En el transcurso de 2018 no se vieron estrategias para atender a las 5.1 millones de personas afectadas por la guerra.
2019 no será un año fácil para para Colombia. Las necesidades humanitarias hoy, según la ONU, son mayores a las que tenía el país en enero del año pasado. Los homicidios aumentaron: pasaron de 11,831 en 2017 a 12.311 en 2018 – cifras a corte del 20 de diciembre, del Ministerio de Defensa–. El conflicto se reactivó y la migración creció de forma acelerada: Colombia pasó de tener 38.892 venezolanos en enero de 2016 a 1.032,016 en diciembre del año pasado. Las disidencias de las Farc engrosaron sus filas con más de 1.000 integrantes y los diálogos de paz con el ELN se suspendieron.
El gobierno de Iván Duque deberá esforzarse si no quiere que la violencia siga repuntando en las zonas de conflicto. Así lo recomienda la ONU en un informe reciente sobre las “necesidades humanas” en Colombia. El documento comienza con una cifra general: en este momento, 7 millones de personas necesitan asistencia por diferentes consecuencias del conflicto armado.
El documento relata, más adelante, algunos de los episodios que marcaron el 2018: en marzo, “más de 16.125 personas fueron desplazadas por combates entre el ELN y el EPL en Catatumbo, Norte de Santander”. Un mes después, en abril, 4.710 personas fueron desplazadas en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Sur de Córdoba por disputas entre Bacrim y disidencias de las Farc. En junio apareció otro reporte: “el confinamiento de más de 5.073 personas indígenas y afrocolombianas en Chocó por amenazas y ataques contra civiles por parte del ELN”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó, mes a mes, las dinámicas del conflicto en los 32 departamentos. El Acuerdo de Paz con las Farc representó “un alivio humanitario en muchas regiones golpeadas por el conflicto”, dice el documento. Sin embargo, en el transcurso de 2018, no se vieron estrategias para atender a las 5.1 millones de personas afectadas por la guerra.
Y en zonas fronterizas, como el Catatumbo, la llegada masiva de ciudadanos venezolanos ha hecho más difícil la situación (de los dos millones de venezolanos que han salido de su país hacia otros países de Latinoamérica, un millón, es decir, el 50m %, han llegado a Colombia, según recoge el informe). En este lugar, donde convergen las guerrillas del ELN y el EPL, existen más de 28.000 hectáreas de coca –según la ONU– y desde 2016 los habitantes de esta población han sufrido 432 ataques de los grupos armados.
Volvamos al plano nacional. Como lo muestra la siguiente gráfica, en 2018 creció el número de personas que necesitan asistencia humanitaria. Hoy son un millón más que en enero del año pasado.
En el mapa de riesgo, la ONU tiene identificados 268 municipios ubicados zonas de frontera que merecen atención por el incremento en homicidios y la consolidación de grupos armados. Zonas en conflicto, como Nariño y Norte de Santander, se están convirtiendo en ejemplos que develan las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz. Existe, a juicio de Naciones Unidas, una “debilidad de las instituciones estatales o su inexistencia” en estos territorios, lo que aumenta “las economías ilegales y los incansables esfuerzos de los grupos armados por atraer a antiguos miembros de las Farc-Ep”.
La disputa de grupos armados está acentuando el desplazamiento forzado con el paso de los años. Desde la firma del Acuerdo de Paz, dice la ONU, se han desplazado más 57.800 personas. “Preocupa que, entre enero y octubre de 2018 se desplazaron más de 30.000 personas, representando un 66 % más del total registrado en 2017 y superando las cifras anuales de los últimos cinco años”. En Norte de Santander, por enfrentamientos entre el ELN y el EPL, han sido desplazadas cerca de 12.600 personas.
El número de personas confinadas por la guerra también creció. Y esto tiene que ver, directamente, con el aumento de minas antipersonal en Colombia –según el Alto Comisionado de Paz, el número de víctimas por minas antipersonales pasó de 46 a 113 entre 2017 y 2018.
Entre enero y octubre de 2018, dice la ONU, se registraron “al menos 20.498 personas confinadas, representando 880 % más del total en 2017, con mayor afectación en comunidades indígenas (61%)”. El 80% de los casos de confinamiento se dieron por confrontaciones entre el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el EPL por el control de los cultivos de uso ilícito.
Líderes sociales y sustitución de cultivos
Sin duda, una muestra del mal momento por el que pasa Colombia son los asesinatos de líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, en 2018, “en promedio cada 48 horas fue asesinada una personas que trabajaba por los derechos humanos o era líder social”.
El año pasado la entidad registró 172 homicidios de líderes: 158 eran hombres y 14 mujeres. Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que la misma Defensoría registró 186 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2018. Los departamentos más afectados: Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).
En el trabajo de campo, la ONU encontró que las organizaciones que trabajan en proceso desminado y sustitución de cultivos están en la mira de grupos armados. En el transcurso de 2018, dice el informe, por lo menos 22 organizaciones tuvieron dificultades para trabajar en sus territorios. Esto sucedió principalmente en Arauca, Nariño, Caquetá, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Antioquia y Sur de Córdoba. “Algunas áreas presentan restricciones porque actores armados estatales y no estatales condicionan el acceso, creando un riesgo de cierre de espacios humanitarios”.
Mientras las organizaciones que promueven la sustitución están teniendo problemas para trabajar, los cultivos de coca van en aumento y así lo advierte la ONU. Con corte al 31 de diciembre de 2017 “se destaca el incremento del 17% de área sembrada de coca (25.000 hectáreas) respecto a la medición realizada en 2016, alcanzando 171.000 hectáreas”. Los departamentos con más cultivos de uso ilícito, Nariño, Norte de Santander y Cuaca son justamente los que han entrado en la lista de regiones en mayor riesgo por el conflicto armado.
¿Quiénes terminan afectados por la guerra?
Entre enero y octubre de 2018, dice la ONU, las comunidades indígenas y afrocolombianas concentraron el 83 % de los casos de confinamiento como consecuencia del conflicto armado. En total, 16.969 personas resultaron afectadas. Del total, 13.324 (el 44 %) fueron desplazadas de sus territorios. El informe hace una precisión importante: en Antioquia y Córdoba existe una situación difícil de desplazamiento y confinamiento de las comunidades indígenas , “pero ha sido difícil cuantificar su afectación”, dicen, por la presencia de grupos armados.
En las afectaciones de la guerra, las mujeres aparecen frecuentemente como principales víctimas. La ONU tiene en sus registros 1.164 delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto durante los últimos tres años. En estos casos, el 90 % fueron cometidos contra mujeres. “Cada vez más, en zonas donde opera minería ilegal y se siembran cultivos ilícitos, se conocen casos de explotación y abuso sexual y violencia basada en género de manera transversal a los hechos asociados de conflicto y violencia armada.
En los eventos de desastres la afectación de las mujeres tiene alta proporción, pero con alto grado de subregistro muchas veces por la falta de caracterización. En el Pacífico, particularmente en Cauca, se ha identifican organizaciones sociales y comunitarias de mujeres con afectaciones de forma indiscriminada, sin distinción del tipo de trabajo de estos grupos”.
Los niños, niñas y adolescentes también están viviendo la peor parte de una guerra que parece reactivarse por momentos. En la región del Catatumbo, por ejemplo, los combates entre el ELN y el EPL han dejado a miles de niños sin educación: “La presencia de minas antipersona alrededor de las escuelas, ha desencadenado la cancelación de clases y la consecuente desescolarización de más de 140.000 menores en 2018”. En el transcurso del año pasado, la calidad de vida de los niños en La Guajira, Chocó, Antioquia, Córdoba y la Orinoquía también bajó por factores de pobreza y ausencia de atención estatal.
En la gráfica que les mostramos a continuación aparecen los departamentos más afectados por el conflicto armado. La ONU precisa, en todo caso, que el deterioro difiere entre regiones. En Catatumbo, por ejemplo, se han concentrado los mayores niveles de desplazamiento, muerte de civiles, reclutamiento y confinamientos. En Chocó, por el fortalecimiento del ELN y del Clan del Golfo, se han presentado más casos de víctimas por desplazamiento.
