Los cinco puntos en que se rajó Colombia según Amnistía Internacional | ¡PACIFISTA!
Los cinco puntos en que se rajó Colombia según Amnistía Internacional
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Los cinco puntos en que se rajó Colombia según Amnistía Internacional

Staff ¡Pacifista! - Febrero 25, 2016

En ¡Pacifista! nos leímos el informe anual que saca esta organización humanitaria para entender qué ha avanzado y qué le falta al país en derechos humanos.

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Un tercio de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo le corresponden a Colombia. Foto: Santiago Mesa.

Por Daniel Montoya 

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado por Amnistía Internacional (AI) el pasado 23 de febrero, evidenció de nuevo los graves problemas de Colombia en materia de justicia y  de derechos humanos.

AI, organización que reúne a cerca de 7 millones de personas a nivel mundial, analizó los casos de 160 países en 2015. Las cifras son alarmantes: 19 países perpetraron crímenes de guerra, 122 países infligieron torturas o malos tratos, 156 defensores de derechos humanos murieron de forma violenta y más de 60 millones de personas fueron desplazadas.

Como sucede cada año, Colombia se volvió a rajar. Aquí le contamos por qué:

1. Impunidad

A pesar de que resalta los grandes avances que los negociadores del Gobierno y las Farc han tenido en la mesa de diálogos de La Habana, hay dos cosas que les resultan inquietantes para AI: la Comisión de la Verdad y el acuerdo de justicia transicional.

El 4 de junio de 2015 se anunció desde Cuba la creación de una Comisión de la Verdad que busca “aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto”. Las víctimas juegan un papel central en este proceso, donde se quiere garantizar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad.

(Vea también: 10 puntos claves sobre la Comisión de la Verdad)

Sin embargo, el hecho de que la información que salga de estas comisiones no pueda ser utilizada por ningún tipo de tribunal como material probatorio para dictar sentencia, no ha calado muy bien en el organismo internacional. Considera que puede “menoscabar la capacidad del sistema judicial para enjuiciar delitos de lesa humanidad”.

Pero ahí no para. El informe de Amnistía Internacional no solo pone en duda la efectividad de los juicios sino también de las penas. El acuerdo de Justicia Transicional alcanzado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc habla de una “restricción efectiva de libertades”, lo cual no parece “proporcional a la gravedad de los crímenes de derecho internacional”. El informe explica que “Colombia podría estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes”.

Pero no todas las críticas van dirigidas a lo que se ha aprobado en La Habana. El organismo internacional resaltó también los altos niveles de impunidad que siguen existiendo en los procesos contra los miembros de la Fuerza Pública. Critican que el sistema de justicia militar siga teniendo competencia sobre investigaciones de crímenes de lesa humanidad, y recuerdan la absolución que la Corte Suprema de Justicia le dio al coronel (r), Luis Alfonso Plazas Vega, el 16 de diciembre, que, a su juicio, deja sin doliente a las víctimas de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia.

2. Defensores de derechos humanos

Aquí hay que aclarar que Amnistía Internacional incluye a dirigentes comunitarios indígenas y afrodescendientes, campesinos, periodistas, sindicalistas, activistas por el derecho a la tierra y personas que luchan por la justicia. Y la rajada es monumental: de los 156 defensores de derechos humanos muertos de forma violenta que se registran a nivel mundial, Colombia aportó 51.

(Vea también: Colombia es el país donde más matan defensores de los derechos humanos)

Según la ONG ‘Somos defensores’, en 2014 la cifra fue de 45. Lo que sí disminuyó, aunque no mucho, fueron las muertes de sindicalistas. Mientras que en 2014 se registraron los asesinatos de 21, en 2015 perdieron la vida 18. Además, el organismo internacional denunció el “robo de información delicada en posesión de organizaciones de derechos humanos”.

3. La imagen internacional

Si bien el gobierno de Juan Manuel Santos considera su política internacional como uno de los baluartes de su administración, Amnistía Internacional no lo ve así. Resalta los informes del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el de la Eliminación de la Discriminación Racial en los que se critica la “persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el Estado, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Además, destaca la disminución del apoyo económico de Estados Unidos. En total, los norteamericanos desembolsaron 174,1 millones de dólares en 2015 en asistencia militar, pero el 25% de este desembolso fue retenido hasta septiembre, cuando el secretario de Estado norteamericano determinó que Colombia había realizado avances en materia de derechos humanos.

4. El conflicto armado

Amnistía Internacional separa las acciones violentas de acuerdo con cuál actor la ejerza: Ejército, guerrilla y paramilitares. El informe destaca que las comunidades más afectadas son las rurales y que el desplazamiento interno paso de 220.000 víctimas en 2014, a 204.000 en 2015.

En cuanto al Ejército, celebra que, según Naciones Unidas, Colombia haya logrado erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocida como ‘falsos positivos’. Pero concluye diciendo que tiene indicios de que las “Fuerzas Armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate o reorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa”.

(Vea también: Desminar es solo un paso para el posconflicto)

En lo relacionado con la violencia guerrillera, el panorama es un poco más alentador con respecto a otros años. Según la ONG País Libre, el número de secuestros realizados por la guerrilla disminuyó sustancialmente: 23 fueron responsabilidad del ELN y 7 de las Farc. Eso sí, AI se despacha contra ellos en el tema de minas antipersonal: “Las minas terrestres, colocadas mayoritariamente por las Farc, continuaron matando y mutilando a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad”.

En cuanto a los paramilitares —entre los que incluyen también a las bandas criminales—, critica que tan solo 122 de los 30.000 combatientes que “supuestamente abandonaron las armas en el proceso de desmovilización habían sido condenados por crímenes relacionados con los derechos humanos al finalizar 2015”. Además, “unos 120 paramilitares fueron puestos en libertad tras cumplir la pena máxima de ocho años de prisión estipulada en el proceso de Justicia y Paz, a pesar de que los procedimientos judiciales contra la mayoría de ellos seguían en curso”.

5. El acceso a la tierra

AI ataca la lentitud con la que ha avanzado el proceso de restitución de tierras. Y dice que en los tres años que lleva en vigencia el proceso de restitución, “sólo se han entregado 58.500 hectáreas de tierras reclamadas por campesinos, un territorio indígena de 50.000 hectáreas, y otro de afrodescendientes de 71.000”.

(Vea también: La restitución de tierras va en caída libre)

Pero no sólo la restitución le genera preocupación a Amnistía Internacional. Con la promulgación de la Ley 1753, aprobada el 9 de junio de 2015,  el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, queda la sensación de que en Colombia se va a “permitir a las empresas mineras y a otros sectores económicos hacerse con el control de tierras adquiridas ilegalmente”.