Según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, en este 2020 han asesinado a 17 líderes sociales que colaboraban con la sustitución voluntaria.
Nelson Ramos fue uno de los impulsores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Piamonte, un pueblo del sur del Cauca. Este líder social le apostó a cambiar los cultivos de hoja de coca por otros más legales. La semana pasada, cuando compartía con su familia, un grupo de hombres armados llegó hasta su casa, lo sacó y luego lo asesinó.
En medio del fuego: así les toca vivir a los líderes sociales de Piamonte, en el Cauca
Ramos, al igual que otros 71 hombres y mujeres, hace parte de una dolorosa lista de líderes asesinados tras colaborar con el PNIS desde que se puso en marcha, en 2017, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Una lista que va en aumento debido a la constante violencia en contra de defensores de derechos y líderes en Colombia. Estas muertes, además de perjudicar procesos sociales, generan pánico entre las organizaciones y comunidades que se comprometieron a la sustitución voluntaria.
Recordemos que el PNIS se creó para promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con programas y proyectos que contribuyan a la superación de la pobreza y la marginalidad de familias campesinas que subsisten de la hoja de coca. Así quedó pactado en el punto cuatro del Acuerdo de paz.
De acuerdo con el balance de septiembre de 2020 que entregó la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes conocida como Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto) sobre el PNIS, hay 99.097 familias de 54 municipios que están inscritas al programa. Y en cuanto a la efectividad de la sustitución, la consejería habla de 16.121 hectáreas de hoja de coca erradicadas.
Para el Instituto Kroc, que se encarga de hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz, si bien el PNIS está funcionando, tiene el reto de consolidarte en las zonas más remotas del país donde el Estado sigue siendo débil y los grupos armados ilegales continúan presionando a las comunidades campesinas que participan del programa.
Justamente la Coccam señala que en este 2020 han sido asesinados 17 líderes que colaboraban con la sustitución voluntaria. De hecho, a falta de dos meses para que se acabe el año, ya se superó la cifra de 2019 (17 muertos). Hernando Londoño, director del PNIS, condenó esos crímenes, pero niega que se deban a que los líderes estén apoyando el programa.
Además de la violencia que golpea a los líderes de las comunidades comprometidas con la sustitución, el Gobierno Nacional se ha empeñado en adelantar operaciones de erradicación forzada e insiste en retomar la fumigación aérea con glifosato. Los operativos de este 2020 provocaron problemas en la seguridad de regiones como la del Guayabero, en el sur del Meta, y Tumaco, en el Pacífico nariñense.
El Gobierno está aprovechando la pandemia para la erradicación forzada
En el más reciente informe sobre la implementación de la paz del Instituto Kroc, hay entrevistas a líderes que apoyan el PNIS donde hablan del estancamiento del programa: les aplazan las reuniones, no son puntuales en los pagos que reciben a cambios de arrancar los cultivos de hoja de coca y la asistencia técnica se demora. Todo esto reduce la confianza en el programa.
Kroc recomienda que ante un panorama tan regular es necesario sostener un diálogo constante con las familias y comunidades vinculadas a la sustitución voluntaria. Y por la consolidación de grupos armados ilegales, se requiere una mayor presencia del Estado en zonas donde se adelanta el PNIS. Una presencia que no solo garantice seguridad a la población, sino que de la mano de herramientas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial estimule el desarrollo de economías lícitas.
