‘La operación Dragón, para asesinar a líderes sociales, no puede repetirse’ Foto: Remap (Red de Medios Alternativos y Populares)
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‘La operación Dragón, para asesinar a líderes sociales, no puede repetirse’

Santiago Valenzuela A - Enero 29, 2019

Eva María Uribe, actual directora del Instituto Agustín Codazzi, fue investigada por la operación contra los líderes sociales. El senador Alexander López asegura que ella es responsable.

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Seis días después de que un juzgado condenara a tres oficiales (r) del Ejército por elaborar un plan para asesinar a líderes sociales en Valle del Cauca en 2004, el presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), Ricardo Muñoz, sufrió un atentado en su casa. La discusión de fondo, además de la violencia contra los sindicatos, es algo que el gobierno no ha querido aceptar: la participación del Estado en los asesinatos a y amenazas a líderes sociales.

Hablemos primero del atentado. La versión de Muñoz es que, al salir temprano de su casa, en el barrio El Troncal, en Cali, unos hombres se acercaron a su escolta y lo atacaron con armas rudimentarias. Él vio la escena y regresó a su casa. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía dicen que no se trató de un atentado, sino de un intento de atraco contra el escolta del líder sindical.

El sindicato, horas más tarde, emitió un comunicado en el que señaló que en los últimos meses han recibido “múltiples panfletos en los cuales se amenaza con atentar contra la vida de nuestra junta directiva, especialmente de la presidencia. Hoy nos sentimos perseguidos, pero expresamos que nuestras luchas por defender nuestro patrimonio, no cesará”.

El miedo que siente tiene raíces en la misma razón de 2004: la privatización de EMCALI. “Urge contarle a la comunidad caleña, que hace parte de la historia de nuestro país los intentos de privatización de nuestra empresa, y que en el marco de estos procesos privatizadores han surgido múltiples acciones para amedrentar nuestro ejercicio de defensa de lo público”.  De hecho, el fallo del juzgado hace alusión a ese mismo temor cuando explica que con la Operación Dragón, en 2004,  los militares intentaron “debilitar la actividad sindical de Sintraemcali, empeñada, en ese momento, de impedir que el Gobierno Nacional privatizara las Empresa Públicas Municipales de Cali”.

Lo que sucedió en los tribunales hace unos días tiene que ver con estos actos de violencia que en han tenido que afrontar los líderes sindicales en Colombia. El Juzgado Cuarto Especializado de Cali condenó a los militares Alfonso Abondan Mikan, Marco Fidel Rivera y Julián Villate Leal por participar en la Operación Dragón, la cual, además de perseguir a líderes en Valle del Cauca, incluidos sindicalistas, buscó silenciar al senador Alexander López Maya y a Berenice Celeyta, defensora de derechos humanos.  Esta historia, piden los sindicales,  no se puede repetir y por eso el gobierno debe dar más explicaciones sobre algo que califican como un simple “intento de atraco”.

Entre 2004 y 2006, la intimidación contra los líderes sociales en Valle del Cauca se intensificó. La Tercera Brigada del Ejército, durante esos años, realizó informes de inteligencia en donde vinculaba a varios dirigentes de organizaciones de derechos humanos con las guerrillas de las Farc y el ELN, con el fin de judicializarlos después por los delitos de rebelión y terrorismo. Entre las personas que aparecían en las denuncias infundadas del Ejército estaban varios trabajadores de Emcali y otros líderes de sindicatos universitarios, carcelarios así como trabajadores del sector público.

El 25 de agosto de 2004 la Fiscalía desmanteló el plan de exterminio “Operación Dragón”, liderado por una red de inteligencia conformada por militares activos y en retiro. Se hacían llamar Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis). Desde las oficinas de estas “consultoras” se ejecutaban planes para silenciar a los líderes sociales, un antecedente que puso en cuestión la protección que el Estado debía brindarle a los defensores de derechos humanos.

En los años siguientes el senador Alexander López Maya denunció el caso ante  la Fiscalía, entidad que capturó al teniente coronel Juan Villate Leal y a los mayores Marco Fidel Rivera, Hugo Abondano Mikan y Huber Jesús Botello por concierto para delinquir agravado por la operación ilícita Dragón. En 2011, López pidió que también fueran “detenidos como autores intelectuales, la ex superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, el exgerente interventor Carlos Alfonso Potes y el jefe de seguridad de EMCALI, Germán Huertas”.

La indignación apareció de nuevo con el gobierno de Iván Duque. Eva María Uribe, quien según López Maya habría participado en la Operación Dragón, es hoy la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Diferentes activistas y senadores han pedido la renuncia de Uribe, quien por el momento no ha sido encontrada culpable por lo sucedido entre 2004 y 2006. La funcionaria, hasta el momento, ha negado cualquier vínculo con esta operación ilegal. Aceptó, sin embargo, que en esa época recomendó a una persona para que se hiciera cargo de la seguridad de Emcali, que en ese entonces sufría atentados constantes de infraestructura por la guerrilla.

Toda esta discusión trae a colación la pregunta sobre el papel del Estado en los asesinatos contra líderes sociales. En la investigación ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo, publicada a finales del año pasado, aparecen las siguientes cifras: de los 257 casos registrados después de la firma del Acuerdo de Paz, en 11 el Ejército fue el responsable. Con el atentado de este lunes, los dirigentes del sindicato piden garantías de seguridad. Dependerá del Estado construir confianza.