Una red de jóvenes pide que se cree un servicio social para la paz. La idea ya viaja a La Habana.
- La representante a la Cámara Ángela María Robledo fue una de las congresistas que acogió la iniciativa. Foto cortesía.
La libreta militar que apareció el miércoles en el Congreso es como un cheque gigante de programa de concurso. Está a nombre de Mambrú, el mismo de las rondas infantiles que en una simple estrofa les contaba a los niños que la guerra no es divertida y que cuando alguien es forzado a entrar en ella, puede que no regrese.
La foto es un comodín. Es un espacio para que cualquiera que se sume a la causa le ponga su cara. La expresión “Fuerzas Militares” aparece tachada y, bajo ella, dice “Servicio Social para la Paz”. Ese es el negocio que un colectivo de jóvenes le está proponiendo al país a cambio del servicio militar obligatorio.
La propuesta es promovida por más de 50 organizaciones presentes en cerca de 27 departamentos. Una de ellas la Red Soy Joven de Paz, una iniciativa que desde principios de este año promueve la salida negociada al conflicto y la participación de los jóvenes en la construcción de paz.
Uno de los voceros de esa Red es Cristian Rivas, un caqueteño de 24 años que llegó a Bogotá expulsado de su tierra por el conflicto y hoy estudia Administración Pública en el Politécnico Grancolombiano. Explica que la idea no está asociada con ningún partido, pero sí tiene una apuesta frente al papel que deberían asumir los jóvenes como sujetos políticos luego de que se logre un acuerdo para poner fin al conflicto.
“Creemos que en un escenario de posconflicto Colombia no debe tener otra generación formada con un enfoque militarista. Por eso estamos con la idea del Servicio Social para la Paz que viene de tiempo atrás y es una alternativa al servicio militar”, explica Cristián.
Y es que la visita del martes al Congreso y del miércoles al Concejo de Bogotá fue justamente con la idea de radicar ante esos órganos una carta que será enviada a los jefes de las delegaciones negociadoras del Gobierno y las Farc en La Habana.
El documento tiene una consigna básica: “Militarizar la juventud es sembrar la guerra hacia el futuro. ¡Sin desmilitarización de la vida social y juvenil será imposible lograr una paz estable y duradera! Bajo esta elemental, pero vital premisa, respaldamos decididamente los esfuerzos por un acuerdo que dé fin a la guerra en Colombia”. Además, plantea cinco ideas concretas:
Las personas y las organizaciones firmantes se declaran en desacato frente al servicio militar obligatorio o cualquier forma de reclutamiento. Plantean que “carece de cualquier sentido la perpetuación de la obligatoriedad del servicio militar, y la ampliación del reclutamiento de jóvenes”.
Dicen que se declaran en “servicio social por la paz”. De esa forma, la Red y los colectivos que firman la carta aseguran que ofrecen toda su capacidad “para el desarrollo y respaldo a la necesaria pedagogía de reconciliación y paz en el país”.
Otra de las peticiones está relacionada con la situación de más de 760 mil jóvenes que están hoy en condición de remisos. La propuesta es “que el proceso de regularización de los jóvenes integrantes del movimiento insurgente –en lo concerniente con su situación militar– se amplíe a los más de 764.161 mil jóvenes remisos que existen en el país. Los acuerdos de La Habana deben implicar un Acuerdo de Punto Cero para: multas, cuotas de compensación militar y expedición de libretas militares para todos los hombres entre los dieciocho (18) y los treinta (30) años de edad, a la fecha de la firma del acuerdo final”.
Eso significaría un borrón y cuenta nueva para que el beneficio que recibirán los guerrilleros en relación con sus situaciones militares se extienda a los miles de jóvenes de todo el país que hoy ven limitadas sus oportunidades de estudio y empleo por no contar con una tarjeta de reservistas.
“Consideramos esto un gesto contundente que afirma nuestro compromiso como jóvenes, insurgencias y Estado de que la guerra ha acabado, y que inicia la transición, la desmilitarización y reconciliación nacional”, dice el documento que solicita que ese asunto sea incluido en el texto del acuerdo de Fin del conflicto.
La cuarta solicitud es que se retire del Congreso de la República el proyecto de reforma a la ley de reclutamiento que se encuentra actualmente en trámite. Las organizaciones de jóvenes piden que esa reforma sea concertada con el objetivo de que recoja un nuevo enfoque frente que implique un cambio de fondo en la participación de los jóvenes en la guerra.
La propuesta final es que el proceso de negociación incorpore como eje temático y de investigación un apartado especial en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad referente a la juventud, el conflicto armado y las formas de victimización que ha padecido esa población.
“La juventud reclama la verdad de los hechos asociados al conflicto armado en Colombia como forma de reparación. Por ello, iniciamos la preparación de la documentación de los casos de persecución hacia la juventud por parte de actores estatales y no estatales en medio del conflicto; dichos expedientes serán presentados al Tribunal para la Paz para su consideración y concepto conforme a la JEP”, expone el documento.
La idea, de acuerdo con Cristian Rivas, es que esas propuestas que ya discuten colectivos, asociaciones universitarias y movimientos sociales, empiecen a plantearse también en la mesa de conversaciones. De esa forma, la firma de un acuerdo final también sea en clave juvenil.
