António Guterres acaba de presentar el informe trimestral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia. El panorama es agridulce.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, presenta un informe cada 90 días al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia. En él hace un balance de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz referidos a la reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC-EP, sus garantías de seguridad y las de sus familias, así como las garantías para las comunidades más afectadas por el conflicto.
El más reciente informe, que abarca el periodo del 27 de diciembre de 2018 al 26 de marzo de 2019, cuenta con 119 puntos. En ellos se resume el camino que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como los debates que ha suscitado. Del mismo modo, se incluyen resúmenes de los avances en los temas de Sistema Integral de Verdad; Justicia, Reparación y No Repetición; sustitución de cultivos ilícitos; desarrollo rural y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Secretario da cuenta de la fuerte polarización que se dio en este periodo con respecto a las opiniones frente a la JEP, y la decisión del presidente de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria. Frente a esta situación, Guterres afirma haberse reunido con el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo para reiterarle la preocupación de las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodea la aprobación de dicha ley, así como para recibir una explicación detallada de las objeciones del presidente.
Según el informe: “En una declaración conjunta, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en Colombia habían lamentado que, más de dos años después de la firma del Acuerdo Final, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara con una Ley Estatutaria”.
Por otro lado, el informe da cuenta de la polémica que surgió frente al Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, en el que no se incluían muchos de los puntos pactados en el Acuerdo final. Esto causó que 170 organizaciones llamaran a un paro nacional el 25 de abril. En el Cauca, Huila y Putumayo se dieron movilizaciones en marzo por los derechos sobre las tierras y para denunciar los continuos asesinatos de defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre otras cosas.
Para Guterres, la JEP se ha esforzado en seguir desempeñando sus funciones a pesar de la resistencia que se le ha impuesto: “En verdad, el impresionante y cada vez más amplio trabajo de la Jurisdicción Especial se ve eclipsado en ocasiones por los polarizantes debates mantenidos sobre su función”.
En resumen, desde la implementación de la JEP hace 15 meses, han sido 9.691 exmiembros de las Farc, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares los que han suscrito actas de sometimiento a la jurisdicción. Son siete los casos en los que ha comenzado a trabajar la JEP, dos de ellos dentro del periodo establecido en el informe, que abarcan aproximadamente 820.000 víctimas del conflicto armado.
¿Y la sustitución qué?
En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó de que, al 31 de enero de 2019, se habían inscrito 99.097 familias en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz. De las 51.824 hectáreas de coca declaradas por esas familias, se han erradicado voluntariamente en torno a 34.767 hectáreas”. Aunque el gobierno haya declarado que se cumplirán los compromisos con las familias que ya están dentro del programa, no está claro lo que va a pasar con las 30,000 familias que han pedido acceder a este, pero aún no han sido aceptadas oficialmente.
Dentro del Programa, el 94 % de las familias que se han inscrito han erradicado sus cultivos, y solo el 0,6 % de los cultivos han sido vueltos a plantar. En suma, el Secretario considera que se requieren más recursos y esfuerzos institucionales para cumplir los compromisos que se hicieron a las familias.
Con respecto al desarrollo rural, el 23 de febrero el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación anunció que ya se habían concluido los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estos programas trabajaron con “más de 200.000 representantes de agricultores a pequeña escala, organizaciones sociales, víctimas, mujeres, comunidades de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, autoridades étnicas, empresarios locales, el mundo académico y autoridades locales y regionales. En torno a unas 11.000 comunidades propusieron más de 33.000 iniciativas”. El objetivo de los programas es ayudar a más de 6,6 millones de colombianos y colombianas pertenecientes a 170 municipios.
Las tareas de la Misión que se enumeran en el informe tienen en cuenta, en primer lugar, la reincorporación, para lo que se espera que el Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en discusión en el Congreso actualmente, se prevean recursos adicionales y se aclare la situación de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que conservarán su actual condición jurídica únicamente hasta el 15 de agosto de 2019.
El Consejo Nacional de Reincorporación ha aprobado –hasta el 27 de febrero de 2019– 22 proyectos colectivos, superando los 20 notificados en diciembre. Del mismo modo, La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha aprobado 162 proyectos individuales que benefician a 1.592 exmiembros de las Farc, así como el desembolso de fondos para nueve proyectos colectivos y 133 proyectos individuales, entre los que se encuentra el primer proyecto étnico.
Otros temas en los que se reportan avances con respecto a la reincorporación son el acceso a tierras, que hasta la fecha ha sido nulo para los excombatientes de las Farc, el aumento en las contribuciones monetarias del sector privado para apoyar el programa, la inscripción del 14 % de excombatientes (1.773 personas) en cursos de educación básica en espacios territoriales de capacitación, el cubrimiento del 93 % de excombatientes en el sistema nacional de atención a la salud y la implementación de servicios de guardería en los espacios territoriales de capacitación para más de 800 niños y niñas.
La reincorporación política se ha dado por medio de la llegada de nueve representantes del partido Farc al Congreso de la República, así como la posible participación de candidatos del partido en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019, las primeras en las que participen.
Son pocos los avances que se han visto frente a las garantías jurídicas. Hasta la fecha se han acreditado 13.061 exmiembros de las Farc, pero sigue sin haber novedades acerca de los 1.000 exmiembros que se presentaron ante Oficina del Alto Comisionado el 10 de agosto de 2018. Además, el número de personas designadas como gestores de paz bajó de 254 a 229, muchos de ellos porque se les revocó su título por no cumplir con los requisitos.
Por otro lado, las garantías de seguridad se han visto impulsadas por las medidas que figuran en el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y periodistas, y el sistema integral de seguridad previsto en el plan “Paz con legalidad”. Dentro de los espacios de capacitación y reincorporación las fuerzas militares y la policía siguen presentando servicios de seguridad y hasta ahora no se han registrado incidentes graves relacionados con la seguridad.
Problemas de seguridad
Sin embargo, fuera de estos espacios la seguridad de los excombatientes sigue estando en riesgo: en el periodo que abarca el informe han sido asesinadas 12 personas y, desde la firma del Acuerdo de Paz, 99 verificados y 3 en espera de verificación en total. Por este motivo, el Secretario considera pertinente hacer mejorías en las garantías de seguridad de los excombatientes.
El panorama es similar en cuanto a los líderes sociales, por lo que el Secretario afirma: “Sigo profundamente preocupado por los continuos ataques contra líderes sociales y contra defensores y defensoras de los derechos humanos y pido que se adopten medidas rápidas para evitar nuevos asesinatos y para llevar a los autores ante la justicia”. En el periodo considerado por el informe fueron asesinados 29 líderes, de los cuales cuatro eran mujeres. Entre estos se han verificado solamente seis casos. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha verificado un total de 226 casos desde la firma del Acuerdo de Paz. Ente los casos, los que más destacan son los perpetrados en contra de líderes indígenas, aquellos de poblaciones étnicas y las mujeres.
Otras cuestiones transversales tenidas en cuenta en el informe son, por ejemplo, la inclusión de la perspectiva de género y la colaboración con grupos de mujeres. A pesar de que este fue un paso histórico en el Acuerdo de Paz, y uno que ha recibido múltiples elogios, la verdad es que, según el Secretario, los avances en este tema no se han dado de manera satisfactoria. Por este motivo, exhorta al gobierno a que dé prioridad a la aplicación de este apartado.
Entre los ejemplos que usa el Secretario para mostrar la realidad de esta falencia está el asesinato de la lideresa social Maritza Quiroz el 6 de enero, así como las múltiples amenazas que reciben las mujeres, los ataques y los casos de violencia sexual reportados.
En resumen, Guterres afirma que, aunque el proceso de paz ha tenido unos logros históricos, como el fin del conflicto que duró decenios, la celebración de las elecciones más pacíficas en años y la transformación de las Farc de un grupo insurgente a un partido político, todavía quedan muchos pasos importantes para poder consolidar la paz en Colombia.
Algunos de los obstáculos con los que se enfrenta la paz son el asesinato de líderes y lideresas sociales y de miembros de las Farc, la incertidumbre de los excombatientes en cuanto a su situación jurídica, física y económica, y la necesidad de las comunidades de una presencia estatal que les garantice seguridad, servicios básicos, tierras y alternativas viables a las economías ilegales.
Por último, el Secretario General de las Naciones Unidas aplaude el proceso que se ha dado en Colombia y el ejemplo mundial que estableció al poner fin al conflicto y demostrar la resiliencia de su gente y sus instituciones. Guterres, además, invita a los colombianos a mantener la fe en el proceso: “Es vital que los colombianos y las colombianas mantengan la fe en un proceso de paz que ha producido grandes beneficios pero que todavía tiene promesas que cumplir”.
