En la actualidad, el 91% de las empresas del país no tiene ningún proyecto para incentivar la paz.
Hace varios días, en un salón del club El Nogal, en Bogotá, más de 170 directivos de empresas de todo el país se reunieron, entre otros propósitos, para hablar de construcción de paz desde el sector privado. Al evento también fueron el presidente Santos, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti. La reunión se hizo en el marco de la Asamblea de Afiliados a la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).
Cuando intervino el presidente, lo primero que dijo fue lo que ya se ha repetido en muchos otros escenarios: el posconflicto será insostenible sin el apoyo del sector privado. Recordó que hay más de mil empresas afiliadas a la Cámara y les pidió su respaldo para lo que se le viene al país. Camilo Reyes, director Ejecutivo de AmCham, le dijo a Santos que tenía instrucciones de la junta para darle un mensaje de apoyo, de optimismo y de compromiso “para que Colombia sea capaz de pasar la página”.
¿Qué piensan los empresarios?
El año pasado, la Cámara de Comercio de Bogotá publicó los resultados de su encuesta empresarial de paz. Le preguntaron a 1.321 propietarios y gerentes de empresa su percepción sobre temas de construcción de paz. La encuesta, que se dividía en Construcción de Paz, Justicia Transicional y Refrendación de los Acuerdos, arrojó impresiones positivas y negativas respecto al papel que tendrá el sector privado en un eventual posconflicto.
Según los resultados, el 65% de los empresarios no conocían los acuerdos a los que para entonces habían llegado el Gobierno y las Farc en Cuba. Una posible razón de ese desconocimiento la explica otro punto de la encuesta: 9 de cada 10 creen que los acuerdos no han sido divulgados de manera correcta. Ese gran porcentaje de inconformidad con la pedagogía del proceso de paz se ha mantenido durante los últimos dos años.
La división ciudadana entre los que están a favor y en contra de dialogar con las Farc también se refleja entre los empresarios. En 2015, el 53% estuvieron en contra del proceso de paz, cifra que subió ocho puntos desde 2014. Las razones de más peso fueron que “con delincuentes no se negocia”, que desconfían de lo que pasa en La Habana y que desconocen cómo va el proceso y lo que se está negociando. Entre el 47% que sí apoyan el proceso, la mayoría cree que se va a alcanzar la paz y que el diálogo es la mejor alternativa.
Cuatro de cada cinco empresarios creen, así apoyen o no el proceso, que con la firma de la paz llegaría más inversión extranjera al país. Sin embargo, la mitad considera que el proceso no tiene cómo incrementar las ventas de su empresa ni cómo reducir los índices de pobreza en Colombia. El presidente Santos, frente a ese pesimismo de la mitad de los empresarios, repitió en el evento de AmCham que la economía podría crecer hasta un 5,9% en la próxima década.
Para cuatro de cada diez empresarios, el principal desafío que tiene el país de cara al posconflicto es hacer reformas en temas estructurales como vías, pobreza y educación. Pero esa cifra contrasta con la cantidad de empresas que tienen al menos un proyecto relacionado con la construcción de paz: apenas una de cada diez, y la cifra se mantiene desde 2014. De ese 9%, cuatro de cada diez apoyaron la construcción de paz dando empleo tanto a víctimas como a excombatientes.
De todo el universo de encuestados, un 30% dice que nunca daría empleo a excombatientes y apenas un 1% ya lo hace. Otro 30% dice que tampoco ayudaría nunca con proyectos de provisión de servicios básicos (agua potable, alimentación, saneamiento, vivienda) y un 3% ya lo hace. Además, un 28% dice que nunca apoyaría iniciativas orientadas a integrar y reconstruir zonas del país afectadas por la guerra, solo un 1% ya lo hace.
-
No solo se trata de dar trabajo a excombatientes: la gran tarea es llevar economía formal a las regiones donde antes lo impedía la guerra.
¿Dónde hace falta que ayude el sector privado?
En el evento de la AmCham, Rafael Pardo habló de dos tareas que tendrá el país en un eventual posconflicto. La primera es, firmado un acuerdo de paz, poder generar una estabilización de las regiones que más han sufrido el conflicto armado. En ese sentido, la prioridad es dar una respuesta rápida en lo referente a restitución de tierras y reparación a víctimas en esos lugares. Para eso, dijo, hay un programa con 26 componentes, de los cuales algunos ya están en marcha y otros empezarán apenas se firme el acuerdo.
La segunda tarea, según Pardo, “en un 99% no tiene que ver con los miembros de las Farc, sino con nivelar las condiciones de vida de las regiones con las de las ciudades”. Dijo también que sin la presencia de las guerrillas, que es lo que se espera que pase, la primera prioridad será llevar el Estado a lugares donde ha sido ausente. Pero para que eso pase, dijo, hay que reactivar la economía en esas regiones. Ahí es donde entraría el sector privado.
“Necesitamos que la economía formal, la economía empresarial del país, esté en todas partes, y no solo en grandes ciudades”, dijo el ministro, y agregó que “la mayoría de municipios del país solo tienen un empleador formal, que es el Gobierno municipal o el nacional, pero no hay empresa privada ni mercado”. Eso pasa, según sus cálculos, en 650 o 700 municipios de Colombia.
Sobre esa base, Pardo le hizo saber a los empresarios que la política del posconflicto busca dar incentivos para que miren hacia los lugares donde se necesitan. “Nosotros estamos pensando en incentivos tributarios”, sostuvo. Esa afirmación se puede mirar sobre la base de una de las cifras clave que arrojó la encuesta de la Cámara de Comercio: de las empresas que se mostraron esquivas para participar en procesos de reintegración o construcción de paz, el 31% dijo que cambiaría de opinión si les dieran, por ejemplo, alivios fiscales, beneficios en licitaciones y apoyo para la comercialización.
Pardo dio varios ejemplos de cómo se podrían integrar las políticas de posconflicto para que beneficien tanto a las poblaciones necesitadas como a las empresas. El primero, que ya está en marcha, consiste en ampliar concesiones para construcciones viales si los empresarios intervienen también las vías terciaras, además de las autopistas. El segundo, que debería ponerse en marcha pronto, según el ministro, es el de dar beneficios a las empresas que contraten desmovilizados, similares a los que dan a quienes contratan jóvenes.
Una tercera posibilidad, que también ya se está trabajando, es la generación de estímulos por la relocalización industrial. Es decir: beneficios económicos para quienes lleven empresa a donde antes no había. En suma, la intervención de Pardo giró alrededor de un punto esencial: las empresas pueden y deben ir más allá de contratar excombatientes. Deben apoyar estructuralmente la construcción de paz en las regiones.
Sin embargo, en el evento no se dejó de lado la importancia que tendrá la reintegración a la vida civil. El presidente dijo que el país debería recibir, según sus cálculos, a unos 17 mil reinsertados, entre armados y milicianos, y agregó que la capacidad para hacerlo ya está probada: desde que se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hace trece años, han trabajado con 59 mil desmovilizados.
Joshua Mitrotti, el director de la ACR, recordó que es tarea de todos recibir a los reinsertados. “Es la sociedad quien los recibe, no el Gobierno. Son ustedes, con sus impuestos”. Agregó que todo el trabajo que ha hecho la Agencia para reintegrar actores del conflicto a la sociedad ha costado más de 600 millones de dólares. “Pero eso es infinitamente menos costoso que la cárcel”, dijo. Según cifras de la ACR, una persona en proceso de reintegración vale 5,7 millones de pesos al año, mientras que en la cárcel vale 17,5 millones.
Mitrotti afirmó que hay más de 600 empresas vinculadas al proceso de reintegración, que han ayudado a que la mitad de los que pasaron por la Agencia se encuentren empleados. Sin embargo, aclaró que no hay que bajar la guardia. “Nosotros no le pedimos al empresariado empleo para el desmovilizado de forma prioritaria: le pedimos que le dé la oportunidad de competir. Y si compite y gana, tendrá todo el apoyo de la Agencia para emprender un camino que no es fácil pero es posible”, afirmó.
Las cifras muestran que todavía gran parte del empresariado es reacio a integrar proyectos de paz en su industria. Bien sea porque no les parece rentable o porque no apoyan el proceso. Sin embargo, Mitrotti y Pardo mostraron que hay maneras de hacerlo sin necesidad de que sea un gran sacrificio: la construcción de paz, según ellos, debería traer al final beneficios tanto para el sector privado como para la sociedad. No tienen por qué ser terrenos excluyentes.
