OPINIÓN | "No tiene sentido poner fin a la guerra o hablar de un acuerdo de paz si ahora los fusiles se apuntan contra la ciudadanía, contra el que denuncia, contra el que sale a las calles".
Por: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Que las marchas “generan trancones”, que los estudiantes “propician disturbios”, que si es que quieren “todo regalado”. Un sector de la opinión pública preferiría que los movimientos estudiantiles y ahora de trabajadores, obreros y sindicatos gritaran pasito, marcharan por los andenes o por vías secundarias. Que no se notaran. Que se callaran. Tal como lo dejó ver hace unas semanas el presidente del Senado Ernesto Macías, cuando cortó la palabra a una líder estudiantil que se dirigía al Congreso para hablar sobre la quiebra en la que están sumidas las universidades públicas de todo el país; o como el presidente Duque, que prefiere escuchar su propia voz o la de Maluma antes que las propuestas de mejoramiento de calidad de la Educación Superior en Colombia.
Las movilizaciones, en todas sus expresiones, son legítimas, justas y pacíficas. No obstante, los medios de comunicación y despachos oficiales se han encargado de deslegitimar las reclamaciones, asociarlas al vandalismo, los trancones y la violencia; de convertirlas en el problema y no en la solución. Tanto la marcha del 8 como la del 15 de noviembre y la última, este miércoles con el “gran paro nacional”, se desarrollaron de manera pacífica e incluyeron manifestaciones artísticas en los puntos de concentración como performances, danzas con telas, música en vivo y novedosas arengas que se convirtieron en verdaderas invitaciones a la ciudadanía a defender el futuro del país. El mensaje era sencillo e incontrovertible: ¿De qué otra manera progresa un país, sino es a través de la educación, la ciencia y la cultura?
La cosa es que pareciera que estuviéramos afanados por dictaminar qué es y qué no es protestar, dividir los buenos de los malos, lo que es tolerable y lo que no, como si no existieran antecedentes históricos y parámetros legales a nivel internacional que garantizan la protesta como un derecho fundamental que transforma a las sociedades y les permite avanzar. Con la discusión sobre la forma se quiere ocultar el debate sobre las razones de la protesta y promover la falsa idea de que esta no es válida para elevar nuestras voces sino más bien un factor de caos y destrucción.
Al respecto pueden citarse algunos ejemplos: en la movilización del 8 de noviembre un encapuchado lanzó una molotov contra una unidad policial. A pesar de que los estudiantes rechazaron que el autor hiciera parte del movimiento estudiantil, el despliegue informativo sugirió lo contrario. El mismo día, cuando los estudiantes se resguardaron de las agresiones del ESMAD en el almacén Éxito de la Calle 97 con carrera 19, algunos medios registraron que los estudiantes realizaban una “toma” del local y que retenían contra su voluntad a clientes del establecimiento.
Luego, el 15 de noviembre de nuevo salieron los estudiantes a las calles. Era la séptima marcha, como los siete enanitos, sin respuesta a sus reclamos esta vez con el respaldo de otros sectores que se sumaron al descontento social. Y nuevamente, mientras en la marcha por la Autopista Norte de la ciudad de Bogotá se respiraba un ambiente festivo, a la altura de la calle 83, el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- empezó a lanzar gases lacrimógenos por la espalda de los manifestantes mientras un helicóptero de la Policía sobrevolaba la marcha. En Palmira, Valle y varios municipios de Santander el panorama fue similar; estudiantes y dirigentes políticos que les acompañaban denunciaron abuso de la fuerza y uso de armas no convencionales.
Y aunque en la marcha de este miércoles 28 de noviembre, en el marco del “gran paro nacional”, el ambiente en general se caracterizó por la forma pacífica en la que se desarrolló la movilización a comparación con las anteriores protestas que se han venido gestando desde hace aproximadamente dos meses, las denuncias han sido paisaje. En el correo de la campaña libertadasuntodetodxs@gmail.com se recibieron con preocupación pruebas de actuaciones irregulares de la Policía Nacional, entre ellas excesos de la fuerza, capturas indiscriminadas sin fundamento legal, uso de armas irregulares y participación de agentes sin identificación que han ocurrido en las manifestaciones.
Solo en Bogotá, en la marcha del 15 de noviembre, 95 personas fueron detenidas y 15 de ellas intentaron ser judicializadas según lo denunció la Campaña “Libertad Asunto de Todxs”, que acompañó las movilizaciones estudiantiles. El 16 de noviembre ya no había ninguna persona detenida, todas recuperaron su libertad por ausencia de pruebas.
En contraste poco o nada se habla del pliego de peticiones o de por qué los estudiantes siguen resistiendo en las calles después de una negociación fallida. Menos del presupuesto de 15 billones que necesitan las universidades y del contraste con la reducción de impuestos se planea para los grandes capitales y que significa una reducción de 11.8 billones en los impuestos que pagarán para el año 2020.
De repente se dejó de hablar de las detenciones arbitrarias con fines de desaparición forzada que denunció la ciudadanía o los atentados contra manifestantes que han terminado en daños irreversibles, como el de dos estudiantes podrían perder sus ojos por agresiones del ESMAD. Tampoco parece habérsele dado importancia a los infiltrados en las protestas, pillados por el lente de algunos manifestantes. Y, por supuesto, no faltaron las voces de quienes ante todo problema social, solicitan lo mismo: “endurecer las penas”. La típica fórmula del garrote que cala tan profundo en nuestra sociedad pero que no responde al problema de fondo y transmite la idea de que quienes convocan a las manifestaciones son “delincuentes”.
Es así como el cubrimiento más completo de estas y de muchas protestas sociales en Colombia ha terminado estando a cargo de los propios manifestantes, de las organizaciones sociales, de personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos de oposición o solidarios con las causas, de ciudadanos que se resisten a creer todo lo que les dicen y de algunos influenciadores en redes que alcanzan a hacer eco de otras miradas y aproximaciones a la protesta social.
Esos señalamientos desde el poder y la gran prensa, sin embargo, siguen siendo el discurso preponderante, el que circula y se impone, también entre quienes viven las incomodidades del trancón pero también padecen las políticas estatales. Sobre la movilización la consecuencia de estos pronunciamientos es la justificación del abuso policial y la postergación de los derechos que se reclaman. ¿Qué hacer para que se garantice la protesta social?
Un protocolo para que fluya la marcha
La violencia policial contra la protesta no es fenómeno nuevo ni fortuito. Los homicidios de los jóvenes Nicolás Neira el 1 de mayo de 2005, Oscar Salas el 8 de marzo de 2006, Christian Delgado el 29 de agosto en 2013 o las lesiones cometidas contra Pedro Contreras, estudiante de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a quien el 31 de marzo del 2011 le explotó una granada recalzada -por lo cual perdió su ojo derecho- reflejan la necesidad de limitar el uso de la fuerza policial en las manifestaciones.
En julio de este año, a solo unos pocos días de que terminara el gobierno Santos, el Ministerio del Interior expidió el Protocolo para la Protesta Social. El mismo establece la creación de espacios interinstitucionales para el seguimiento a manifestaciones, el reconocimiento a las comisiones de verificación de la sociedad civil y su interlocución con las autoridades y una serie de reglas para limitar la actuación de la fuerza pública y que esta se ajuste al respeto por los Derechos Humanos.
Esta propuesta es complementaria a otras que se han hecho desde diferentes sectores sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las plataformas de Derechos Humanos y paz y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y que incluyen: i) la desmilitarización de la sociedad y de la Policía Nacional; ii) la separación estricta de funciones entre Ejército y Policía Nacional; iii) que la Policía dependa de un ministerio civil y cambie su doctrina militar por una doctrina civilista y de construcción de paz y que iv) se desmonte el ESMAD. En su lugar lo que debería existir es la creación de un cuerpo de Policía que salvaguarde la convivencia, los derechos fundamentales de los ciudadanos y el derecho fundamental a la movilización social y la protesta pacífica.
Así, a través de estas propuestas, se apunta a que se generen garantías plenas y reales para el desarrollo del derecho a la protesta y la movilización social como parte del derecho constitucional a la libre expresión, reunión y oposición.
Nosotros, los ciudadanos de a pie, queremos que se privilegie el diálogo sobre la violencia, pues no tiene sentido poner fin a la guerra o hablar de un Acuerdo de Paz si ahora los fusiles se apuntan contra la ciudadanía, contra el que denuncia, contra el que reclama, contra el que participa. Se requiere que la movilización social sea un escenario de respeto a los Derechos Humanos, para lo cual no hay mejor estrategia que construir, de una vez por todas, una Fuerza Pública para la Paz.
