Esa organización anunció su interés de dialogar con el Gobierno. Varios intentos similares fracasaron en el pasado.
Firma una dirección colegiada de la que poco o nada se había escuchado en Medellín. El comunicado fue enviado a la revista Semana y quienes dicen representar a la Oficina de Envigado, la estructura mafiosa que tiene bajo su mando buena parte de la criminalidad del Valle de Aburrá, aseguran que están listos para “entrar en una etapa de exploración y acercamiento con el Gobierno Nacional, Regional y Local, en la búsqueda de un real Acuerdo de Paz (sic)”.
La carta tiene fecha del 9 de marzo y en ella se habla de que el acuerdo debería involucrar a la sociedad civil, que los líderes barriales serían los garantes de su “compromiso y seriedad”, y que consideran que “es el momento histórico del país” para concertar un escenario jurídico que permita a sus integrantes resolver su situación. Agregan que está claro “que se debe legislar para tal fin” y dicen no estar “pidiendo impunidad, sino algo que sea razonable para las partes”.
Son apenas seis párrafos, pero en todos ellos hay claves: hablan de su presencia política, social y militar en los barrios, de tener voceros dispuestos a participar en la construcción de una agenda de paz que lleve a la dejación de armas y a la reintegración a la vida civil e incluso dicen que se debe avanzar en el respeto de los derechos humanos y en el desarrollo de programas enfocados en la seguridad humana.
“Presencia política, social y militar”
No es la primera vez que integrantes de la Oficina de Envigado se refieren a la posibilidad de establecer canales de diálogo con el Gobierno. Tal vez el caso más reciente fue el de principios de 2014 cuando, casi seis meses después de que se inició un cese al fuego entre esa organización y Los Urabeños, ambas estructuras expresaron su intención de negociar.
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Pero los antecedentes vienen de más atrás. Juan Diego Restrepo, periodista y autor del libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, dice que un primer hito que demuestra el interés de esa organización en dialogar data de 2010, cuando, luego de varios meses de acercamientos con intermediarios de la sociedad civil, formuló una propuesta que fue acompañada con un acuerdo de no agresión entre facciones enfrentadas.
A eso se suman otras iniciativas individuales, que si bien no pretenden representar a la Oficina en su conjunto, han llegado mucho más allá de plantear la posibilidad de llegar a acuerdos con las autoridades. Una de ellas, según reveló el mismo Restrepo a principios de marzo en su columna de Semana.com, fue la de tres miembros de esa estructura que, desde diferentes cárceles, se acercaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía en Medellín y ofrecieron información e incluso hablaron de servir como intermediarios para resolver algunos asuntos conflictivos que estarían afectando la seguridad en el Valle de Aburrá.
Todo lo harían a cambio de beneficios jurídicos que se encuentran contemplados hoy en el código penal y para cuya aplicación está facultada la Fiscalía. Como garantía y antes de un acuerdo formal, “Barny”, “Pichi” y “Peluco” entregaron parte de la información con que contaban y habrían gestionado un acuerdo de no agresión entre combos de la comuna 13. Sin embargo, y a pesar de que la administración municipal estaba enterada del avance de esos procesos, de acuerdo con Restrepo, el proceso se truncó a raíz de que Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalías de Medellín, ordenó el traslado de la fiscal que estaba al frente de las conversaciones, la única funcionaria que generaba confianza para el diálogo.
Hay una línea que conecta directamente la voluntad de esos tres hombres con el comunicado que publicó hace pocos días de la “dirección colegiada” de la Oficina. En uno de sus párrafos la cúpula de esa organización dice que “no avala negociaciones y/o acuerdos aislados de sometimiento a la justicia que pretendan hacer ex miembros” de esa estructura. No hay una referencia directa a ese caso, pero el momento en que se envía el mensaje y lo concreto de la aclaración parece tener unos destinatarios específicos.
En todo caso, los antecedentes evidencian que la alternativa de la negociación no apareció de forma espontánea ni es un asunto reciente en la agenda de la Oficina. Sin embargo, eso no significa que la presencia de sus bandas en los barrios de Medellín y el Valle de Aburrá esté asociada con fines políticos, como lo expresan en su comunicado.
Así lo plantea Jaime Jaramillo Panesso, exintegrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, quien encabezó el grupo de los llamados “notables” que en 2010 logró una tregua entre las bandas de la Oficina y que estaban al servicio de “Valenciano” y “Sebastián”. A su juicio, lo que está en cuestión no es la naturaleza política de esas estructuras, que de plano está descartada y en ese sentido un proceso de negociación diferiría en muchos aspectos de los que pueden adelantarse con las guerrillas.
Y es que sus alcances “políticos” se han limitado al interés de algunos de sus integrantes por torcer procesos electorales con el propósito de favorecer sus posiciones y preservar rentas, principalmente producto del narcotráfico y la extorsión, pero también de actividades legales que soportan con su estructura mafiosa.
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“Yo creo que estos grupos se quieren aprovechar positivamente del ambiente que hay para procesos de paz como el de las Farc –dice Jaramillo Panesso–, con la diferencia de que en el caso de ellos se debe hablar de sometimiento. Pero eso es posible si hay buena voluntad del Gobierno o utilizando intermediarios civiles. El tema de fondo es que nunca sabemos quiénes son los que dependen de determinada estructura y quiénes no. No tienen una unidad de mando y eso entorpece cualquier tipo de acercamiento o negociación”.
Según dice, la legislación actual permitiría que por medio de mecanismos como el principio de oportunidad y la sentencia anticipada se ofrezcan beneficios individuales a quienes decidan colaborar con la justicia. Sin embargo, el fantasma de las deudas de algunos de los hombres de esa organización con la justicia de Estados Unidos y en particular el riesgo de la extradición podría ser una barrera para que se negocie a partir del ordenamiento jurídico que se aplica hoy en Colombia.
Paralelamente y ante las dificultades que podrían enfrentar procesos de negociación con las bandas del crimen organizado, una reforma al Código Penal, presentada en abril de 2015 al Congreso por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, contempla recursos para el sometimiento colectivo que lleve al desmonte total o parcial de esas estructuras.
El proyecto, que está en trámite, crea figuras como la del fiscal negociador que estaría facultado para ofrecer beneficios jurídicos a esas organizaciones, habla de la aceptación colectiva de delitos e incluso de la concentración de sus integrantes para su identificación, entrega de elementos ilícitos e iniciar los procesos de judicialización.
El papel de las autoridades locales
Según Jaime Jaramillo Panesso, la mayor dificultad para el éxito del proceso liderado por los “notables” en 2010 tuvo origen en las mismas autoridades: “Por una parte la desconfianza que ellos (los miembros de la Oficina) tenían en el Estado y entre ellos mismos. Esas son desconfianzas que no se pueden tramitar a corto plazo. Además, no sabemos si fuerzas de seguridad del Estado no estaban de acuerdo con los acercamientos, pero lo que está claro es que la Alcaldía y el Alto Comisionado para la Paz de ese entonces estallaron el proceso que ya estaba avanzado. Los políticos se mueven al son de las elecciones, querían aparecer descontaminados y, tratando de liberarse de cualquier sospecha, sabotearon la tarea y desautorizaron el proceso”.
Hoy, como ha pasado cuando se le ha planteado el tema a las administraciones anteriores, la Alcaldía de Medellín asegura que no tiene competencia sobre la materia y que es un tema sobre el que solo puede decidir el Gobierno Nacional.
“Nosotros hemos tenido unas experiencias que se han venido desarrollando en Medellín como la desmovilización de los grupos paramilitares y, en el caso de que el Gobierno decidiera acoger esa propuesta (la de la Oficina), eso es lo que nosotros podemos aportar. Lo otro es una decisión del Ejecutivo y de la Fiscalía en cuanto a la manera como ellos crean que es más conveniente desarrollar esos procesos. Por ahora tenemos la responsabilidad con la ciudad de apoyar los organismos de seguridad para devolverle la tranquilidad necesaria”, dice Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.
A propósito de la experiencia que señala Villegas sobre procesos tan cuestionados como el de la desmovilización de los bloques paramilitares Héroes de Granda y Cacique Nutibara, la propuesta de Jaramillo Panesso frente a procesos de ese tipo es que no se consideren agotados con la dejación de armas: “Hay que tener en cuenta que no es solamente entregar armas e irse para la casa, sino que debe haber estrategias de capacitación y acompañamiento. Se debería hablar hasta de la creación de una secretaría de gobierno y de seguridad de carácter metropolitano que pueda tramitar todo lo que eso representaría para el Valle de Aburrá”.
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Por ahora queda esperar, más allá del comunicado, cómo avanzan las gestiones y qué respuesta tienen el Gobierno, la Fiscalía e incluso otras estructuras criminales que, como Los Urabeños, han insistido en su carácter político con la idea de allanar el camino de la negociación.
Una posibilidad que parece tomar mayor vigencia si se tiene en cuenta, por una parte, que esas estructuras pueden superar en número al ELN y que ese es solo un factor para comprender las dimensiones del fenómeno. Por otra, que en el proceso de negociación de La Habana hay consenso sobre la necesidad de tramitar el problema del paramilitarismo como un paso indispensable hacia el éxito de la implementación de los acuerdos a los que se llegue con las guerrillas.
