En una semana van dos incursiones armadas contra una comunidad de reclamantes de tierras en Turbo, ejemplo de las complejidades de la restitución.
- Guacamayas es una de las siete veredas del corregimiento de Macondo, en Turbo, Antioquia. Foto cortesía Alcaldía de Turbo
“Que el patrón mandó a que le desocupen la finca”, les dijo a un grupo de campesinos el hombre que lideraba uno de los primeros “ejércitos antirrestitución” que apareció en Guacamayas, una vereda de Turbo, en el Urabá antioqueño. Ocurrió en 2012 cuando varias familias empezaban a retornar después de haber salido sus tierras a mediados de los 90.
Luego de esa primera amenaza, los mensajes del “patrón” se hicieron constantes. Sin embargo, hace una semana empezaron a correr los días más críticos. Según el relato de los líderes, el martes 7 de junio a las 6:00 de la tarde, seis hombres armados llegaron hasta dos viviendas, obligaron a salir a sus ocupantes, se identificaron como integrantes de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, robaron sus celulares y 49 cabezas de ganado en las fincas vecinas. A esas dos familias les encargaron enviar al resto de la comunidad el mensaje de que debían abandonar la vereda.
El sábado, los hombres armados regresaron. Una lideresa de la vereda asegura que pasadas las 7:00 de la noche escuchó varios disparos. “Yo empecé a llamar a varias familias y había unas que no me contestaban, fue agobiante. Los que logramos encontrarnos salimos corriendo y nos escondimos en el monte hasta el otro día en la madrugada”. Cuando amaneció, lograron ubicar a las víctimas de esa segunda incursión. Esta vez las agresiones fueron contra los habitantes de cuatro casas, todos integrantes de una misma familia.
“Les empezaron a hacer preguntas, los insultaban y les decían que no estaban jugando. Empezaron a golpear a los ocho hombres mayores de edad delante de las señoras y los niños que estaban ahí presentes”, dice otro campesino de la zona. Ese día, cuatro familias salieron desplazadas de Guacamayas y, según una alerta de la Defensoría del Pueblo, 18 más se encuentran en riesgo de correr la misma suerte.
La Defensoría también aseguró que verifica las versiones de la comunidad según las cuales las autoridades militares y de Policía no hicieron presencia en la zona, pese a que desde el martes se les informó sobre las amenazas.
La disputa por el corredor estratégico de la Casa Castaño
El caso de Guacamayas es tal vez uno de los que mejor expone las complejidades del proceso de restitución de tierras. De acuerdo con las versiones de los líderes, la historia de despojo en la región empezó en 1996. Fue en esa época cuando, según dicen, algunos intermediarios y comisionistas empezaron a presionar a los habitantes de la zona para que vendieran sus predios.
Para entonces, el corredor entre los corregimientos de Macondo —donde está ubicada Guacamayas—, Blanquicet y Belén de Bajirá ya era clave para la Casa Castaño. Al interés por controlar ese territorio, los campesinos e incluso la Fiscalía atribuyen el proceso de compra masiva de tierras que se desató en la región.
En 2014 un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín falló en contra de una solicitud de la Físcalía que, en el marco del proceso de Justicia y Paz de Raúl Antonio Jasbún, alias “Pedro Bonito”, pedía la restitución de bienes a favor de de siete campesinos que hicieron parte del grupo que decidió retornar por su cuenta y ocupar las tierras que, aseguran los habitantes de la región, vendieron por menos de su valor comercial tras las amenazas de los paramilitares.
La determinación del Tribunal, que fue confirmada el pasado 13 de abril por la Corte Suprema de Justicia, cobija 12 predios, 11 de ellos adquiridos por una empresa llamada Las Guacamayas LTDA., conformada por empresarios de Medellín para desarrollar un proyecto ganadero en esa zona. Luego, esa sociedad fue absorbida por Inversiones Inmobiliaria ASA. De acuerdo con la decisión del magistrado Olimpo Castaño Quintero, en los negocios para la compra de esas tierras nada tuvo que ver el contexto de violencia que enfrentaba esa región del Urabá.
Castaño aseguró que los campesinos vendieron de forma libre y voluntaria. Cuestionó el concepto de la Fiscalía que respaldaba la tesis del despojo e incluso calificó de “mentirosos” los testimonios de algunos de los reclamantes.
Pero el enredo jurídico con Guacamayas no termina ahí. Lo ya fallado sobre las reclamaciones de esos 12 predios se contradice con otra decisión judicial: en diciembre de 2014 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó una medida de protección a favor del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó que reclama la restitución étnica de predios en esa misma región. Guacamayas es una de las comunidades que hacen parte de ese Consejo Comunitario.
Entre otras determinaciones, el fallo del juez de Quibdó ordenó a las alcaldías de Turbo, Mutatá y Riosucio “abstenerse de realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en contra de comunidades del Consejo Comunitario ‘La Larga – Tumaradó’, hasta tanto se haya surtido y resuelto el proceso de restitución de tierras mediante el cual se determine los legítimos habitantes, ocupantes, tenedores, poseedores y propietarios del territorio”.
Eso significa que en un mismo territorio coinciden un fallo de restitución individual que favorece los intereses de los empresarios que compraron las tierras y una medida de protección colectiva a favor de las comunidades que alegan haber sido despojadas. Esas comunidades son las mismas que en una semana ya han sufrido dos incursiones armadas y que insisten, por ahora, en seguir en las tierras que consideran propias pese a las amenazas y a las contradicciones de la justicia.
