Las diferencias entre Rubén Darío Pinilla y la Corte Suprema de Justicia se volvieron irreconciliables.
Luego de cinco años en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, en la que tomó decisiones que levantaron ampolla en el mundo político, el magistrado Rubén Darío Pinilla acaba de renunciar a su cargo.
Pinilla es el juez que en 2015 ordenó investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe por nexos con grupos paramilitares y que en febrero pasado pidió investigar a Santiago Uribe, el hermano del senador Uribe, por vínculos con esas organizaciones y por graves violaciones a los derechos humanos. Más aún, en diciembre de 2014 el magistrado le ordenó al presidente Juan Manuel Santos pedir perdón por los crímenes de los ‘paras’, decisión que finalmente fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.
En una carta dirigida al presidente de la Corte, Rigoberto Echeverri, Pinilla anunció su renuncia irrevocable por considerar que varias decisiones de ese alto tribunal “han ido desvaneciendo” las “razones y la misión” que lo llevaron a integrarse al sistema de Justicia y Paz. Según él, las determinaciones de la Corte están cada vez “más alejadas de (sus) convicciones y (su) visión”, por lo que apartarse del cargo “es una cuestión de coherencia e integridad”.
En el mundo judicial, para nadie es un secreto que la relación entre Pinilla y la Corte Suprema era cada vez más distante. En repetidas ocasiones, el alto tribunal tumbó apartados completos de las sentencias que elaboró el magistrado, emitidas luego de largos procesos judiciales.
La Corte, por ejemplo, eliminó apartes de los fallos sobre los bloques Calima y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en los que Pinilla concluyó que hubo una política estatal de promoción del paramilitarismo. En sentencia de segunda instancia en el caso del Cacique Nutibara, el alto tribunal expresó que “la Corte no ignora la relación que existió entre integrantes de la fuerza pública con diversas estructuras delincuenciales, pero no encuentra que se haya debatido en este proceso la existencia de la mencionada política estatal y, mucho menos, que se haya demostrado su configuración a partir de las pruebas”.
Al anular esos análisis, la Corte también cortó de tajo algunas de las órdenes más controversiales del magistrado. Entre ellas, el perdón de Santos, y la condena al Estado y a la Alcaldía de Medellín por crímenes cometidos por el bloque Cacique Nutibara, que incluía perdones colectivos a las víctimas por parte de autoridades civiles y militares.
Pinilla también estuvo en desacuerdo con la decisión de la Corte de prohibir que los magistrados de Justicia y Paz les dieran órdenes a otras entidades del Estado, práctica que venían utilizando con el argumento de hacer pública la verdad sobre la guerra, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos victimizantes. Para la Corte, ese tipo de órdenes era una “extralimitación” de funciones.
Les dejamos la entrevista que, en marzo pasado, le hicimos al magistrado a propósito de la aprobación en el Congreso del acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz que el gobierno y las Farc pactaron en La Habana:
¿Qué ha ganado y qué ha perdido el país con el proceso de Justicia y Paz?
Las ganancias son dos. La primera, que el proceso permitió revelar buena parte de la verdad sobre el fenómeno del paramilitarismo. La segunda, que pudimos darle protagonismo a las víctimas. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió con la comuna 13 de Medellín, a la que buena parte de la ciudad veía como una comuna de guerrilleros y paramilitares. Hoy, en cambio, la gente la ve como una víctima colectiva de la violencia. Y eso hace parte de este proceso de reconocimiento.
Ahora, creo que Justicia y Paz queda con tres deudas. La primera es que no pudo juzgar a las autoridades, los miembros de la Fuerza Pública y los empresarios que estuvieron alrededor de los grupos paramilitares. Y no porque no quisiera, sino porque fue diseñada para juzgar solamente a quienes tenían las armas. Un segundo elemento es que, aunque pusimos en el centro a las víctimas, la reparación se ha ido reduciendo exclusivamente a las indemnizaciones. El tercer tema tiene que ver con los desaparecidos: se avanzó en revelar el fenómeno y se hizo un esfuerzo grande por entregar los cuerpos, pero queda mucho por hacer. Como ve, es un balance agridulce.
A propósito de los terceros que participaron en el conflicto, ¿qué ha pasado con las solicitudes de investigación contra políticos y militares por nexos con paramilitares?
Mire, yo siempre he creído que la prudencia no significa ocultar la verdad. Y la verdad es que la mayoría de esos procesos están en investigación previa, archivados provisionalmente o en instrucción. Es decir, no se ha avanzado en la investigación, juicio y sanción de los responsables.
Nosotros hemos insistido, permanentemente, en que nos informen sobre esas investigaciones, pero los informes que nos entrega la Fiscalía son lastimosos, deplorables. Los resultados se han dado más que todo en los implicados de bajo rango, como alcaldes y concejales. En los mayores responsables hay todavía muchas deficiencias.
¿A qué se debe la falta de resultados?
Hay fenómenos de incapacidad institucional, pero también de voluntad política. El país está frente a un problema de decisión: o concentra los recursos técnicos en las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, o en el juzgamiento de los delitos menores. Nosotros hemos dicho que la Fiscalía debería hacer lo primero, pero lo que hemos encontrado es que no se han destinado funcionarios ni recursos técnicos para realizar esa tarea.
¿Cree que en la JEP, por fin, vamos a conocer los detalles sobre la participación de civiles en el conflicto?
Tal y como yo lo veo, la JEP está bien diseñada para que esos responsables sean judicializados. Pero hay que tener en cuenta que la dimensión de esas responsabilidades puede desbordar la capacidad de la JEP, que tiene que juzgar a la Fuerza Pública, a los funcionarios, a los particulares y a los guerrilleros. Además, la JEP tiene otro desafío: va a tener que concentrarse en hechos ocurridos desde los 60, cuando nacieron las Farc. Entonces, es un horizonte muy grande en tiempo, en personas y en delitos.
Descubrí que hubo unos vínculos muy estrechos entre esos grupo armados y las autoridades públicas
Si uno de los mayores aportes de Justicia y Paz fue el descubrimiento de los nexos entre ‘paras’ y funcionarios públicos, ¿cuál podría ser el gran aporte de la JEP sobre el modo de operar de las Farc?
Es muy difícil aventurarse, pero sí le confieso algo. Cuando yo pasé de la Sala Penal del Tribunal de Medellín a la Sala de Justicia y Paz, tenía una visión muy distinta del paramilitarismo. Antes pensaba que ese fenómeno era disfuncional al Estado, al régimen político. Sin embargo, cuando llegué a la Sala de Justicia y Paz, descubrí que hubo unos vínculos muy estrechos entre esos grupo armados y las autoridades públicas; es decir, el Estado. Esto lo hemos declarado en varias sentencias, con fundamento en un análisis de la evidencia.
Entonces, para volver a su pregunta, no podría augurar qué nos va a deparar la JEP, pero estoy seguro de que el país va a descubrir un fenómeno de violencia de medio siglo, con todos sus actores.
Pero esa conclusión de que el paramilitarismo es funcional al Estado todavía está en discusión. En las sentencias de la Sala, al igual que en las del Tribunal de Bogotá, son evidentes los choques entre magistrados por ese tema. Si las pruebas son contundentes, ¿por qué no hay consenso?
Mire, en un conflicto donde hay bandos y visiones enfrentadas, también se generan verdades enfrentadas. Hay una disputa por la verdad, porque todos hemos vivido en medio del conflicto y tenemos una visión sobre él, incluyendo los jueces. De hecho, la historia siempre se ha construido con la mirada de los vencedores. El relato de los vencidos es un relato de resistencia, que trata de surgir. Afortunadamente, en la JEP no habrá vencedores, ni vencidos, y por eso habrá la oportunidad de encontrar un relato central.
¿Y sí será posible hablar de verdades cuando los procesados (Farc y agentes estatales) tienen intereses políticos y electorales?
La función del juez es revelar la verdad a la sociedad, con todas las consecuencias y las implicaciones.
Ustedes también han señalado la presunta responsabilidad de agentes estatales en graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los retos que enfrentará la JEP a la hora de procesar a militares y policías que cometieron crímenes graves?
El principal desafío es el juzgamiento de los máximos responsables y el de los superiores por las conductas de los subalternos. Sin embargo, creo que ahí hay una oportunidad para todos ellos de sincerarse, de resolver su situación jurídica y de ayudar a construir un país donde las instituciones obren conforme a la ley, y donde el código de honor sea el respeto a los derechos humanos. Entonces, en la JEP hay una oportunidad para construir un país legítimo sobre la base de reconocer lo que no se hizo bien.
Además de verdad, la justicia transicional debería poder garantizar la no repetición. Recientemente, en regiones como Chocó y el Urabá antioqueño se ha denunciado la presencia de estructuras armadas que muchos no dudan en calificar como paramilitares. Todo parece indicar, entonces, que Justicia y Paz no pudo cerrar el ciclo de la violencia de los ‘paras’. ¿Cómo podría la JEP contribuir a la no repetición?
La garantía de no repetición tiene como fundamento el descubrimiento de la verdad sobre las estructuras y las condiciones que permitieron la ocurrencia de los hechos violentos, con el objetivo de desmontarlas. En ese sentido, el desafío de la JEP es contribuir de manera más o menos eficaz a modificar esas estructuras y esas costumbres.
Nosotros hicimos el esfuerzo, pero no pudimos lograrlo porque terminamos teniendo facultades muy limitadas, pareciéndonos cada vez más a la justicia ordinaria. De todos modos, tengo que dejar claro que con la información disponible no podemos decir que las estructuras de ahora son las mismas que las de antes, aunque compartan algunos métodos de financiación y se enfoquen en víctimas de perfiles similares.
Ahora que el país tiene un nuevo sistema de justicia para guerrilleros, militares y civiles, ¿cuándo podrá dar por cerrado el proceso de juzgamiento de los paramilitares?
Tenemos todavía dificultades en varios temas, como en la construcción de los patrones de macrocriminalidad que hace la Fiscalía. Además, de los máximos responsables todavía nos falta por condenar, por ejemplo, a Diego Fernando Murillo (alias “Don Berna”) y a Raúl Emilio Hasbún (alias” Pedro Bonito”). Pero, obviamente, esto no puede ser indefinido. Tendremos que llegar a un momento de cierre, en el que se decida cómo se van a resolver los procesos que quedan, a partir de una evaluación juiciosa. Es una decisión política que, a mi modo de ver, está en manos del Congreso.
