Los más jóvenes son los que pelean en los campos de batalla. Así vinculan los actores del conflicto a sus combatientes.
Aunque las negociaciones de paz se hagan generalmente entre cincuentones, son millones de jóvenes los que se matan en las guerras del mundo entero. Aquellos que han sido vinculados como combatientes merecen un capítulo aparte a la hora de contar la paz y la guerra. Especialmente en Colombia, donde, en 50 años de conflicto armado, los actores legales e ilegales han engrosado sus filas con población joven, normalmente de estratos bajos o de zonas rurales, que muchas veces no tienen otra opción que coger un arma y entrar a pelear guerras que no comandan.
Las más señaladas en este sentido son las guerrillas y las bandas criminales, porque, además de jóvenes, han reclutado forzosa y sistemáticamente niños, niñas y adolescentes menores de edad. La Fuerza Pública, aunque no recluta menores de 18 años, ha sido objeto de cuestionamientos por irregularidades en el proceso de vinculación. Incluso se ha puesto en duda la esencia misma de esa práctica: ¿por qué un joven es obligado a pertenecer a un grupo armado, así sea legal? La pregunta crece todavía más cuando se revisan las cifras de la Dirección de Reclutamiento: casi 500 mil jóvenes prestaron servicio entre 2008 y 2012, y el 90% de ellos tenían entre 18 y 21 años. Quizás son muchos y quizás son muy jóvenes.
Instrucciones para reclutar corderos
Hay una conocida analogía que llama la atención sobre la conformación de los ejércitos: largas filas de corderos peleando al servicio de leones que se escudan en la retaguardia. El conflicto armado colombiano no escapa de encajar en esa figura. Según un informe sobre reclutamiento de la Universidad Sergio Arboleda, es posible que más de 18 mil niños hagan parte de actores armados ilegales, que serían casi la mitad del total de integrantes de esos grupos.
Las cifras son en gran medida producto de especulación o, en el mejor de los casos, de información proporcionada por desmovilizados. Se calcula, por ejemplo, que el 40% de desmovilizados de las Farc eran menores de edad cuando entraron al grupo. Sin embargo, la ley solo los considera víctimas de reclutamiento forzoso si abandonan las filas antes de cumplir la mayoría de edad.
¿Cuáles son las causas que llevan a tantos niños a integrar grupos armados ilegales? Es indispensable recordar que la vinculación de un menor en ningún caso es realmente voluntaria, en tanto no tienen las suficientes herramientas para tomar una decisión tan compleja, según ha explicado la Corte Constitucional.
Otra de las causas es su precaria formación emocional, que hace que sea mucho más fácil implantarles ideologías y desmontar los asomos de solidaridad por las víctimas. Y así mismo es sencillo dejar de pagarles o darles recompensas pequeñas. El 86% de los menores desvinculados de las autodefensas dijeron que no les pagaban o les pagaban menos que a los adultos.
Una última razón es que son útiles para evadir controles de seguridad y transportar información y bienes. Además, los líderes de los grupos armados sienten que, entre más pequeños, son menos sospechosos de ser infiltrados. Teóricamente, la Fuerza Pública no puede utilizar menores de edad para infiltrarlos en grupos armados, pero la Defensoría del Pueblo ha denunciado casos que muestran lo contrario. Algunos de ellos están registrados en el auto 281 de 2008.
Históricamente, las Farc han sido el grupo que más ha reclutado menores de edad. Aunque han dicho varias veces que en sus filas solo hay trece menores de 15 años, dejan a la imaginación cuántos puede haber entre esa edad y los 18. La Contraloría y el Ministerio de Defensa han coincidido en que pueden ser más de dos mil. Pero para entender cómo funciona el reclutamiento en la actualidad hay que mirar también hacia las bandas criminales, que hoy son el actor armado que más niños mete a la guerra.
Según relatos de niños víctimas de las bacrim, al momento de vincularse no veían a estas bandas como peligrosas estructuras criminales sino como parte de su cotidianidad. Siete de cada diez niños dicen haber tenido algún tipo de participación con los grupos antes de ser combatientes, y ocho de cada diez llegaron a unirse porque familiares o personas reconocidas en la zona los llevaban a la boca del lobo.
La vinculación con las estructuras criminales es gradual. Los niños no entran siendo combatientes, sino que son parte de un proceso bien calculado, en el que primero los ponen a llevar razones o a hacer mandados, luego los ponen a transportar armas o explosivos y más adelante los empiezan a dejar manipular esos artefactos. De hecho, muchas veces los niños son los encargados de fabricar explosivos artesanales, y según algunos testimonios la razón es que, por el peligro de esa labor, prefieren cuidar la vida de los combatientes adultos.
Paralelo al entrenamiento técnico y el aprendizaje de pequeñas labores, se va dando una fase de endurecimiento de la personalidad, donde, en lo que se ha identificado como una conducta sistemática, se deshumaniza poco a poco al niño. El testimonio de un desmovilizado, citado por un informe del Centro de Memoria Histórica, muestra parte de ese proceso:
“En el entrenamiento, la primera arma que te daban era la parte del cuerpo de un muerto, para que te acostumbres al olor de la muerte y no les tengas miedos. Lo primero que me dio el patrón fue una cabeza y me decía ‘la tienes que guardar en el equipo, y cada vez que haiga formación me la tienes que entregar’. A uno le tocaba un brazo, al otro una pierna, al otro le tocaba la cabeza (sic)”.
Después de pasar los ritos de iniciación, el 92% de los niños participa en labores de inteligencia o vigilancia, el 87% entra a combatir directamente y al menos el 50% se ven obligados a manejar cadáveres. Si se equivocan, si desobedecen, si pierden el arma, si se duermen de guardia, pueden ser fuertemente castigados, y muchas veces el castigo lo practica otro joven. Aunque, según cifras del ICBF, en los últimos 15 años se han desvinculado más de cinco mil niños, desertar es un riesgo que puede costar la vida.
Casi todos los niños que se desmovilizaron voluntariamente lo hicieron sabiendo que si los cogían los podían matar por “alta traición”. Pero ocho de cada diez no comprenden que son víctimas, y absuelven a sus victimarios porque sienten que su vinculación con el grupo fue realmente voluntaria.
Las trampas del reclutamiento legal
La otra cara de la moneda es el reclutamiento legal, por parte de la Fuerza Pública, que está avalado por la ley 48 de 1993. La ley dice que en Colombia el servicio militar es obligatorio para los hombres y reglamenta los pasos que todo mayor de edad debe seguir para definir su situación militar. En teoría, existen tres opciones respecto al proceso: prestar el servicio militar, ser eximido o pagar una cuota de compensación.
Por tratarse de mayores de edad, quien quiera prestar el servicio voluntariamente está en todo su derecho de hacerlo. En cualquier caso, hay que seguir un proceso. Lo primero es inscribirse apenas se cumplan los 17 años. El Ejército da una cita para después de cumplir los 18, siempre que el estudiante haya terminado el bachillerato.
Luego se hacen los exámenes psicofísicos que certifican si el joven es apto para prestar servicio. Si el Ejército no lo encuentra apto, le debe dar la libreta militar sin necesidad de pagar la cuota de compensación. También debe dársela si pertenece a una comunidad indígena. El resto de personas aptas continúan con el proceso.
Además de tener discapacidades psicofísicas o ser indígena, la ley 48 reconoce otras causales de exención: los clérigos, los que hayan sido condenados a penas y perdido sus derechos políticos, los hijos únicos, los huérfanos, los hijos que respondan económicamente por sus padres mayores de 60 años y las personas que estén casadas.
El resto de personas, en teoría, deberían someterse a sorteo y prestar el servicio si así se le indica. Pero, dependiendo de la necesidad de relevo en la Fuerza Pública, normalmente quienes no quieran entrar a las filas del Ejército o de la Policía pueden optar por pagar una cuota por su libreta militar, que depende de los ingresos y el patrimonio de su núcleo familiar. Esa plata, que solo en 2012 fueron 73 mil millones de pesos, entra al Fondo de Defensa Nacional.
Después de una gran batalla jurídica, la Corte Constitucional reconoció, en 2014, una última causal de exención: la de los objetores de conciencia. La figura del objetor se sustenta en que no se puede obligar a participar en la guerra a quien tenga la convicción profunda de que no debe hacerlo. Según eso, ningún joven debería ser obligado a portar un arma y a usarla si su ideología no se lo permite.
Pero no ha sido un proceso fácil. Y aunque la Corte trató de llenar los vacíos jurídicos que tenía la ley de reclutamiento, sigue siendo muy difícil apelar a la objeción de conciencia y que esta sea concedida. ¿A qué se debe?
Voceros de la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia (ACOC) dicen que el problema radica en que uno de los requisitos para objetar es probar el arraigo de la convicción, y que eso puede ser ambiguo, pues las personas cambian de opiniones y de creencias, y nadie debería tener que probar que ha sostenido la misma ideología durante toda la vida.
Los encargados del reclutamiento deben dar respuesta en menos de quince días a cada objeción de conciencia, pero hasta ahora son muy pocos los casos registrados donde se le dio la razón al objetor. Hasta 2013 solo había 25 referentes.
Mientras se resuelve esa pelea, la sentencia t-455 de la misma Corte Constitucional también sentó jurisprudencia sobre otra: la de las batidas. Una batida ocurre cuando un grupo de soldados detienen jóvenes en la calle para revisar su situación militar y se llevan en un camión a los que no la tienen definida. La razón para no haberla definido puede ser que no hayan sido citados para iniciar el proceso o puede ser que deliberadamente se hayan saltado la cita. Estos últimos se llaman “remisos”.
La mayoría de los jóvenes le teme a las batidas, porque saben que en muy poco tiempo podrían pasar de caminar tranquilos en la calle a estar vestidos como miembros de las Fuerzas Militares. Pero las batidas, dice la Corte, son ilegales. La pregunta es clara: ¿por qué se siguieron haciendo? Al principio, los encargados de reclutamiento, que hoy niegan que las batidas sigan ocurriendo, se excusaban en una discusión semántica sobre la palabra compeler.
Compeler, según el diccionario, es “obligar a una persona por la fuerza o con el poder de la autoridad a que haga una cosa en contra de su voluntad”. Escudándose en esa definición, las autoridades obligaban a los no inscritos y a los remisos a ir a un batallón y definir inmediatamente su situación, lo que muchas veces terminaba en un reclutamiento exprés.
Más del 80% de soldados regulares están entre el estrato 0 y el 2, cuando los del 4, 5 y 6 juntos apenas suman el 1%
Pero la Corte dijo que “quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares”.
A los remisos, por su parte, sí se los podrían llevar, pero solo si se tiene una orden individualizada que lo autorice. Es decir que la batida no tendría sentido, o al menos no lo tendría que llevaran un camión, porque ya quedó claro que el transporte de los jóvenes es ilegal. La única forma de transportarlos legalmente sería con la orden para cada uno y eso no se puede lograr deteniendo gente al azar.
Lo cierto es que las cifras apuntan a que los reclutados provienen más frecuencia en zonas residenciales de clase baja, donde la mayoría de los jóvenes, o no conocen sus derechos, o son más propensos a ser reclutados. Según la misma Dirección de Reclutamiento, más del 80% de soldados regulares están entre el estrato 0 y el 2, cuando los del 4, 5 y 6 juntos apenas suman el 1%.
