Siete años después, ya no desde el centro de la controversia, ya no asediadas por las cámaras, las familias siguen peleando para que no haya impunidad.
En septiembre de 2008, después de no conseguir puntos contra Uruguay y Chile, el escándalo de moda era la destitución del director técnico de la Selección Colombia. Poco a poco, por el ladito, la noticia de unos jóvenes desaparecidos en el sur de Bogotá se salía de sus proporciones y se convertía en uno de los capítulos más penosos de la historia reciente del país. La gente se estremecía ante las evidencias que apuntaban a que miembros del Ejército, para recibir plata, vacaciones y reconocimientos, habían matado civiles y los habían hecho pasar por muertos en combate.
El nuevo escándalo fue bautizado como “falsos positivos”. Rápidamente tuvieron que salir los altos mandos a dar respuesta y a tratar de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas. Desde el presidente hasta los militares se pasaron el micrófono para explicar cómo era posible que, en apenas uno o dos días, los mismos jóvenes que vivían en Soacha, en Bogotá o en Fusagasugá, se hubieran unido a organizaciones criminales y hubieran muerto en combate en Norte de Santander, en Antioquia o en la Costa Atlántica.
Durante los primeros meses, el peso de las acusaciones forzó la renuncia del comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Muchos sectores, incluso, llegaron a pedir la salida del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, argumentando que esa máquina no podía haber funcionado sin su conocimiento. No lo lograron, pero los procesos contra militares avanzaban rápido y las capturas y los juicios daban la impresión de que la justicia iba a estar a la altura del problema.
No fue así: después de casi seis mil denuncias y más de tres mil investigaciones abiertas contra militares, a muchos se les vencieron los términos y quedaron libres en 2010. Apenas 27 miembros del Ejército fueron destituidos. En 2011 se produjo la primera sentencia contra el coronel Wilson Javier Castro y siete hombres más. Una parte del lío ha sido exigir que las investigaciones pasen de la Justicia Penal Militar a la ordinaria. La otra parte es que la justicia ordinaria es lenta y congestionada, y las dilaciones de los juicios no han ayudado.
Con pocas condenas y casi sin verdad, el escándalo se fue apagando para dar paso a otros: las chuzadas del DAS, el referendo reeleccionista de Uribe, Agro Ingreso Seguro. Es normal (por decirlo de alguna manera): así funcionan las agendas de los medios. Al tiempo que el interés de la opinión pública cambiaba, las familias de los muchachos muertos entendían que, sin el foco sobre ellos, el proceso para exigir verdad y justicia en sus casos se convertía en un pantano largo y espeso.
Han pasado siete años desde que mataron a Faír Leonardo Porras, a Jaime Estiven Valencia, a Diego Armando Marín, a Daniel Alexander Martínez. En esos siete años, ya no desde el centro de la controversia, ya no asediadas por las cámaras, las familias siguen peleando para que no haya impunidad. En medio de esa lucha nacieron las Madres de Soacha, que se conocieron durante la tragedia y se han acompañado durante todo ese tiempo. Hoy parecen hermanas: saben donde está la otra, se reúnen con frecuencia, conocen detalles de los demás procesos judiciales, se ríen juntas y se defienden entre sí.
Hace pocos días, en una plaza vacía y lluviosa de la Universidad Pedagógica, estaban de nuevo las madres. Llegaron para presentar una instalación con fotos de sus hijos, para volver a contar sus historias, para denunciar la impunidad en sus procesos. Se reunieron de nuevo para seguir llorando, para sentir el dolor que sienten a diario. No había mucha gente, pero el ímpetu de las madres fue el mismo que tuvieron hace dos años, cuando recibieron el premio Constructores de Paz en Barcelona. El ímpetu con el que todos los días se levantan a seguir hablando de lo mismo, aunque a veces —quizás muchas veces— nadie les haga caso.
En esa misma plaza proyectaron un video protagonizado por tres de ellas. María Sanabria, Lucero Carmona y Luz Marina Bernal aparecían, por las calles de Bogotá, preguntándole a la gente qué sabía de los falsos positivos. Los entrevistados, que por momentos parecían confundidos, respondieron escuetamente. Sus caras cambiaron sutilmente cuando las tres señoras les contaron que eran las mamás de tres de los jóvenes muertos.
Luz Marina Bernal, mamá de Fair Leonardo Porras, era ama de casa en 2008. No tenía ni idea de cómo funcionaba un proceso judicial y nunca le había interesado la defensa de los derechos humanos. Desde que supo que su hijo, un joven con discapacidades motrices y mentales, había aparecido muerto en Ocaña, Norte de Santander, empezó a aprender por obligación. Ahora utiliza sin problema jerga jurídica y argumenta con hechos y cifras sobre violaciones a los derechos humanos. A fuerza de repetirlo todos los días durante siete años, Luz Marina y las otras madres se volvieron activistas después de los cincuenta.
Ese día, con la plaza vacía y las respuestas desinteresadas en el video, quedaron en el aire varias preguntas que nadie se atrevió a hacer: ¿por qué seguir hablando de un escándalo que se apagó hace siete años?, ¿por qué seguir escuchando a un grupo de señoras que dicen lo mismo todos los días, que muestran las mismas fotos y cuentan las mismas anécdotas?, ¿por qué una denuncia vieja debería ocupar el espacio de una noticia nueva en los medios?, ¿por qué en 2015 los falsos positivos deberían seguir siendo tema de conversación?
La respuesta, desde los medios, pasa por la teoría sobre qué es noticia y qué no. De pronto las denuncias de las familias de los falsos positivos no son ni actuales ni actualizadas, dos criterios importantes para el periodismo. Pero ese argumento no debería ser suficiente para desestimar la importancia de la lucha que día a día enfrentan miles de familias (no son diez ni veinte, no están solo en Soacha). Por eso, pensando en que no hay nadie mejor que las mismas víctimas para entender qué importancia tiene lo que dicen tanto tiempo después, las tres madres del video respondieron esas preguntas.
Luz Marina Bernal, madre de Faír Leonardo.
Seguir denunciando lo que pasó con los jóvenes de Soacha es importante porque es el caso más emblemático del país. Este es un país de indolentes, indiferentes, que mirar con una gran frialdad todos los hechos ocurridos. Hemos mantenido las denuncias a pesar de las amenazas y hacemos parte de una historia imborrable que nadie puede desmentir. Seguir hablando y exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición de estos hechos es evitar que otras familias se unan a un dolor que ya estamos viviendo nosotros. La importancia de seguir adelante con la denuncia también es que, a pesar de que se ha hecho emblemático, no ha habido justicia. Se han perdido algunas batallas pero no la guerra. El amor de una madre es eterno.
María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Estiven.
La idea mía es que el mundo sepa, pero si ellos quieren olvidar pues no hay problema. Todos los días hay noticias y una cosa tapa la otra, así que si quieren olvidarlo está bien, al final las que tenemos que recordar somos nosotras, las afectadas. Aquí a la gente no le interesa lo que le pasa a los otros. ¿Y entonces por qué sigo peleando? A mí me interesa que esto no le pase a otra persona. Por eso todos los días de la vida desde hace ocho años hago lo mismo: ir, decir, contar y seguir contando y seguir denunciando. A mí no me gustaría que otra madre tuviera con el dolor que yo tengo, el de cada día no saber dónde está, quién mató a esa criatura que tuve nueve meses en mi vientre.
Lucero Carmona, madre de Ómar.
Mi caso, como el de la mayoría de familias, sigue impune, hay dilación en las audiencias, los militares no asisten. Nosotras hemos buscado la forma de que eso no siga pasando. Hablamos en universidades, en colegios, en la calle, en todas partes para denunciar y para recordárselo a la gente. Algo bonito que estamos haciendo es lo del teatro. Hicimos una obra, “Antígonas, tribunal de mujeres”, que ha sido muy importante para nosotras, porque ahí contamos nuevamente la historia. Yo para lo único que vivo ahora es para pedir justicia, verdad y no repetición.
Al final del video que protagonizaron Luz Marina, María y Lucero, las tres se sientan en una sala a recordar anécdotas de sus hijos. Sonríen y hablan de lo que seguramente ya se contaron mil veces. Ellas saben que el Estado y la sociedad deberían acompañarlas, escucharlas y responderles, pero da la impresión de que aun si fueran las últimas tres personas en el mundo seguirían denunciando lo mismo, porque sienten el deber. María lo resume: “Yo perdí a mi hijo pero me volví la mamá de todos los jóvenes de Colombia y voy a luchar para que no les pase lo mismo”.
