Los defensores de la tierra y el medioambiente son los más vulnerables ante las amenazas de los grupos armados ilegales. De acuerdo con Amnistía Internacional, el riesgo que ellos viven es también el resultado de una falta de voluntad política del Estado.
A finales de febrero de este 2020, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por los riesgos que corren los líderes sociales en el país. Y a lo largo de este año, distintas organizaciones nacionales e internacionales han alertado el aumento de la violencia contra los defensores de derechos humanos.
Ahora Amnistía Internacional se suma a esos llamados para que se le preste atención a la difícil situación de seguridad que viven los líderes sociales y defensores en Colombia. El pasado 5 de octubre esta organización presentó el informe ‘¿Por qué nos quieren matar? ‘, donde señala a nuestro país como el más peligroso del mundo para trabajar por los derechos humanos y por el bienestar de las comunidades.
Dentro de las respuestas a la pregunta que plantea el nombre del informe están el incumplimiento al Acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional y la discriminación estructural contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
“A pesar de que el Presidente Duque ha dicho que durante su gobierno los asesinatos de lideres sociales han disminuido en un 25 por ciento, las cifras de fuentes confiables indican lo contrario. A finales de 2017, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la ACNUDH reportaron entre 96 y 126 casos de personas defensoras asesinadas en todo el país, de acuerdo con la metodología y acceso a información de cada entidad. Un año más tarde, en 2018, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. Y en 2019 se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras”, se lee en el documento.
Violencia contra líderes y la débil implementación de la paz
El informe cuenta que muchos líderes y defensores vieron con optimismo el Acuerdo final de paz que firmaron el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc hace casi cuatro años. Sin embargo, el acuerdo se ha implementado de forma lenta y esto, según en el análisis de Amnistía, ha provocado el aumento de la violencia contra los defensores y líderes, pues en territorios que abandonaron las Farc llegaron nuevos grupos armados ilegales o se fortalecieron los que ya estaban.
¿A qué tipo de líderes y defensores están matando más en Colombia?
Además, mecanismos creados por el Acuerdo como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo objetivo es monitorear el desmantelamiento de organizaciones criminales, se reúne dos veces al año en lugar de hacerlo mensualmente, tal como se estipuló en lo pactado en La Habana.
Sumado a esto, los líderes que han estado pendientes de llevar a cabo el cumplimiento de puntos del Acuerdo, como la Reforma Rural Integral o la sustitución de cultivos de uso ilícito, asumieron graves riesgos de seguridad al emprender esa labor.
Durante 2019, Amnistía Internacional visitó cuatro procesos organizativos para comprobar los riesgos en seguridad que tienen sus líderes: el Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura, el Comité de Integración Social del Catatumbo, el Asentamiento Ancestral Indígena Kubeo – Sikuani del Meta y la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica del Putumayo. Pese a las particularidades en cada caso, el informe identificó que defender la tierra y el medioambiente significa una tarea muy riesgosa para los líderes y sus comunidades.
El papel del Estado
Amnistía en su informe señala que el Estado colombiano ha creado normas para proteger a los líderes y defensores de derechos de poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. También menciona el papel de la Unidad Nacional de Protección en la creación de esquemas de seguridad para los líderes y defensores; y de la Defensoría del Pueblo en las alertas al Gobierno Nacional. No obstante, para los líderes y defensores todo esto se queda en el papel, pues los siguen matando.
El gobierno de Iván Duque lanzó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (conocido como PAO). Sin embargo, su creación ha sido criticada pues se considera que tiene un enfoque militar. En la elaboración del informe, Amnistía habló con el director del PAO y este dijo que “su función no está destinada a atender las causas estructurales de la violencia y que la vía de prevención que ellos consideran es aumentar la presencia del Ejercito en los territorios”.
La conclusión del informe es que en el país hay una falta de voluntad política para defender a los líderes y defensores de derechos humanos, sobre todo a los que defienden la tierra y el medioambiente. Además, Amnistía resalta que ante la indolencia del Estado, las propias comunidades se han organizado para autoprotegerse.
Pueden revisar el informe completo de Amnistía por acá.
