Para cambiar el punto de participación política del Acuerdo de Paz, el Congreso tendría que cambiar el Acto Legislativo que le dio vida política a las Farc. Luego el tema pasaría a la Corte Constitucional.
Solo faltan nueve días para que se posesionen los congresistas electos para el periodo 2018-2022. Esta posesión no pasará desapercibida: Gustavo Petro llegará al senado a liderar la oposición con otras figuras que tienen reconocimiento nacional, como Antanas Mockus, quien superó el millón de votos en las elecciones legislativas. Además, la instalación del nuevo congreso tendrá un matiz histórico: 10 excombatientes y líderes de la guerrilla de las Farc se posesionarán como congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
El uribismo ha intentado a toda costa impedir que líderes del antiguo secretariado de las Farc, como Iván Márquez, Pablo Catatumbo o el mismo Jesús Santrich lleguen al congreso. De hecho, el presidente electo, Iván Duque dijo desde España que la JEP deberá limitar la participación política del partido Farc, haciendo énfasis en que los integrantes que cometieron delitos de lesa humanidad (como el secuestro o las masacres) no deberían posesionarse en Senado y Cámara. “Hay sentimientos de frustración cuando se ve a los victimarios llegar al Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber reparado y cumplido las penas. Debe ser incompatible una sanción por crímenes de lesa humanidad con la participación política”.
Duque le pidió a la JEP que revisara este punto para evitar, de alguna manera, que los máximos líderes de la antigua guerrilla se posesionen. Cambiar este punto significaría cambiar un punto esencial del Acuerdo de Paz: la participación política. El gobierno aceptó que las Farc contaran con 10 curules en el congreso hasta 2026, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. También hace parte de este acuerdo la financiación del partido Farc y las circunscripciones especiales de paz, las cuales no han podido ver la luz por una falta de aprobación en el congreso.
¿Es posible frenar la posesión de los congresistas de Farc?
Hasta el momento, el único factor que puede entorpecer la posesión de los congresistas de las Farc es la decisión de Iván Márquez de no posesionarse hasta que la justicia resuelva el caso de Jesús Santrich, solicitado en extradición por haber cometido delitos de narcotráfico, según la versión de la DEA y la Fiscalía. ¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador (…) que me digan que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto”, dijo Márquez en días pasados.
Hablamos con fuentes de Farc y nos contaron que por el momento no hay una posición unánime al respecto, por lo cual es probable que otros congresistas de Farc, como Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez, se posesionen. El anuncio de Duque, por ahora, es solamente un presagio de que intentará cumplir con lo que dijo en campaña y buscará, a través de diferentes reformas, que los máximos representantes de Farc no permanezcan mucho tiempo en el legislativo.
Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, nos dijo que de momento no es imposible impedir que los congresistas de Farc se posesionen el 20 de julio. “Para que sea posible necesitamos modificar el Acto Legislativo N°1 en el Congreso. Por ahora solo se podría frenar la posesión de Jesús Santrich, vinculado con narcotráfico después de los Acuerdos. Modificar el Acto Legislativo será una prioridad en el nuevo congreso y así se podría garantizar que los miembros del secretariado de las Farc respondan por los crímenes de lesa humanidad antes de participar en política”.
Hasta el momento, el Centro Democrático ha propuesto quitarle las curules a los integrantes de Farc y entregárselos a las víctimas, como dijo Duque varias veces en campaña. No obstante, para materializar esta idea necesita una aprobación del congreso. Una decisión difícil si se tiene en cuenta que el Acto Legislativo N°1 es la base jurídica del Acuerdo de Paz y al modificarlo la implementación de los acuerdos, en materia de participación política y justicia, quedarían en el aire. Tampoco será fácil que modifiquen este Acto Legislativo, pues la Corte Constitucional lo avaló en noviembre de 2017 y dejó en firme la participación de exintegrantes de las Farc en política, siempre y cuando se sometan a la JEP.
Con estas condiciones, las curules de las Farc están a salvo. En diciembre de 2017, los líderes de las Farc aceptaron someterse a la JEP. Los primeros que asistieron a la jurisdicción para suscribir un compromiso con las víctimas fueron Pablo Catatumbo y Victoria Sandino, quienes ocuparán dos curules en el Senado. Como está acordado y aprobado por la Corte, los integrantes de la Farc que se sometan a la JEP tienen un derecho automático a participar en política y ninguna sanción de la JEP los inhabilitará.
Aunque a la Farc le preocupan las modificaciones que Duque quiere hacerle a la justicia transicional, están dispuestos a posesionarse y a contar la verdad en la JEP. Así nos los explicó Olmedo Ruiz, representante a la Cámara por el partido Farc: “El presidente electo Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, han salido a desdibujar y destruir las garantías de participación política consagradas en el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz. Vemos con preocupación la forma en que el gobierno entrante quiere desconocer lo acordado, pasando incluso por encima de recomendaciones por parte de la comunidad internacional y la ONU. Las personas que fuimos designadas para asumir la tarea de representación política en el Congreso de la República estamos dispuestas a dar la cara al país en todo lo que requiera sobre la reconciliación y no repretición del conflicto. Cumpliremos lo consignado en el Acuerdo y tenemos la firme convicción de posesionarnos el 20 de Julio”.
Para Diego Martínez, asesor jurídico de Farc, el Centro Democrático no la tendrá tan fácil. Si bien es cierto que ese partido tendrá la mayoría de congresistas en la próxima legislatura –19 curules en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes– aprobar una Ley Estatutaria para modificar el Acto Legislativo no sería suficiente. “Además de modificar el Acto Legislativo tienen que tener en cuenta que la Corte Constitucional blindó los acuerdos por tres periodos, por lo cual esa reforma tendría que entrar a revisarla la Corte. Por ahora no tiene ningún sentido que Duque le pida a la JEP que revise ese punto de la participación política, ellos no pueden cumplir con la Constitución solo cuando les conviene”.
Por otro lado, Bernardita Pérez, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Antioquia, considera que el mensaje de Duque “deja entrever cómo será su gobierno: el Ejecutivo tratando de incidir en las decisiones de la rama judicial, algo que no debe pasar en un Estado de Derecho”.
