá, Chocó, y analizar la escena de un crimen. El Estado es ausente, ineficiente en muchos casos.
El evento estuvo moderado por Patricia Tobón Yagarí, comisionada encargada de la línea étnica y Saúl Franco, comisionado experto en salud pública y violencia. “Los asesinatos de los líderes están directamente asociados a las afectaciones a la democracia. Se ataca la participación colectiva”, decía Tobón. “Los líderes sociales no se producen ni se improvisan. Un líder social es un producto escaso en la sociedad; tiene que formarse, crecer”, diría Franco unos minutos después. Arauca, señalaron los dos, es un departamento que ha sido silenciado, que no ha tenido el foco de las instituciones, por eso la Comisión de la Verdad ha intentado fortalecer su carácter regional.
Ahora la siguiente pregunta “¿Por qué los asesinan?”, respondida por los panelistas.
Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca
“Acá tenemos un Estado que no resuelve conflictos y un gobierno que valida el discurso de la guerra. En Arauca prevalecen los intereses económicos sobre la voluntad de muchos trabajadores. Se han dado argumentaciones de que los asesinatos son motivados por una expresión guerrillera y así se ha estigmatizado la protesta social. ¿Y acaso la protesta social no es válida cuando un Estado no defiende la tenencia de la tierra, por ejemplo? Un líder social muchas veces es un indígena que quiere nutrirse de su tierra pero no se lo permiten porque hay otros que quieren la explotación del subsuelo. Aquí el petróleo se incrustó en el año 1983 y desde entonces han aparecido una serie de dificultades”.
Deisson Ramiro Mariño, defensor regional del Pueblo en Arauca
“Desde 2016 se han emitido alertas tempranas sobre los riesgos que existen para los líderes sociales pero no han sido tomadas en serio. La respuesta por parte de las instituciones para proteger a los líderes no ha sido la mejor. En los últimos años 21 líderes sociales han muerto en Arauca. En 2019 debemos lamentar la muerte de 7 líderes sociales en el departamento. ¿Había información sobre los riesgos? Sí. Pero no hubo medidas inmediatas para protegerlos”.
Isabel Saray, integrante del Frente Amplio por la Paz
“Los líderes sociales están siendo extorsionados, secuestrados y finalmente asesinados por defender nuestros derechos. Aquí se necesitan nuevas investigaciones, que el presidente de la república les garantice seguridad a ellos y a nosotros, quienes hacemos parte de las comunidades. Nosotros nos sentimos abandonados por el Estado. Somos llaneros, ganaderos, comerciantes y agricultores que estamos siendo desplazados, amenazados y víctimas de una violencia que persiste”.
Edgar Alfonso Fandiño, procurador regional de Arauca
“Lo que está viviendo Arauca tiene que ver con el centralismo. Históricamente algunos territorios nacionales hemos recibido una mirada peyorativa, nos ven como ‘los otros’. Arauca ha venido creciendo desde la Constitución de 1991, pero la gran falencia es la educación. Arauca no tiene universidad, a los jóvenes les toca irse a Cúcuta o a Pamplona. Después de terminar su ciclo de bachillerato muchos jóvenes tienen como único proyecto de vida viable vincularse a los grupos armados ilegales. Aquí hay muchos problemas de justicia. Hay tres magistrados que tienen que resolver casos de derecho laboral, penal, civil y de tierras. En la evacuación de procesos hasta ahora van en el año 2016. Existe un juzgado laboral con 2.000 procesos sin resolver. Es un juez, un auxiliar y un sustanciador. Son procesos retrasados 10 o 11 años. Hay faltas de oportunidades, de empleo. No existe desarrollo agropecuario. En el himno hablamos de la pampa y no de la sabana. Nos sentimos argentinos, no nos sentimos araucanos. Aquí necesitamos apropiación y defender la pluralidad. Ya no somos una intendencia, somos uno de los 32 departamentos”.
Nelson Quintero, excombatiente de las Farc
“Nosotros, como excombatientes de las Farc, estamos comprometidos a seguir en el proceso de paz, por eso estoy aquí, en este diálogo para la no repetición. Estamos en un momento difícil. No entendemos cómo una guerrilla que estuvo 53 años en armas y que está en un proceso de implementación tenga un sector que se esté rearmando. Y aquí quiero hablar de la reincorporación. La reincorporación hay que hacerlas con nuestras familias, con toda nuestra sociedad. Los excombatientes estamos en una encrucijada muy compleja. Algunos medios de comunicación en Arauca dice que nosotros estamos con el brazo armado de la guerrilla. Esta estigmatización es muy grave. Han matado a 153 excombatientes de las Farc. Estamos preocupados porque a nosotros no nos garantiza la protección escolta, sino las oportunidades para la juventud, la salud para la gente, las oportunidades de empleo”.
Coronel Darío Enrique López, comandante de la Policía de Arauca
“Colombia ha estado influenciada por las economías criminales, la extorsión, el contrabando, la usurpación de tierras, la trata de personas. Son estas economías las que se enquistan en las comunidades y ejercen poder e instauran una cultura de la ilegalidad. Durante décadas de guerra ha quedado demostrado que los mayores impulsadores de estas economías son los grupos armados organizados en todas sus denominaciones. Ejercen control y poder en los territorios y cuando las personas se oponen a ellos las asesinan. Son las economías criminales las causas de que sigan asesinando a los líderes sociales”.
Francisca Aidee Castillo- Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras
“Los líderes sociales somos la voz del pueblo. Como lo dijo el doctor Franco, los líderes sociales no se cosechan como arroz, todos los días. Cuando se debilitan los liderazgos sociales, a los grupos armados les queda más fácil apropiarse de las economías. También nos están matando por la estigmatización. Dicen que por pensar diferentes somos guerrilleros, y no, no somos guerrilleros, nuestra arma es la palabra. Cuando alzamos nuestra voz, los medios de comunicación nos estigmatizan, nos dicen que somos líderes de las Farc o del ELN. Y en nuestro caso, por ser mujeres, es peor: como líderes nos asesinan también por no estar en la casa lavando o criando hijos. Nos desaparecen, nos prenden fuego, la violencia contra nosotras es mucho peor, es más intensa. Miren lo que pasó con la candidata en Suárez, Cauca, no solamente la mataron, tenían que quemarla”.
Carlos Caycedo, consejero presidencial para la Estabilización
“Desde el gobierno queremos reiterar que tenemos un gran respeto y valoración por los líderes sociales. Ellos son una pieza clave del desarrollo económico y social de nuestro país. También son una manifestación esencial de la democracia en nuestro país. Somos conscientes de que es importante proteger y garantizar las condiciones para que ese liderazgo se pueda dar de muchas manares. A los líderes los matan por diferentes razones y en diferentes contextos. Hay dinámicas regionales donde muchas veces los líderes quedan atrapados en las peleas por los controles de las rentas ilegales en los territorios; por el narcotráfico, del contrabando de combustible, de tierras. Los líderes significan un obstáculo para los violentos. Hay temas contradictorios, porque se emiten alertas pero del otro lado dicen, no basta un escolta, y entendemos. Cada día estamos tratando de generar mayores despliegues en la protección. También por eso el Estado debe llegar a los territorios con una intervención y un desarrollo integral. El gobierno está comprometido con los cientos de proyectos productivos de los excombatientes, con los Espacios Territoriales, queremos mantenerlos, darles continuidad y seguir otorgando apoyos económicos. Los PDET también están avanzando”.
Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)
“Para los que defendemos la paz, todo esto se está convirtiendo en un holocausto. La responsabilidad le corresponde al Estado porque debería ser garante de los derechos humanos y no está haciendo ese trabajo. Identificamos que los asesinatos de los líderes tienen que ver, además, con los modelos económicos que se tratan de imponer vs. otros modelos alternativos que promueven muchos líderes sociales, por ejemplo los que se oponen a la economía petrolera, a la de la palma de aceite, a la de las grandes mineras internacionales que quieren desplazar a indígenas y campesinos. Y también está el Ejército. El caso de Dimar Torres, esa ejecución extrajudicial, también nos muestra que hay potenciales alianzas entre grupos criminales y las fuerzas armadas. ¿Y qué pasa con los líderes que le apuestan a la sustitución de la coca? En Catatumbo, el Estado no ha garantizado los proyectos a corto ni a largo plazo. El Estado no ha cumplido su palabra y las fuerzas militares también nos ponen en peligro”.
Epílogo
Existían posiciones divergentes sobre las causas de los asesinatos a los líderes sociales. Y quizás un punto sensible es que mientras para el comandante de la Policía había grupos ilegales “enquistados” en las comunidades, para algunos líderes era difícil hablar de otras opciones pues esos grupos, en muchos lugares, han ocupado el lugar del Estado. ¿Algún acuerdo? Sí. Todos coincidieron en que la presencia estatal debe verse reflejada en educación, salud, agricultura, en general, y aunque no lo dijeron explícitamente, en la implementación del Acuerdo de Paz, pues sus puntos buscan justamente eso: reformas en los territorios.
El periodista Hassan Nassar, también invitado al diálogo, dijo que la polarización solo le convenía a los violentos y que la discusión debería ir más allá de señalar a determinado partido político. Una posición difícil de aterrizar cuando, como señalaba Ascamcat, está comprobado que la Fuerza Pública asesinó a Dimar Torres. Los voceros de esta organización se mostraron preocupados por un posible escenario de “seguridad democrática 2.0”, pues a los líderes que están defendiendo el territorio en su región los están asesinando grupos que surgieron del paramilitarismo. Y estas denuncias las seguirán haciendo: “Le perdimos el miedo a la muerte, a la cárcel, a la estigmatización, nosotros vamos a defender la permanencia en el territorio, vamos a seguir resistiendo”.
¿Quiénes se benefician de los asesinatos de los líderes sociales? Preguntaron los moderadores al final. Las respuestas variaron. Para Ascamcat se benefician los que quieren instaurar mega proyectos en la región y que, por ende, les es útil el desplazamiento de las comunidades. Para el comandante de la Policía, los que se benefician son los grupos ilegales que pueden seguir sosteniendo economías ilícitas. El defensor regional, por otro lado, dijo que se beneficiaban quienes se oponían a la transformación social en el territorio.
Una constante, tanto para el público como para los participantes, es el beneficio que pueden obtener las multinacionales sobre los territorios, pues sin liderazgo social las comunidades pierden capacidad de interlocución en la región. “En la medida en que asesinan a los líderes, el acceso a la institucionalidad se hace muy reducida. A los enclaves económicos no les interesa que un pueblo tenga liderazgos”, dijo Luis Carlos Mejía, de Ascamcat.
Para concluir, el comisionado Saúl Franco resumió algunos puntos que son necesarios tener en cuenta ahora para prevenir los asesinatos de los líderes sociales: “Hay un problema de estigmatización, ausencia de Estado o incumplimientos, problemas con los modelos económicos, con las economías ilegales y el narcotráfico así como la violencia política, que se exacerba ahora en elecciones. Aquí cobra relevancia la responsabilidad de los actores económicos. La idea de este encuentro es que, como ciudadanos, encontremos caminos, salidas”. Este encuentro fue un segundo paso en ese camino.
