Por Lina Gabriela Cortés
América Latina vive una nueva ola progresista que a diferencia de la anterior tiene como temas centrales en su agenda política: el feminismo y el ambientalismo, pero…¿de qué se trata?, ¿pasa de la misma forma en todos los países de gobiernos progresistas de la región? Aquí le explicamos.
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El pasado 19 de junio, Francia Márquez y Gustavo Petro hablaron por primera vez como la dupla ganadora de esta contienda electoral, convirtiéndose en lxs primeros candidatos de centro-izquierda en Colombia en llegar a la presidencia, pero también ratificando el nuevo giro a la izquierda, la segunda generación de progresismos que vive América Latina.
En su discurso, Gustavo Petro le habló al progresismo latinoamericano y le propuso “dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas“, por su parte, Francia Márquez, la primera mujer feminista afro en llegar a la vicepresidencia afirmó qué “Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”. Los discursos de lxs candidatos electos y sus propuestas políticas que los llevaron al poder, parecen instalarnos en lo que sería un posible progresismo ambiental, interseccional, en el marco de un giro antiracista en la región.
En concordancia con la apuesta de justicia ambiental, que es parte del corazón de la propuesta política del Pacto Histórico, Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha tomado varias medidas significativas en materia ambiental en los tres meses que lleva de gobierno: cierre de la planta de fundición de cobre “Ventanas” , creación de la nueva Ley Marco de Cambio Climático , ratificación del Acuerdo de Escazú. Esto, sumado a la creación de una nueva constitución paritaria, plurinacional, producto de una revuelta masiva; y la elección de Maya Fernández, nieta de Allende como Ministra de Defensa, constituye no sólo en términos simbólicos un cambio o giro a la izquierda, sino configura la participación de nuevas ciudadanías feministas, decoloniales, disidencias sexuales, etc., que reclaman su lugar y que imaginan otras formas de tejer colectivamente la vida en el continente más desigual del mundo.
Esta nueva ola que comenzó en 2018 con la posesión de Andrés Manuel López Obrador en México, que continuó con la elección de Alberto Fernández en Argentina (2019), la posesión de Luis Arce en Bolivia (2020), la elección de Pedro Castillo en Perú (2021), la presidencia de Boric en Chile en marzo de este año, las elecciones de Colombia recientemente, terminará de configurarse este año con la posible elección de Lula en Brasil, todo esto sumado al Paro Nacional en Ecuador contra un gobierno que racializa, persigue y criminaliza la lucha social.
Esta nueva ola que surge de movimientos sociales que terminaron convirtiéndose en partidos políticos es el resultado de la fuerza democratizadora que tuvieron: por un lado, la multiplicación de actores sociales en las calles, la política en la calle, es decir, la ampliación de los márgenes de la participación social, política; por otro, la consolidación de nuevas ciudadanías que desafían la estructura heteronormativa y colonial; y, por otro, la exigencia de la ampliación de cobertura de derechos que el neoliberalismo y la “política de muerte” terminó por destruir para un amplio sector de la población en el continente.
Según la FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- en América Latina y El Caribe entre 2019 y 2020 la población que padece hambre aumentó un 30%, el punto más alto desde el año 2000, alcanzando un total de 59.7 millones de personas. 4 de cada 10 personas en la región, es decir, 267 millones, experimentan inseguridad alimentaria moderada o severa, 60 millones más que en 2019, un aumento de 9 puntos porcentuales, el más elevado en el mundo. Esto, sumado a que solo en América Latina apenas se cultiva entre el 4% y el 8% de su territorio labrado.
En este contexto social de elevadas cifras de hambre, desempleo, pobreza y violencia, las alianzas estratégicas que logren los proyectos políticos progresistas de la región serán fundamentales para poder concretar propuestas de gobierno. Ahora mismo, el comercio intrarregional de América Latina es uno de los más bajos en décadas, no llega ni siquiera al 12%, mientras que Europa supera el 60%. La alianza regional será también la puerta a una economía intrarregional que logre menor dependencia económica del norte global, por lo tanto, mayor crecimiento económico bajo nuevas lógicas de consumo, transformación del modelo energético -donde no sea el sur global el único que deba asumir la responsabilidad de la crisis ambiental-, y una redistribución real de la riqueza.
Varios de los gobiernos de esta nueva ola progresista están insertos en la lógica continuista del modelo extractivista de la primera ola -cuando el alza en los precios de las materias primas, los minerales, los hidrocarburos etc., hizo que se experimentará un crecimiento económico en la región, que contribuyó de forma momentánea en la superación de la pobreza- y sus decisiones corresponden a la presión económica, a la dependencia de exportación de los commodities o materias primas y a la falta de aliados intrarregionales.
Por ejemplo, la primera ola progresista se propuso sacar a 70.000 millones de personas de la pobreza y lo cumplió. Ante un modelo neoliberal que había aumentado la desigualdad, la primera ola asumió tareas redistributivas de la riqueza en la región y lo logró, el problema fue que no modificó el sistema productivo y tributario que había heredado, y minimizó el daño de los grandes proyectos sobre los territorios, permitiendo que la estigmatización contra la lucha ambiental aumentará. Por supuesto, con la caída de los precios de las materias primas entre 2013 y 2014 la crisis económica aumentó en la región y demostró la dependencia económica de nuestros países y el punto de daño y destrucción al que había llegado el extractivismo.
Ante esta experiencia de progresismos y posteriores gobiernos outsiders de extrema derecha que concesionaron y terminaron de vender los países de la región a grandes empresas aumentó la desigualdad, el extractivismo, el debilitamiento de las democracias y la violencia que auspiciada por Estados, bandas criminales y megaempresas persiguió, excluyó, desplazó y violento a las poblaciones, principalmente, indígenas, afrodescendientes y mujeres.
Los casos más recientes de modelo continuista de los gobiernos progresistas de la región como la expansión de la frontera sojera en Argentina que causa el aumento de los incendios forestales afectando grandes extensiones de humedales, o consolidando proyectos de megaminería en Catamarca, Chubut demuestran la intención de mantener el agronegocio, la megaminería y la explotación de hidrocarburos como base de la economía nacional. También el caso de Perú con Castillo que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que aprobó proyectos de alto impacto ambiental como el Corredor Minero del Sur Apurímac-Cusco–Arequipa.
El reciente discurso de AMLO en México visibiliza la política que han tenido que implementar los gobiernos en la región de esta segunda ola, por un lado, la financiación de proyectos de extracción de hidrocarburos, y proyectos de un profundo daño ambiental como el Tren Maya y por otro, el fortalecimiento de proyectos nacionales, como en México las refinerías nacionales, que permitan determinada independencia petrolera en el país. En su discurso, AMLO anunció que México se está preparando para dejar de importar gasolina, diésel y ser autosuficiente y dedicar los combustibles al mercado interno y desarrollo nacional.
Efectivamente las políticas de esta segunda ola progresista están en una nueva encrucijada: abandonar un modelo extractivista, en este caso sin alianzas regionales, representa para los países dejar de recibir divisas, y las divisas son las que sostienen las economías nacionales, sin embargo el daño ambiental no es un problema de Estados-naciones, porque los biomas trascienden las fronteras nacionales, y por lo tanto, parece urgente abandonar el modelo extractivista que avanza en detrimento de la población y el territorio y fortalecer un modelo interseccional que proteja la vida.
Todo esto sumado a la pandemia que profundiza la crisis global obliga a pensar nuevas preguntas y buscar alternativas distintas donde la experiencia de las poblaciones históricamente racializadas, excluidas y empobrecidas resulta, otra vez, fundamental para imaginar futuros posibles en nuestro continente.
Alternativas donde el cuidado, la redistribución de la riqueza, la tributación a las megaempresas, la transformación energética ecosocial desde el sur, la ampliación de ciudadanías, y sobretodo, la integración regional, sean alternativas para nuevas agendas latinoamericanas que más que progresista escriban su propio nombre.
