Hay posiciones cruzadas sobre esa decisión, luego de que el Gobierno y las Farc incumplieran su compromiso de llegar a un acuerdo final antes del 23 de marzo.
Cuando el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko” anunciaron, sentados en la misma mesa, que el 23 de marzo de 2016 sería fecha límite para la firma de un acuerdo final de paz, reconocieron que honrar ese compromiso no sería un reto menor.
“No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar”, dijo el presidente Santos. Y el primer momento difícil fue, precisamente, el que lo había llevado a estrechar la mano del comandante de las Farc: apenas unos días después de que ambos sellaron un acuerdo sobre el tema de justicia, se supo que la discusión sobre ese documento tendría que abordarse de nuevo para detallar algunos puntos, con todos los retrasos que eso implicaba.
“Fijar plazos exactos es un riesgo para las partes, por eso en la metodología general no se pusieron términos de tiempo. Sin embargo, en el acuerdo del 23 de septiembre, en un marco de optimismo y de avance, quedando solo dos temas, se puso la fecha que se cumple hoy, pero era previsible que fuera solo una fecha aproximada”, dice Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Ese 23 de septiembre de 2015, Santos y “Timochenko” también hablaron de la necesidad de dinamizar las conversaciones; dijeron haber ordenado cada uno a sus delegaciones agilizar el proceso para lograr avances en el menor tiempo posible.
Y aun cuando es claro que el plazo de seis meses no se cumplió, haber puesto el cronómetro en cuenta regresiva sí habría sido de ayuda para abordar temas que, de otra forma, todavía podrían ser asuntos pendientes en la agenda.
Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, asegura que debe valorarse que algunos asuntos álgidos lograron discutirse, pero además de los temas de la agenda, Cepeda destaca resultados concretos como la reducción de las acciones armadas. “Haber puesto la fecha era necesario, pero como todo en los procesos hay que verlo con flexibilidad por la posibilidad de avances y retrocesos. Más que anuncios, lo que produce tranquilidad es ver los hechos: desde hace siete meses ha descendido ostensiblemente la confrontación armada, se está produciendo un cese bilateral de facto, se ha logrado evitar que se sigan produciendo acciones contra la infraestructra económica y hubo acuerdo para la verificación en cabeza de la ONU y la Celac”, dice Cepeda.
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Jaime Fajardo Landaeta, desmovilizado del EPL, quien hizo parte de la negociación de paz con esa guerrilla y de la Asamblea Constituyente que promulgó la carta política de 1991, coincide con la idea de que el plazo empujó las conversaciones: “Con la fecha, las delegaciones de ambos países trabajaron duro, y a pesar de los momentos de crisis, se avanzó en temas que son muy importantes como los que discute la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto desde hace ya más de un año”.
No obstante, según él, es necesario que los avances que se lograron en este periodo se transformen en resultados tangibles, que le permitan a la ciudadanía entender en qué se invirtieron los últimos seis meses de conversaciones.
“Para la opinión pública nacional es necesario que se presenten resultados en puntos como la dejación de armas y la concentración. Si hoy se entrega algo en ese sentido se gana en optimismo y se genera una expectativa positiva, mucho más si eso se complementa reconociendo que el acuerdo no se logró el 23 de marzo, pero se define una fecha a más tardar para mayo o para junio”, dice Fajardo Landaeta.
Villarraga, en cambio, dice que la posibilidad de que los anuncios sean menores no debe generar preocupación. “No creo que deba existir una alta expectativa o una presión injustificada. El gobierno y las Farc están respondiendo con un acumulado de acuerdos importantes y con un trabajo serio. No vería como algo insalvable que no haya propiamente un acuerdo. Eso sí, si se entrega un cronograma, como se dice que puede pasar, deberá también tener un rango de prudencia porque no se trata de prolongar excesivamente la negociación”, afirma el directivo del CNMH.
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En otra orilla están quienes consideran que establecer una fecha sirvió para ratificar los supuestos incumplimientos que han rondado la negociación. Para la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, “lo primero que hay que decir es que este proceso está lleno de engaños, porque el presidente aseguró que iba a ser de meses y ya llevamos años. Creo que poner esta fecha lo único que hizo fue debilitar más al Gobierno y fortalecer a las Farc, que son las que ponen los tiempos de la negociación”.
Pese a ello, Valencia celebra “que no hayan firmado ese acuerdo como está hoy en día. Darle impunidad a los criminales de lesa humanidad y premiarlos con representación política genera sentimientos de injusticia y de vulneración a las víctimas. Entonces creo que es muy bueno que haya otro tiempo para que el Gobierno reflexione y haga los cambios necesarios”.
Aun cuando se sabe que este 23 de marzo no habrá firma del acuerdo final, todos los ojos siguen puestos en La Habana. El anuncio de avances significativos en la mesa podría darle un margen adicional a la confianza en el proceso, en cambio, la posibilidad de que esos avances no lleguen, sería un nuevo golpe político que tendría que superar la negociación.
