Economías legales e ilegales han sido las culpables de más de medio siglo de desplazamientos en Putumayo.
Durante los años setenta del siglo pasado, campesinos e indígenas del altiplano nariñense, buscando oportunidades después de desplazarse de sus tierras, llegaron a Putumayo, donde Texaco, abría vacantes para trabajar en vías y pozos petroleros. Los nuevos frentes de trabajo se convirtieron en avanzadas de colonización y se crearon, a partir de ahí, muchos asentamientos nuevos.
A principios de los ochenta, Texaco abandonó la explotación en ese departamento. Llegó Ecopetrol, pero los resultados de su operación no fueron los esperados. Esa década y la siguiente coincidieron con el auge del cultivo de coca y el fortalecimiento de las Farc en la región. La economía cocalera sirvió para acabar de configurar el territorio en Putumayo: los asentamientos que habían nacido con Texaco en los setenta crecieron y muchos de ellos se convirtieron en municipios.
Hacia 1999, las Farc dominaban todo el escenario cocalero en esa zona. Durante la década del noventa, el porcentaje que representaba la coca de Putumayo sobre el total del país pasó de 5,8 a 36,4%. Ese auge atrajo a los paramilitares que, antes de que empezara el nuevo siglo, lograron consolidar el bloque Sur Putumayo. Por varios años, paramilitares y guerrilleros disputaron con violencia por el control del territorio y la economía del narcotráfico.
Esa situación fue la base para que, en el 2000, durante el gobierno de Andrés Pastrana, Putumayo fuera uno de los departamentos priorizados para implementar el Plan Colombia. Con el Plan empezaron las erradicaciones de coca con glifosato y la fuerte militarización del territorio. La economía cocalera declinó tímidamente y los grupos ilegales cambiaron su configuración, los más afectados fueron los campesinos, que tuvieron que sufrir las consecuencias colaterales del poderío militar y las afectaciones a la tierra y a la salud causadas por el glifosato.
La militarización del territorio fue una de las razones para que la economía petrolera resurgiera a partir de 2005. En la actualidad, a pesar de la desmovilización del bloque Sur Putumayo de las AUC y el desescalamiento de las acciones guerrilleras, la industria petrolera convive con la presencia de grupos armados ilegales, que siguen moviendo el negocio de la coca. Ambas economías, la petrolera y la cocalera, han sido determinantes para entender la ocupación de la tierra, el desplazamiento y el despojo en Putumayo. Esa es la tesis del último informe lanzado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): “Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo”.
Compañías petroleras controlaban el territorio a gusto
En 1963, después de la gran ocupación del territorio que motivó la explotación petrolera de Texaco, empezaron a llegar denuncias por los abusos que supuestamente cometieron las “compañías norteamericanas” contra los derechos de propiedad de la tierra y las condiciones laborales básicas. Según el informe, que se basa en testimonios de la época, esas empresas se comportaron de formas que impedían la posesión de parcelas por parte de campesinos.
Texaco, cuenta el CNMH, “les había prohibido construir sus viviendas en los predios ocupados y había “usurpado” las funciones de las autoridades civiles de la Comisaría para ordenarle a la fuerza pública el destierro y la destrucción de sus viviendas, así como el control minucioso de la población migrante que ingresaba a la zona”. La compañía petrolera ejercía, de mano propia, control territorial contra quienes consideraba “indeseables”, entre los que, según el informe, había desde familias de colonos hasta prostitutas.
- El gobierno local, antes que regular esa conducta, la legalizó. A finales de los sesenta expidió dos decretos que prohibían la entrada de “personas extrañas a Texas Petroleum Company” a las más de 4 mil hectáreas de reserva petrolera. Las personas afectadas, explica el Centro de Memoria, eran más de 1.200. Sin embargo, esa situación se mitigó un par de años más tarde, cuando el gobierno central presionó para que se detuvieran los desalojos. Una comisión de verificación obligó a Texaco a reconocer los abusos cometidos contra los colonos.
Los destierros en el marco del conflicto
En los ochenta, el auge de la coca le quitó al petróleo el protagonismo en los procesos de asentamiento y consolidación territorial. Entre 1985 y 1994, por causa de esa economía, se crearon cuatro nuevos municipios en Putumayo. La población del departamento casi se duplicó en ese mismo periodo. Pero, explica el informe, la llegada de la coca no solo promovió un crecimiento demográfico sino un cambio más drástico en el ambiente: se instalaron en el territorio narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.
“El despojo de tierras que ha ocurrido en Putumayo en el marco del conflicto ha sido sustancialmente diferente del que ocasionó la industria petrolera”, dice el CNMH. La razón principal es que el narcotráfico, a diferencia de las compañías de petróleo, no necesita de la propiedad sobre la tierra para extraer los recursos. No obstante, si bien la economía cocalera no necesitaba de las tierras, otros factores dentro de la lógica de la guerra sí lo hacían.
En ese sentido, el informe se refiere a “dos Putumayos”: el del cultivo de coca y el de territorios estratégicos para el tráfico de armas y transporte de tropas. “El aumento en las cifras del desplazamiento forzado, abandono de predios, asesinato y desaparición forzada de la población de este departamento, particularmente de la rural, es producto de la disputa por ese corredor”: el de armas y tropas.
En el caso de las Farc, una de las formas de “cuidar” el territorio fue desterrar a familias enteras porque uno o varios de sus hijos se habían ido, la mayoría de veces obligados, a prestar servicio militar. Los guerrilleros, dice el documento, seguían viendo a esos jóvenes como combatientes enemigos, y a sus familias como auxiliadoras. Desobedecer ese destierro impuesto por las Farc, explican, “podría acarrear la pena de muerte”.
Una modalidad de despojo menos conocida se refleja en un caso que relata el informe: un campesino decidió, por la violencia, abandonar su tierra e irse a Mocoa. Cuando se fue, vendió el territorio a un vecino, que le adelantó el 20% y recibió el título de propiedad. Ese vecino, cercano a la organización de la guerrilla, acudió a ellos para que, a cambio de una comisión, obligaran al dueño de la tierra a no cobrar el resto de la deuda. De ese modo, en no pocos casos, el abandono forzado acabó por convertirse en despojo.
Por su parte, el bloque Sur Putumayo de las AUC recurrió principalmente al despojo material de fincas y viviendas. Aunque, después de su desmovilización, algunos de los antiguos ocupantes lograron volver, el CNMH hace énfasis en que, por la manera en que eran despojados, las secuelas psicológicas son mucho mayores: los paramilitares quemaban viviendas o incluso obligaban a los campesinos a convivir con ellos en sus propias tierras.
Como ocurrió en otros lugares del país, la guerra paramilitar, aunque con el pretexto “antisubversivo”, fue más por control de territorios y sus economías. En el caso de Putumayo, la cocalera. Eso hacía que, como explicó el CNMH, los despojos fueran muchas veces temporales, pues para el narcotráfico el valor de la tierra es pasajero y no es necesario legalizar lo usurpado por vía judicial o administrativa, como sí pasó en otros departamentos.
