En el foro "Coca regulada, paz garantizada" se discutió sobre cuál debe ser el futuro de la política de drogas en el país.
Foto: Felipe Chica Jiménez
Uno de los problemas que el país tendrá que resolver de cara a la paz será el de las drogas. El narcotráfico, por supuesto, pero también la situación de los pequeños productores y los consumidores. Las tensiones, en Colombia, se centran en la coca y la cocaína. No solo porque la hoja y esa sustancia prohibida son identificadas como el combustible para el conflicto armado sino porque, mientras haya un mercado ilegal, habrá quien quiera satisfacer la demanda, quien quiera copar el mercado, y unas instituciones que deberán desplegar el camino de la fuerza para contrarrestar un ciclo de violencias que le deja el peor saldo a los consumidores y los cultivadores, los más débiles de la cadena.
De unos años hacia acá, al menos de puertas para afuera, el Gobierno ha mostrado arranques de voluntad para revolucionar la política de drogas, pero las decisiones internas, aunque en varios casos han mostrado esa intención de cambiar, no terminan de ser contundentes.
El debate sobre el tema es necesario y está más abierto que nunca. Importantes funcionarios del Estado, como el exministro de Justicia, Yesid Reyes, o el director de la política contra las drogas, Javier Flórez, han hablado públicamente sobre lo imperativo que se volvió cambiar el enfoque y pensar en una regulación. Colombia, en cabeza del presidente, se ha parado frente a la comunidad internacional con una apuesta vanguardista que espera dar resultados distintos a los que se han visto desde hace 50 años, cuando el mundo entero se propuso acabar de tajo con las drogas.
La sociedad civil, en cabeza de varias organizaciones, desde campesinos hasta promotores del consumo seguro y responsable, pasando por académicos e investigadores, ha empezado a entender que quizás la forma de presionar el fin de la violencia asociada a los enfoques prohibicionistas es volverse ‘cansón’ con el debate, que eventualmente retumbará en los oídos y las agendas de quienes hacen leyes y políticas. En ¡PACIFISTA! adherimos esa posición.
Con ese norte, participamos en un panel donde varios expertos presentaron una visión amplia de los temas que no se podrán perder de vista de aquí en adelante: diferenciación penal para pequeños productores y consumidores, las visiones del movimiento campesino sobre erradicación y sustitución, la industria de productos alternativos y medicinales, y la implementación de los acuerdos sobre drogas alcanzados en La Habana.
El foco de la discusión, organizada por Acción Técnica Social, fueron la coca y la cocaína, que para los expertos es el tema más urgente por el tamaño de la industria y sus consecuencias. Los escuchamos y estos son los temas que, al menos idealmente, marcarán el camino hacia una regulación completa de la coca y la cocaína:
- Foto: Santiago Mesa
Las consecuencias de una política de drogas mal enfocada e insuficiente no son menores. Al año, solo en Colombia, detienen a más de 87 mil personas por delitos asociados a las drogas. Al 94% de ellas las cogieron con pequeñas cantidades de drogas. Aunque menos del 10% llegan a ser condenadas, en las cárceles del país hay más de 25 mil pagando penas por eso. Y pasa lo mismo: el 90% de ellas están ahí por delitos menores. Las cifras las dio Javier Flórez, reconociendo que históricamente el Gobierno no ha atacado el tema como se debe.
No lo ha hecho porque, a pesar de esas capturas, y a pesar de haber probado la fumigación aérea con glifosato, los cultivos no han disminuido. Todavía se calcula que hay más de 250 mil familias que viven de cultivar hoja de coca (muchas de ellas incluso la transforman en pasta base), que hay más de 150 mil hectáreas cultivadas, que esa cifra se mantiene o aumenta con los años y que se siguen produciendo más de mil toneladas de cocaína al año. Las incautaciones, ha dicho el Gobierno, superan las 250 toneladas anuales, pero eso no parece restarle poder al negocio: Colombia sigue produciendo 9 de cada 10 gramos de la cocaína que se consume en Estados Unidos.
¿Y entonces? Los movimientos cocaleros-campesinos vienen planteando soluciones alternativas desde las grandes protestas que hicieron en los años 80 y 90 hasta los más recientes paros agrarios. Luz Perly Córdoba, miembro de la Cumbre Agraria, cree que hay que poner la mirada sobre las regiones más abandonadas por el Estado, que coinciden con las zonas donde más alta es la producción de coca. Allá donde las transacciones no se hacen con dinero sino con gramos de pasta base, donde son casi nulas las alternativas que tienen los campesinos aparte de meterse a la cadena de las drogas.
Para Luz Perly no ha sido suficiente la atención que ha prestado el Estado a las discusiones que se han dado en los encuentros entre campesinos y funcionarios. Dice que, a pesar de que por medio de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdos se han reunido varias veces con el Gobierno a concertar soluciones, estas no se han visto. Esa posición la respaldó David Curtidor, coordinador de Cocanasa, quien dijo que, mientras por un lado se negocian alternativas, por otro lado se avanza con las industrias de monocultivos y leyes como la de las Zidres, que a su juicio solo perjudican a los campesinos.
La discusión sobre la coca y la cocaína hasta ahora ha sido tímida. Los panelistas coincidieron en que internacionalmente ha habido mucha más apertura a la hora de hablar de cannabis y marihuana, y que hacia allá han apuntado gran parte de los esfuerzos del gobierno colombiano. Resaltaron que el gran lío es la coca: allí están las mafias más grandes, la mayor cantidad de campesinos y los problemas más relevantes de consumo, aunque no descartaron que se puedan recoger frutos de la experiencia con la regulación de la marihuana.
Gran parte de las posibles soluciones para el tema de la coca están consignadas en el acuerdo sobre el punto 4 de la agenda que desarrollaron el Gobierno y las Farc en Cuba. Al respecto, César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), resaltó que se haya acordado un mecanismo de sustitución de cultivos basado en la concertación con los campesinos. Ese punto de la agenda, a grandes rasgos, contempla seguir atacando a los eslabones grandes de la criminalidad, plantea garantías para que los campesinos no estén “obligados” a sembrar cultivos de uso ilícito y propone abordar el consumo desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos, en lugar de criminalizarlo.
La implementación de los acuerdos y de otras políticas en el tema de drogas serán lentas. Así lo admitió Javier Flórez, el director de la política contra drogas del Ministerio del Interior. Sin embargo, agregó que el Gobierno sí está trabajando con fuerza: recientemente se anunció desde La Habana un plan piloto de sustitución en Briceño (Antioquia), se aprobó la marihuana para usos medicinales y actualmente se diseñan con la Cancillería planes piloto de mercados de droga regulados por el Estado.
Zara Snapp, experta en políticas internacionales de drogas, resaltó la urgencia de acelerar y robustecer el debate alrededor de la coca. Entre las ventajas de una nueva política de drogas, destacó la reducción de la violencia, la disminución de la corrupción asociada a esa industria, el respeto por los derechos humanos de los eslabones menos fuertes de la cadena, el “desempoderamiento” del crimen organizado y, eventualmente, la disminución del consumo. La discusión apenas comienza pero su potencial es enorme. La gran motivación es que, además de los investigadores y los campesinos y los líderes de siempre, ahora el Gobierno también habla del tema.
