Una comisión de la guerrilla, liderada por "Pastor Alape", viajó a Bojayá para asumir la responsabilidad de las Farc por el asesinato de 79 personas.
Este domingo, “Pastor Alape”, uno de los comandantes y negociadores de las Farc en La Habana, llegó en compañía de otros guerrilleros hasta el municipio de Bojayá (Chocó) para pedirles perdón a los sobrevivientes de la cruenta masacre ocurrida en ese pequeño poblado en mayo de 2002. Allí, la guerrilla volvió a reconocer frente a las víctimas su responsabilidad por el asesinato de más de 70 personas y el desplazamiento de un centenar, ocurridos durante fuertes combates con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El acto fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y contó con la presencia del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Ya en diciembre de 2014, la guerrilla le había pedido perdón a ocho personas que sobrevivieron a la tragedia. Sin embargo, esta vez los guerrilleros se trasladaron al lugar de los hechos, junto a la Cruz Roja y representantes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Según informó el Comité, el acto fue “totalmente reservado” y “dedicado sólo a las víctimas. Por su solemnidad y por el respeto al dolor, no se admitió la presencia de ningún medio de comunicación”.
En 2010, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (hoy Centro de Memoria Histórica), publicó el informe “Bojayá: la guerra sin límites”, en el que reconstruyó los hechos y dio cuenta de los graves impactos que la masacre generó en la comunidad. Estos son algunos de sus hallazgos.
¿Qué pasó en Bojayá?
De nada valieron las alertas que desde 2001 habían emitido la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Diócesis de Quibdó y distintas organizaciones sociales del Chocó. Nadie, ni la Policía ni el Ejército, hizo nada para impedir lo inminente: el intento de toma definitiva del Medio Atrato por parte de los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, que le disputaban la región a las Farc desde 1997.
El 30 de abril de 2002, después de haber pasado varios días en el municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, los paramilitares llegaron a Bellavista, el caso urbano de Bojayá. Durante ese día y las primeras horas del siguiente, los ‘paras’ y las Farc cruzaron disparos desde ambas orillas del río Atrato.
A media mañana del primero de mayo, la guerrilla desembarcó en Bellavista e inició los enfrentamientos en tierra. Algunos pobladores, aterrorizados, intentaron protegerse dentro de sus viviendas, mientras el grueso de los habitantes se refugió en la iglesia y otro tanto buscó protección en la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinas. Varios indígenas, por su parte, abandonaron el pueblo por el río.
Los combates continuaron hasta las 6 de la tarde de ese día cuando, en un pacto absurdo, los comandantes del destacamento guerrillero y del grupo paramilitar acordaron dejar de disparar hasta la mañana del día siguiente.
El 2 de mayo, la confrontación se reanudó a las 6 a.m. Las Farc, que habían perdido a muchos de sus combatientes, decidieron continuar el ataque usando cilindros bomba. Según el Grupo de Memoria Histórica, “a través de la radio, los dos rampleros (especialistas en lanzamiento de cilindros) le transmitieron al comandante guerrillero su preocupación porque los paramilitares estaban en permanente movimiento, y los cilindros-bomba debían ser lanzados contra objetivos estáticos. El comandante repitió su orden y presionó a los rampleros para que la ejecutaran”.
A las 10: 30 a.m. de ese 2 de mayo, un cilindro cayó en una vivienda desocupada y pocos minutos después un segundo artefacto cayó en el puesto de salud, aunque no estalló. Media hora después del primer lanzamiento, un tercer cilindro cayó en el techo de la iglesia, donde se refugiaban cerca de 300 personas. “En el suelo y hasta en los muros quedó la evidencia de los cuerpos desmembrados o totalmente deshechos, y la sangre manchó el lugar, mezclándose y perdiéndose entre los escombros”.
Según los testimonios de los sobrevivientes, el ataque dejó civiles aplastados, cuerpos desmembrados y “ciudadanos corriendo mutilados”. Quienes vivieron continuaron huyendo hacia el sur del pueblo y las profundidades de la selva, mientras otro grupo atravesó el río en varios botes, remando con sus propias manos, hasta llegar a Vigía del Fuerte. Mientras tanto, los combates continuaron y un cuarto cilindro cayó en el patio de las Misioneras Agustinas, pero no estalló.
En el informe reposa el testimonio de un poblador de Vigía, quien contó que, una vez fueron llegando los botes con sobrevivientes, le dijeron “al comandante de la guerrilla: ‘¿Sabe qué, hermano? Tiraron una pipeta en la iglesia y mataron a un poco de gente. Dígales a sus hombres que paren el combate para sacar los heridos’. Entonces él dijo: ‘¿Cómo así…? ¡No puede ser!’, y se puso a llorar… Entonces llamó y pararon esa vaina… “. Y agregó que “llegó la noche y otra vez el aguacero y la ‘tronamenta’… Es como si el cielo estuviera llorando la tragedia de los atrateños, como si quisiera con las lágrimas de agua limpiar la sangre de tanto inocente que hay aquí…”.
A las 6 de la tarde de ese día, guerrilleros y paramilitares nuevamente pactaron cesar el fuego hasta al día siguiente, pese a la tragedia en la que estaba sumida la población. Los enfrentamientos continuaron hasta la noche del 5 de mayo, y sólo hasta el 6 de ese mes la Fuerza Pública llegó a la zona, cuando ya no quedaba nada por hacer. La negligencia del Ejército, y la irracionalidad de los grupos armados, dejó un doloroso saldo de 79 muertos y más de 100 heridos.
¿Y qué ha hecho la justicia?
Por omitir su función de proteger a la población de Bojayá, la Nación fue condenada en marzo de este año a pagarles una millonaria indemnización a las víctimas. La decisión, que fue proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue ratificada por el Consejo de Estado en septiembre pasado.
En cuanto a los guerrilleros, la Fiscalía informó en 2010 que 21 de ellos habían sido condenados por estos hechos. Entre ellos se encuentran Oberto Peña Hernández, alias “El Mambo”; Manuel Aurelio Cuesta Mosquera, alias “Chombo”; Wenceslado Girón Córdoba, alias “Mano de Oro” y Wilmar Asprilla Allín, alias “Poloncho”.
Finalmente, y respecto a los paramilitares, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín está ad portas de emitir sentencia contra Freddy Rendón Herrera, excomandante del bloque Élmer Cárdenas, por la masacre de Bojayá y otros crímenes cometidos en Antioquia y Chocó.
