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¡Que no haya lugar a la repetición!
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¡Que no haya lugar a la repetición!

Staff ¡Pacifista! - Junio 28, 2015

No son pocas las regiones del país en donde rehabilitar, reconciliar, restituir, consolidar y reparar han sido bandera, pero en las que los derechos sociales, la paz, la ciudadanía y hasta el Estado mismo no son realidad.

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Por: Carlos Mejía Walker

El pasado 18 de junio la Delegación de Paz de las Farc dio a conocer su propuesta para resarcir a las víctimas del conflicto armado. A través del comunicado Por un acuerdo sobre derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, los negociadores de la guerrilla plantearon, entre otras, las siguientes “iniciativas”: reconocimiento especial a las víctimas colectivas; conformación de un Fondo Especial para la Reparación Integral (Feri) y formulación e implementación de un Plan Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto. Asimismo, señalaron la necesidad de otorgar participación directa a las víctimas y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos.

Aunque no ha habido acuerdo, lo presentado por las Farc es importante, pues recoge su propuesta sobre un asunto que, a pesar de no ser nuevo en el país, se ha constituido en el nudo gordiano de las conversaciones. No obstante, y salvo las ideas de ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades, de realizar un acto colectivo de contrición política y de conformar dos comisiones alrededor del paramilitarismo –una para esclarecerlo y otra para erradicarlo–, el documento presentado por los negociadores redunda en lo que ya existe en la legislación sobre víctimas y justicia transicional en Colombia.

Más allá de los balances y las consideraciones, el país ya tiene experiencia, normas, instituciones y presupuesto destinado para buena parte de los asuntos de los que habla la referida iniciativa. Ya existe un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, un Sistema Nacional y un Comité Ejecutivo para los mismos propósitos; en el orden territorial se cuenta, además, con los Comités Territoriales de Justicia Transicional. La ley 1448 conformó el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y le dio continuidad al Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia creado con la Ley de Justicia y Paz. Para la participación de las víctimas y sus organizaciones se establecieron mesas de participación a nivel municipal, departamental y nacional, y para reconocer a los grupos y comunidades afectadas por la violencia se contemplaron medidas de reparación colectiva que hoy tienen 303 sujetos reconocidos en todo el país.

Así las cosas, la propuesta de las Farc podría reflejar lo siguiente. O que los delegados de la guerrilla no leyeron las leyes, decretos y resoluciones que se han expedido e implementado a la fecha, o que sí las leyeron pero no quisieron tenerlas en cuenta o que después de haberlas leído estimaron necesario plantear lo mismo como una forma de evidenciar que nada de lo realizado hasta el momento ha surtido sus propósitos. En cualquiera de los tres casos, pasaron por alto que asuntos como “resarcir a las víctimas” o materializar principios básicos de justicia social no dependen exclusivamente de nuevas y mejores leyes o instituciones, de las que se espera una mejor labor y un mayor cumplimiento en sus objetivos solamente por proceder de la Mesa de Conversaciones.

El asunto entonces no debe limitarse a proponer iguales medidas o “nuevas instancias” bajo distinta nominación, sin preguntarse, al menos, por lo siguiente: ¿cuánta inclusión ha representado cada uno de los espacios de participación que de tiempo atrás han contemplado todos los planes, programas y proyectos implementados en el país?, ¿cuáles deberán ser los criterios para reconocer a unas víctimas colectivas y no a otras?, ¿cómo no replicar esfuerzos y acciones realizadas de tiempo atrás bajo el supuesto de que otra institución sí logrará lo que no han realizado sus antecesoras?, ¿cómo hacer expeditos los mecanismos de justicia transicional para reparar a las víctimas en un contexto de contratación no transicional?, ¿cómo no someter a comunidades históricamente censadas y diagnosticadas a nuevos estudios bajo el supuesto de que estos sí serán efectivamente cumplidos y de que ahora sí tendrán asegurada una asignación presupuestal?, ¿cómo hacer para que la implementación de estas políticas se marginen del juego electoral y del clientelismo político de algunas regiones del país?

Aunque no son todas las preguntas ni todos los retos, es necesario tener en cuenta factores no normativos para formular las propuestas, pues asuntos como los que hoy se discuten en la Mesa no dependerán exclusivamente de hacerle reformas a la ley ni de crear más y “mejores” instituciones, pues las fallas que hoy se puedan presentar, con contadas excepciones, obedecen más a un diseño institucional que a la ausencia de normas idóneas. No son pocas las regiones del país en donde rehabilitar, reconciliar, restituir, consolidar y reparar han sido bandera, pero en las que los derechos sociales, la paz, la ciudadanía y hasta el Estado mismo no son realidad.

Así como se pide auscultar en el pasado para desentrañar todas las responsabilidades aún no conocidas, hay que hacerlo para valorar todas las propuestas de intervención estatal fallidas, exitosas o por mejorar. Tal vez de La Habana llegue un barco cargado de iniciativas normativas y nuevas instituciones, pero así como en la guerra “las mismas causas producen los mismos efectos”, en el caso de la paz se perderá si hay lugar a que todas esas propuestas se repitan al margen de lo que ya ha tenido lugar y no se saque tiempo para ir más allá de cambiarles el nombre o de fijarle otro verbo rector o adjetivo a las políticas que se implementarán.