Quedó sin efecto una orden del Tribunal de Medellín, según la cual el Presidente debía asumir la responsabilidad por la expansión del paramilitarismo.
En diciembre de 2014, El Espectador dio a conocer una decisión que pasó de agache por cuenta de las festividades decembrinas: la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le había ordenado al presidente Juan Manuel Santos reconocer públicamente la responsabilidad del Estado por los crímenes que cometieron los paramilitares, en un fallo contra Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”.
Nada se dijo entonces desde la Casa de Nariño. Sin embargo, la Procuraduría y la Fiscalía se opusieron a la sentencia y acudieron a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los tribunales de Justicia y Paz no podían juzgar al Estado, sino exclusivamente a los paramilitares y a los guerrilleros que se postularan a esa ley.
Recientemente, la Corte les dio la razón y tumbó la decisión de los magistrados de Medellín, a la que habían llegado tras concluir que el Estado permitió el surgimiento y la expansión del paramilitarismo.
Contrario a ello, la Corte determinó que “si bien es cierto que pueden encontrarse elementos indicativos de la responsabilidad del Estado en los horrores del fenómeno paramilitar, ello no es suficiente para impartir condena en su contra”.
Pero el Presidente no fue el único que ‘se salvó’ con el fallo de la Corte. El alto tribunal también dejó sin efecto varias órdenes que la Sala de Justicia y Paz le había impartido al fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez. Entre ellas, que el Fiscal debía comprometerse públicamente a investigar “hasta el final” a civiles y altos oficiales de las Fuerzas Militares señalados de financiar y colaborar con paramilitares, que la Procuraduría debía vigilar que se estuvieran realizando esas investigaciones, y que Ordóñez debía rendirle cuentas a los habitantes del Urabá antioqueño y cordobés sobre el estado de las investigaciones del Ministerio Público.
El alto tribunal también dejó sin efecto varias órdenes que la Sala de Justicia y Paz le había impartido al Fiscal y al Procurador.
Todas esas decisiones se fueron al traste porque la Corte determinó que la Sala no podía darle órdenes a esos funcionarios y que debía respetar la división de poderes. Asimismo, reversó otra de las declaraciones de la sentencia contra “Monoleche”: que los asesinatos cometidos contra los militantes de la Unión Patriótica eran “delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, lo que obligaba a la Fiscalía a investigar esos hechos hasta dar con los responsables.
Sin embargo, otras órdenes del Tribunal sí quedaron en firme. Esta semana, el magistrado Rubén Darío Pinilla envió 12 oficios a distintas entidades con el fin de hacerle seguimiento a las investigaciones contra varias personalidades públicas y garantizar la reparación de las víctimas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), de las que hacía parte “Monoleche”.
Estas son algunas de las decisiones más relevantes:
Sobre las investigaciones contra el expresidente Uribe
En un oficio fechado el 1 de marzo, el magistrado Rubén Darío Pinilla le ordenó al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya, presentar informes públicos cada cuatro meses sobre el avance de las investigaciones contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares.
Asimismo, le exigió entregar reportes periódicos sobre las indagaciones contra la exfiscal Vivian Morales, a quien la Sala había pedido investigar por los supuestos “retardos” y “omisiones” de la Fiscalía en el proceso contra los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, señalados de haber permitido la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la Operación Orión.
Sobre otros investigados, como el exvicepresidente Francisco Santos
Pinilla también le ordenó a la Fiscalía presentar informes sobre el estado de las investigaciones contra varios exfuncionarios. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente Francisco Santos, a quien el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso acusó de participar en la creación del bloque Capital de las AUC; el general Iván Ramírez, señalado de, supuestamente, haber promovido grupos paramilitares, y el exgobernador de Córdoba Carlos Buelvas, por las mismas razones que Ramírez.
Igualmente, el magistrado pidió cuentas sobre los procesos contra un juez, varios funcionarios de la Fiscalía, exparamilitares, y miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía.
Sobre los desaparecidos
Durante los próximos seis meses, y por orden de Pinilla, la Fiscalía y Medicina Legal deberán intervenir las fincas La 35, Jaraguay y Las Tangas, reconocidos fortines en Urabá de los excomandantes paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño. En esas tierras, ambas entidades deberán continuar buscando los cientos de cuerpos que, se presume, enterraron allí los paramilitares.
Sobre las víctimas de Urabá
El magistrado Pinilla les ordenó a la Unidad de Víctimas, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de San Pedro de Urabá realizar una ceremonia en homenaje a las víctimas, en la que “Monoleche” deberá reconocer su responsabilidad y pedir perdón. Además, les dijo a esas entidades, a la Gobernación de Córdoba y a las alcaldías de Valencia y Tierralta, que debían realizar un proceso de reconstrucción de memoria, en coordinación con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
