El Gobierno destaca avances y casos exitosos. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan la lentitud del proceso.
Eran 650 hombres y mujeres. Habían hecho parte de las filas del ELN, pero en medio de una discusión interna en la guerrilla sobre la pertinencia de la lucha armada, decidieron hacerse a un lado y conformar la Corriente de Renovación Socialista (CRS) para negociar con el Estado.
Entregaron sus armas el 9 de abril de 1994 en Flor del Monte, un corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre. Pocos meses después, varios de ellos crearon una sociedad agropecuaria y recibieron del Gobierno, con base en los acuerdos de paz, un subsidio que les permitió ubicar sus proyectos productivos en la finca La Galleta, zona rural del municipio de Montebello, Suroeste de Antioquia.
Sin embargo, en enero del 2000, varios hombres del Ejército, que se hicieron pasar como integrantes de las AUC, retuvieron a dos desmovilizados y a dos personas más de la comunidad. A los cuatro los asesinaron y presentaron a los integrantes de la CRS como guerrilleros del ELN muertos en combate. La masacre forzó el desplazamiento de los desmovilizados y sus familias.
De acuerdo con la Corporación Nuevo Arcoíris, fue el inicio de un ciclo de violencia paramilitar en Montebello que, por lo demás, estuvo marcado por el desplazamiento y el despojo de tierras, tal y como pasó con la finca La Galleta.
Es precisamente en esa localidad donde la Unidad de Restitución de Tierras (URT) concentrará una de sus actividades -habrá encuentros en 14 departamentos- en el marco de la conmemoración de este 9 de abril: Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Y es en Montebello porque de acuerdo con la Dirección Territorial de esa entidad en Antioquia, en pocos días será el primer municipio del departamento donde estarán estudiadas el 100% de las solicitudes de restitución.
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Las cifras de la URT indican que en Montebello fueron recibidas 397 solicitudes, de las cuales solo falta el estudio de nueve casos que estarían listos en el próximo mes. Pero eso, que la entidad presenta como un avance representativo en su gestión, contrasta con el hecho de que hasta la fecha solo han sido proferidas 23 sentencias (el 5,7% de los casos) que han permitido a los reclamantes acceder a los predios que les fueron despojados en ese municipio.
Esa proporción es similar a la de todo el departamento de Antioquia, donde de un total de 4.300 solicitudes en trámite, hay fallos judiciales en solo 195, lo que representa el 4,5% por ciento de los casos.
Y es que mientras la URT destaca los progresos de casos como el de Montebello, y en su balance nacional destaca que ya están listos los trámites administrativos en la mitad de las reclamaciones en todo el país, organizaciones como las fundaciones Paz y Reconciliación y Forjando Futuros insisten en que “la restitución de tierras no avanza”.
Mientras la Unidad destaca que a la fecha ha cumplido con su tarea de finalizar los trámites administrativos en 44.847 de 88.640 solicitudes, de acuerdo con el seguimiento de esas dos ONG al proceso, cuyos resultados fueron presentados el viernes, hasta el primero de abril habían sido resueltos de manera definitiva solo 2.943 casos de un total de 87.118 solicitudes analizadas hasta ese momento.
Eso quiere decir que hasta ahora, cuando se cumplen cinco años de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la mitad del plazo estipulado por el Gobierno para cumplir con la tarea de la restitución, solo existen sentencias judiciales en el 3,4 por ciento de las reclamaciones.
Según fuentes del Gobierno consultadas por ¡Pacifista!, la diferencia entre los casos estudiados y los resueltos tiene que ver con una especie de tapón que se ha formado en la Justicia. El estudio de casos por parte de los jueces de tierras está tomando más tiempo del previsto, faltan jueces y funcionarios judiciales especializados en restitución, así como recursos para avanzar en la recolección de pruebas.
Así las cosas, aunque la URT destaca que a la fecha ya más de 21 mil personas han sido beneficiadas con la devolución de sus predios, que suman un área equivalente a la del departamento del Quindío, la meta de restituir antes de 2021 todos los predios despojados en el marco del conflicto parece estar muy lejos de cumplirse.
