Lo de ayer es sólo el primer paso del plan de Duque y el Centro Democrático para hacerle “reformas estructurales” a la justicia transicional (y a los Acuerdos de paz).
Cuando estaba en campaña presidencial, Iván Duque insistía en una promesa: hacerle “modificaciones estructurales” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Qué había en el fondo de esta promesa? Para los más optimistas, que Duque intentara conseguir los votos de la derecha radical y que en el fondo fuera realista y respetara el modelo de justicia transicional que se acordó en La Habana. Para los más pesimistas; que Duque ignorara las consecuencias de transformar un Acuerdo ya firmado con las FARC y avalado por la comunidad internacional y, al final, cumpliendo la profecía de Fernando Londoño Hoyos, hiciera trizas el Acuerdo de Paz.
Hoy la gente habla de hacer trizas porque la JEP es la columna vertebral del Acuerdo. Para entender mejor las palabras de Duque piense lo siguiente: usted fue guerrillero, lo reclutaron a los 13 años en alguna región en la que nunca hizo presencia el Estado. Usted vivió 20 años en guerra. Cometió delitos; asesinatos, desplazamientos. Obedeció órdenes de sus superiores, poco veía a su familiar. Su familia eran las FARC y su fusil.
Llega el Acuerdo de Paz.
Usted acepta las reglas que se pactaron entre el gobierno y La Habana. Le dicen que por los delitos que cometió le otorgarán amnistía si se compromete a decir la verdad. Es decir, no irá a la cárcel, pero usted debe reparar a las víctimas, trabajando, diciendo la verdad. Le dicen que para alcanzar la libertad debe entregar su arma y firmar un acta en la que acepta las reglas de juego de eso que llaman la justicia transicional. Usted acepta, quizás incrédulo, pero acepta.
Usted va a la JEP. Acepta contar la verdad. El proceso hasta ahora comienza y usted tendrá que pensar cómo va a reparar a las víctimas. Mientras tanto, la JEP le otorga una libertad condicional y usted se queda con su familia. De repente llega Iván Duque, del partido Centro Democrático, a la presidencia de la República y dice que va a hacerle “modificaciones estructurales” a la entidad que le otorgó un permiso de libertad y que le prometió un amnistía si usted se comprometía a contar la verdad y a reparar.
Tranquilo, le dicen. La JEP está “blindada” por la Corte Constitucional. La Ley que permite que la JEP funcione se llama la Estatutaria y ya pasó por el Congreso y fue avalada por la Corte – el máximo tribunal en Colombia – en una sentencia de 915 páginas. “No se preocupe, Duque quiere quedar bien con su partido para poder gobernar pero al final no hará mayor cosa”. Eso cree usted. Y llega el momento en el que el presidente debe sancionar la Ley Estatutaria que garantiza la vida de la JEP. Un acto protocolario. Cada vez que una Ley pasa por todos los filtros, incluso por la revisión de la Corte, un presidente la sanciona. Es un procedimiento normal. En la historia, le dice un amigo, ningún presidente ha objetado una Ley cuando ya ha sido revisada por la Corte. Estamos en una democracia, maestro.
Pasan 20 días y Duque no dice nada. Usted piensa: ¿Será que me van a meter a la cárcel? ¿Será que no debí entregar el fusil? ¿Será que cometí un error firmando ese Acuerdo? Esperemos, piensa. Y llega el domingo 10 de marzo. Alocución presidencial: 8 de la noche. Duque va a hablar de la JEP. “He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia”. Así comienza su discurso. Usted siente un frío que pasa por las piernas. ¿Qué hice? Piensa. Y Duque continúa. Además de objetar seis puntos de la Ley que le da vida a la JEP, dice que va a presentar una reforma en el congreso para cambiar algunos puntos del Acto Legislativo 01 de 2017.
¿Y qué es eso? Pregunta. El mismo amigo que le decía que todo iba a estar bien se queda en silencio. Luego responde: “En el Acto Legislativo está la base del Acuerdo de Paz. Cambiarlo es volver a empezar, volver a discutir si es necesaria una Comisión de la Verdad, si la JEP puede juzgar a militares también, a los que cometieron los falsos positivos. Cambiar ese Acto es acomodar una justicia nueva, no la que quedó en La Habana”.
Usted siente rabia. Siente que está perdiendo su tiempo. No sabe si creer en la JEP. No sabe si sus antiguos compañeros que se fueron a las disidencias tomaron una decisión correcta. Bueno, luego su amigo le explica los artículos objetados y sus consecuencias: un punto importante es que la JEP no podría practicar pruebas, es decir, que no puede, como la Fiscalía, investigar a fondo los delitos. Entonces usted pregunta: ¿Es decir que el fiscal Néstor Humberto Martínez, el que también quiere que se hunda la JEP, entraría a practicar pruebas? “Sí”, le dice su amigo, “pero primero toca que el Congreso apruebe esas objeciones de Duque. Mientras tanto fresco, todo sigue igual, como la Corte lo aprobó”.
Mmm pero eso de las pruebas es solo uno de los puntos, piensa.
—Bueno hay otras cosas que podrían cambiar —le dice su amigo—. Duque quiere que el Alto Comisionado revise bien las personas que se sometieron al Acuerdo.
—¿Es decir que puedo resultar siendo un colado? —pregunta usted.
—Pues sí, aunque no creo porque usted ya firmó acta, ya está en la base de datos. Esperemos que no.
Silencio.
—Igual no es sólo usted —le dice su amigo, viéndole la cara de preocupación— la justicia transicional también se han sometido más de 1.800 militares, quienes, después de ser condenados, buscan beneficios judiciales a cambio de la verdad. Solamente veamos lo que sucedió la semana pasada: El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado se sometió a la justicia transicional después de ser condenado a 46 años de prisión por la desaparición y homicidio de cinco jóvenes de Soacha.
—¿Cómo así? ¿A los militares también le podrían hacer conejo?
—Sí.
—¿Y los otros puntos que objetó?
—Pues nada, hay otro que dice que los casos que pasan a la JEP también deben seguir su curso en la justicia ordinaria, es decir, en los juzgados normales, ¿me entiende?
—¿Es decir que yo tendría activos otros procesos en la Fiscalía?
—Pues sí, si se aprueba eso, sí, pero no creo hermano, cálmese. Y bueno, hay otros puntos, los delitos de lesa humanidad, como el secuestro y las masacres, deben tener sanciones claras, eso quiere Duque.
—¿O sea que si cometí un secuestro de pronto termino en la cárcel?
—Puede ser, puede ser. Pero esperemos. Supuestamente la Corte ya decidió y como estamos en una democracia Duque no puede pasar por encima de la justicia. Supuestamente, aunque no respetó los protocolos con el ELN. Lo más grave es que el man haya destapado sus cartas y quiera, a través de la reforma constitucional, cambiar el Acto Legislativo. Si lo hace ahí sí sería un incumplimiento de los Acuerdos y la comunidad internacional se le vendría encima. Duque terminaría siendo como un Donald Trump II. Esperemos que no.
—Pues ojalá nos demos cuenta pronto.
—Ojalá.
Lo que viene
Sigamos asumiendo todo lo anterior. ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cuáles son los posibles futuros escenarios?
¿Directo a la Corte?
“El congreso no es competente para conocer de objeciones que, aunque están disfrazadas ce objeciones de inconveniencia, son en la realidad objeciones de constitucionalidad. El congreso estaría yendo más allá de las funciones que tiene si reabre los debates de constitucionalidad”, decía esta mañana la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus en entrevista radial. Según Goebertus, quien en el Congreso ha sido una fuerte defensora de los Acuerdos de paz, van a tener en los próximos días discusiones internas para decidir si le envían las objeciones a la Corte directamente. Esto es: sin que haya un debate en las dos cámaras. Aunque el panorama que abrió Duque anoche es por ahora inédito y no hay claridad sobre cuáles son los pasos a seguir, es poco probable que el Congreso le envíe a la Corte las objeciones sin antes debatirlas.
La pelota en la cancha de Cambio Radical
¿Cómo es la correlación de fuerzas en el Congreso de cara a este debate que se le viene encima? Está claro que el Centro Democrático, el Partido MIRAA, los conservadores, Colombia Justa y Opción Ciudadana apoyen las objeciones de Duque. Por el otro lado, los verdes, el Polo, el partido de las Farc, decentes y Mais, se van a oponer a las objeciones. La mayoría de congresistas liberales y buena parte de los de la U estarían con este último grupo. Pero en todo caso, ninguno de los dos bloques conseguiría mayorías absolutas. Le queda a Cambio Radical, partido que se declaró independiente, decidir a favor o en contra de las objeciones. Por ahora, los congresistas de ese partido han dicho que seguirán la línea planteada por Néstor Humberto Martínez –quien viene de esa colectividad– en cuanto a apoyar las objeciones que el Fiscal planteó en su momento.
Pasa en una cámara pero no en otra
Este es un escenario probable del que no se sabe muy bien cuáles puedan ser los resultados. Si las objeciones pasan en Senado pero no en la Cámara, el reglamento del Congreso no es enfático y las interpretaciones son varias. 1) Que se incluyan las objeciones que pasan en el Senado. 2) puede archivarse el proyecto de ley. 3) o pueden caerse las objeciones que Duque planteó. En este momento los equipos jurídicos de los congresistas discuten las posibles interpretaciones que se le puedan dar al reglamento del Congreso que plantea este escenario.
Choque de trenes: la Corte se mantiene en su postura
La Corte Constitucional se tomó cerca de un año para emitir la sentencia –de 900 páginas– que Duque objetó en la noche del domingo. Es decir que el debate constitucional ya estaba zanjado: la Corte ya había emitido un concepto y había cerrado jurídicamente el debate. Ahora, si el Congreso decide aceptar las objeciones (y las objeciones son aceptadas tanto en Cámara como en Senado), estas pasarán nuevamente a la Corte Constitucional. Y es casi seguro que la Corte se mantenga en su postura inicial y no incluya las objeciones de Duque en su nuevo pronunciamiento. Las cosas quedarían igual y lo único que habría conseguido Duque con estas objeciones sería dilatar –durante al menos un año– la sanación de la ley estatuaria de la JEP.
Esta es la primera vez en la historia que un presidente objeta una sentencia de constitucionalidad –que fue la sentencia que emitió la Corte Constitucional cuando la ley que reglamentaba la JEP salió del Congreso. (Ni siquiera el expresidente Uribe desconoció en su momento la sentencia que prohibía la segunda reelección). Esto implicaría un choque de trenes entre la rama judicial y el ejecutivo. Pues en cierta medida (y aunque Duque haya dicho al comienzo de la alocución que no se trataba de desconocer los fallos de la Corte), en cierta medida se trata de un desconocimiento implícito de la sentencia de la Corte Constitucional.
Glifosato, Plan de Desarrollo y Ley de Financiamiento
La Corte Constitucional tiene en sus manos varias decisiones claves que el gobierno de Duque necesita que pasen: el Plan de Desarrollo, que todavía está en debate ene le Congreso; la ley de financiamiento, o Reforma Tributaria; y la decisión de si permite reanudar la aspersión con glifosato. Es probable que, como el gesto de Duque sería visto por la Corte como un desconocimiento de sus funciones como órgano de cierre, la Corte pueda ponerle trabas a estos proyectos claves del Gobierno Duque.
Bochorno internacional 1
Independientemente de lo que suceda en las próximas semanas y meses a nivel político, el país quedará muy mal parado ante los ojos del mundo. La comunidad internacional fue clave a la hora de apoyar los Acuerdos y de respaldar su implementación. De hecho, varios países europeos financian el funcionamiento de la JEP. Países como Noruega o Alemania habían felicitado en meses pasados a Duque por “optar por la creación de un marco institucional que les permitirá curar las heridas del pasado, los logros en materia de paz y reconciliación sin duda son un ejemplo para el mundo entero”. Ante el hecho de ayer, Duque queda mal parado frente a la comunidad internacional con respecto a la implementación de los Acuerdos.
Bochorno internacional 2
Finalmente, el mensaje que envía Duque a tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI) es negativo. En días pasados, la CPI había dado su total respaldo a la JEP y le había pedido a Duque sancionar la ley sin hacerle ningún tipo de objeciones. “Hemos apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz” dijo en su momento el vicefiscal James Stewart, y que en caso de que Duque hiciera las objeciones “esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.
Considerar las implicaciones.
Esto podría ser una mala noticia, por ejemplo, para militares que están involucrados con los casos de falsos positivos. Mientras que estos militares podían haber sido juzgados por la JEP en el marco de un conflicto armado, la entrada de la CPI y la apertura de una investigación sería el peor escenario para los militares.
