Faiver Cerón Gómez murió el sábado en Esmeraldas, Cauca, tras recibir disparos cuando regresaba a su casa.
Un asesinato más se dio este fin de semana en el Cauca. Otro líder social ha caído muerto a balazos en Colombia. Una familia más deberá ahora no solo llorar a un ser querido, sino también esperar, quién sabe cuánto tiempo, a que las autoridades den alguna razón del homicidio.
Algunos medios de comunicación, como ¡PACIFISTA!, alarmarán sobre la matazón de dirigentes comunitarios desde la implementación de los acuerdos. Otros, más inseguros o quizá precavidos, guardarán silencio. Y también saltarán los escépticos: unos a subrayar que aún no puede concluirse que el asesinato haya tenido que ver con su rol como líder, y otros más extremos a insinuar incluso que habría podido haber motivos justificados.
Da tristeza que una sociedad que sale de una guerra de más de medio siglo se enfrasque en los detalles, y así se impida a sí misma dar un grito necesario para detener una tragedia. Ojalá tenga razón algún día el Gobierno al señalar que los ahora 20 asesinatos de líderes sociales no permiten concluir una sistematicidad.
Pero hasta que llegue ese día, ¡PACIFISTA! partirá de la sospecha de que a lo mejor sí son sistemáticos y de la convicción de que en Colombia no tiene por qué morir por causa de la violencia cada cuatro días un líder social.
El pasado sábado 18 de febrero, a las 6:30 de la tarde, unos hombres armados se atravesaron en el camino de Faiver Cerón Gómez y le dispararon en varias oportunidades. Cerón Gómez acababa de salir de reunirse con funcionarios de la alcaldía de Esmeraldas y de la gobernación del Cauca. Según las primeras informaciones, el homicidio tuvo lugar “a 10 minutos de la cabecera municipal, en el punto Sajandinga, cuando regresaba en moto a su hogar”.
Poco se conoce de Cerón Gómez, solo que ha encabezado movilizaciones departamentales contra la minería ilegal y que la última de estas se dio el pasado 7 de febrero para protestar por el dragado que acabó con el río Sambingo. Fuentes allegadas a la víctima le contaron a ¡PACIFISTA! que el líder logró que varios campesinos cocaleros de municipios aledaños a Esmeraldas salieran a marchar para exigir planes justos de sustitución y a protestar contra la erradicación forzosa.
Cerón Gómez es el líder social número 20 asesinado en los ya casi 80 días que han transcurrido desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc. Esto quiere decir que cada cuatro días han acabado con la vida de un dirigente comunitario en el país.
La mayoría de los actos, seis homicidios, han ocurrido en Cauca. En Antioquia y Cesar han matado a tres líderes sociales. También han sido asesinados defensores de derechos humanos en Córdoba, La Guajira, Bolívar, Atlántico, Putumayo, Chocó y Valle del Cauca. Mientras tanto, mientras avanza esta preocupante situación, funcionarios del Gobierno han dicho que los asesinatos de líderes sociales “no son sistemáticos”.
Además, el ministro de Defensa dijo a principios de este año que “el paramilitarismo no existe”, frente a las denuncias de varias organizaciones sociales, que han alertado sobre presencia de grupos armados ilegales de extrema derecha en sus territorios. “Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”, dijo Luis Carlos Villegas.
En medio del debate político, que se nutre con las reformas políticas que propone el Gobierno mientras casi a diario nos enteramos de un nuevo escándalo de corrupción, el asesinato de estas personas parece quedar relegado, a pesar de las alertas de la Defensora del Pueblo. Lo grave es que, en un país que quiere caminar hacia el posconflicto, matar a los líderes sociales significa acabar con la posibilidad de que los acuerdos sean implementados de manera legítima en las regiones.
Los medios de comunicación, entre tanto, no nos ponemos de acuerdo en una cifra de líderes asesinados, ni en la fuerza con la que hay que denunciar estos casos. Hace poco Piedad Córdoba, una de las voceras nacionales de Marcha Patriótica —el movimiento político que ha puesto casi todos los muertos desde el primero de diciembre— comparó esta crisis con el inicio del genocidio contra la Unión Patriótica.
