“¿Nos van a matar a todos?”

Esta es la primera entrega de la Caravana Pacifista, nuestro viaje por el norte del Cauca para entender la incertidumbre de la paz.

Por Juan Miguel Álvarez

En la noche del miércoles 19 de octubre, el líder campesino Esneider González sufrió un atentado de muerte. Desde una moto que se detuvo en frente de la puerta de su casa, un hombre le disparó en tres ocasiones. Un tiro le perforó el pecho por debajo de la clavícula, los dos siguientes fueron a la cabeza: uno le dejó, apenas, un rayón sobre el cuero cabelludo y el otro entró y salió por una esquina del cráneo. Ninguna bala lesionó gravemente sus órganos.

Esneider, de 34 años, residía en un barrio céntrico del municipio de Corinto junto con su esposa Maribel Lozano y su hijo mayor, un niño de 13. En los días previos a este ataque, los vecinos le hicieron saber a la pareja que habían visto personas extrañas rondando la casa, enchaquetados vigilantes de rostro desconocido, carros que se quedaban esperando a media calle. “No le pusimos cuidado a estas advertencias —me dijo Esneider—, porque uno a conciencia sabe que no está haciendo nada malo”.

El atentado se puso en marcha dos días antes. El lunes a media tarde, un hombre entrado en años tocó la puerta preguntando por Maribel. Dijo que la necesitaba para que lo asesorara en el reclamo de una cartacheque. Esneider le dijo que no estaba. El tipo se fue y al día siguiente volvió. Esneider contestó lo mismo. Y era cierto. Maribel llevaba varios días en zona rural de Corinto dedicada a su trabajo: capacitar campesinos víctimas del conflicto armado en los procesos técnicos de reparación que les otorga la ley y hacer pedagogía sobre los puntos del acuerdo de paz discutido en La Habana.

El hombre volvió a tocar la puerta el miércoles, a eso de las siete de la noche. El hijo de la pareja abrió y dijo que su mamá no estaba. El hombre se fue. A los cinco minutos llamaron a la puerta de nuevo. Esneider abrió. Era la vecina, preocupada porque había notado a ese hombre y lo relacionaba de alguna manera con el asedio de los días anteriores. En eso, apareció la moto y Esneider alcanzó a ver que el sicario le apuntó a la vecina. Antes de que estallara el primer disparo, Esneider la empujó lejos. Ella pudo correr y alejarse de la escena. Tras errar los primeros tiros, el sicario quemó los retantes sobre Esneider y se echó a perder. Para todos fue clarísimo que el ataque iba dirigido contra Maribel, que el sicario no le conocía la cara y le disparó a la vecina porque la encontró junto a Esneider en la antesala de la casa.

Desde eso, la pareja junto con su hijo se refugió en una vereda remota de un municipio cercano. Descreídos de los mecanismos de protección del Estado para este tipo de situaciones, optaron por alejarse temporalmente. “Este atentado me ha frenado unos días, pero no me detiene”, me dijo Maribel, con la voz enérgica. Estábamos sentados en el corredor de entrada a su residencia temporal en aquella vereda remota. “Al contrario: me fortalece para continuar mi trabajo”.

Salvo las amenazas generales contra las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de las que ella hace parte —y que son recurrentes desde hace años—, no había recibido un mensaje directo de que la querían muerta. Lo único fue una llamada anónima un mes antes en la que le dijeron: “Deje de estar metiéndose en lo que no le importa”. Pero la desestimó, quizás, porque no parecía ser una anticipación exacta de su asesinato.

Maribel se entregó a la defensa de los Derechos Humanos luego de que en 2002 hubiera sido desplazada de su parcela en el municipio de Caloto, por presión de los operativos militares contra la guerrilla. Tras haber dado vueltas con su marido por otras regiones del país, regresó al norte del Cauca ya como integrante y líder de organizaciones sociales y de víctimas. Pero en vez de retornar a Caloto, se situó en Toribío y, más tarde, en Corinto. Fue en este municipio donde la encontró el inicio de los diálogos entre el Gobierno y las Farc.

Desde el principio de su tarea, Maribel ha ido de vereda en vereda ayudándoles a entender a los campesinos qué es ser víctima del conflicto armado —según las definiciones jurídicas del Estado—, de qué manera deben ser reparados y cuáles son sus derechos. Algunas de sus actividades concretas tienen que ver con la elaboración de documentos —actas, denuncias, derechos de petición— que un campesino debe radicar en las oficinas del Estado para iniciar los trámites. Otras tienen que ver con evitar que un tercero saque provecho. “¿En la Ley de Víctimas qué ha pasado? Quienes sacan tajada del dinero que hay para reparaciones son las oenegés. Hay que decirlo así, en castellano”.

Este atentado me ha frenado unos días, pero no me detiene

Como ha enfocado buena parte de su trabajo en los casos de homicidio y desaparición forzada a manos de la Fuerza Pública, no falta quien la haya acusado de ser integrante de las Farc o de trabajar mancomunadamente con ellos. Y como también ha alentado a los campesinos del norte del Cauca a salir a marchar por la Vía Panamericana, a taponarla si es necesario, también la han calificado de “revolucionaria” y “vándala”.

Aunque siempre sintió preocupación por estos señalamientos, continuaba adelante con su trabajo y de manera abierta. En la Alcaldía de Corinto, en las organizaciones sociales y en las juntas de acción veredal siempre han tenido claro quién es ella, dónde vive y cómo la pueden conseguir. Pero una vez ella empezó a ir a las veredas explicando en qué consisten los puntos acordados en La Habana, le entró una duda adicional: si ganaba la opción del No en el Plebiscito, la implementación de lo pactado iba a tardar otro tiempo más y los líderes sociales jugados a favor del acuerdo iban a quedar inermes ante las fuerzas criminales de corte paramilitar que hace años acechan y matan personas en el país. “Esa era nuestra duda —me dijo—. ¿En qué situación íbamos a quedar? ¿Qué garantía nos iba a dar el Estado?”.

Si se hubiera consumado el crimen de Maribel —o el de su esposo Esneider— hubiera pasado a ser la víctima de homicidio número 16 entre líderes sociales del norte del Cauca en lo que va corrido del año, según las cuentas que lleva Colombia Plural, un portal de noticias independiente que pertenece a la corporación chocoana Pacipaz. “Nunca imaginé que me fueran a intentar matar —me dijo ella—. Pensé que las autoridades podían armarme un montaje para meterme a la cárcel, pero no más”.

Desde que en julio de 2015 las Farc decidieron cesar sus acciones bélicas para fortalecer los diálogos en La Habana, disminuyeron considerablemente los ataques a la Fuerza Pública y a la infraestructura estatal en el norte del Cauca. Hasta cierto punto, las comunidades étnicas y campesinas comenzaron a vivir con más tranquilidad, sin la zozobra de quedar en medio de combates o expuestas a los ametrallamientos desde el aire. Pero esta tranquilidad comenzó a desbaratarse cuando comprendieron que seguían vulnerables a las amenazas de muerte, a homicidios selectivos y a desplazamientos forzados.

En un informe reciente que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo le envió al gobernador del departamento, con carácter de urgente, y que tuve la posibilidad de leer, se encuentran algunos casos detallados de ataques contra líderes sociales del norte del Cauca, especialmente de Corinto, sucedidos entre enero y octubre de 2016. Describe, también, los panfletos que han circulado con amenazas directas, firmados por bandas que se hacen llamar Águilas Negras Nueva Generación, Águilas Negras-AUC y Comando Central-Los Rastrojos. Deja claro que el riesgo de que sean asesinados los líderes sociales de esta región es “inminente” y lanza nueve recomendaciones a las oficinas estatales para que neutralicen ese riesgo.

Uno de los casos citados por este informe es el de la señora Cecilia Colcué. Su cuerpo, apuñalado hasta la muerte, fue encontrado en una mata de guadua de su finca, en la vereda La Cominera, en Corinto, el pasado 7 de septiembre. Esta mujer, de 65 años, integraba la asociación de trabajadores de la zona de reserva campesina de su municipio y era la dueña del predio que el Estado iba a tomar en arriendo para levantar el campamento de preagrupamiento de las Farc en este sector del país. El asesinato trastocó este proceso y obligó a cambiar de locación.

Al día siguiente, Maribel y Esneider fueron hasta esa finca con una comisión de investigadores judiciales de alto perfil enviados desde Bogotá. La pareja era muy cercana a la señora Colcué porque Maribel la venía apoyando en los trámites para que el Estado la reparara por el homicidio de su esposo y dos de sus hijos, y por haber sido víctima de desplazamiento forzado. También, le había ayudado con la elaboración del documento en que aceptaba arrendar su finca para el preagrupamiento.

La finca de la señora Colcué cumplía con todos los requisitos pactados en el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc: está a orilla de carretera, sus suelos son fértiles y no comprometen áreas de conservación, no tiene cultivos de uso ilícito y se encuentra alejada de asentamientos urbanos y de comunidades indígenas. Off the récord, un líder social en Corinto me dijo que otra de las razones para haber elegido este predio es que algunos momentos fundacionales del sexto frente de las Farc tuvieron lugar allí, muchos años atrás.

Luego de varias horas de pesquisa judicial y recopilación de pruebas en la finca, Maribel, Esneider y un compañero de la organización social desesperaron porque veían que los investigadores estaban muy concentrados en la mata de guadua donde hallaron el cuerpo y no habían revisado otros lugares. Se pararon a dar una vuelta y tomar aire, y Esneider notó que junto a una alcantarilla, a bordo de la carretera, había un rastrojo aplastado por pisadas o por algún cuerpo voluminoso. Se acercó siguiendo la hierba doblada y descubrió una chaqueta. Los fiscales aseguraron el hallazgo, lo analizaron y encontraron que contenía rastros de sangre. Fue la única pista sólida recolectada ese día.

El asesinato de Cecilia Colcué alarmó a todo el mundo porque podía leerse como una impugnación brutal a los mecanismos de desmovilizacion y desarme de las Farc. Días más tarde, las autoridades pusieron a correr la versión de que este crimen estaba relacionado con asuntos familiares y no con el acuerdo de paz. Al establecer esta diferencia, el Gobierno pudo desvirtuar la motivación ideológica de los asesinos. Sin embargo, la lectura de estos hechos volvió a cambiar semanas después, con el atentado contra Maribel y Esneider pues ya no fue tan fácil desligar los dos hechos.

Cuando le pregunté a Maribel quién la quería matar, me dijo que no podía descartar ninguna de las posibilidades: el apoyo que le había dado a Cecilia Colcué, el hecho de que Esneider hubiera encontrado la chaqueta ensangrentada, o que algunos cultivadores de coca o de marihuana se estuvieran viendo afectados porque ella, en su proceso de pedagogía del acuerdo de paz, había ido a las veredas a explicar la necesidad de abandonar estos cultivos. Por supuesto, señaló al Estado y a sus fuerzas de seguridad. Y cuando le pregunté por qué están matando a los líderes sociales del norte del Cauca, dijo: “porque defendemos a capa y espada el proceso de paz, porque nos identificamos con lo que se acordó y porque en todo lado llegamos a decir que exijamos que se implemente el acuerdo ya. Porque estamos exigiendo la paz, porque estamos cansados de esta guerra, porque nosotros, como dicen en otras regiones del país, somos los más arrechos y los más frenteros, y no comulgamos con los gobernantes de turno y le mostramos a la gente las cosas como son. Porque defendemos nuestro territorio, porque no queremos que las multinacionales vengan y se apoderen de nuestras riquezas. Imagínate: tanta riqueza en nuestro territorio y tanta pobreza. Es algo incoherente. Porque nosotros cuestionamos al Estado, porque llevamos a las comunidades a que marchemos, a que tapemos las vías para que el gobierno nos escuche”.

Por un cruce de tiempos en el trabajo de campo, no pude entrevistar a la secretaria de gobierno departamental, Alejandra Miller Resptrepo, en su oficina en Popayán. En mi lugar fue el reportero Mario Zamudio. A él le dijo, entre otras cosas, que el gobierno local tenía registrados 13 homicidios de líderes en lo corrido del año y que las investigaciones que adelantaban las autoridades judiciales pretendían establecer si las razones de cada crimen estaban asociadas al trabajo como defensores de derechos humanos. Explicó que había que tener en cuenta que en los territorios en que muchos de estos líderes ejercían su labor había “factores de riesgo” como los cultivos de uso ilícito y actividades de minería ilegal. “Hay territorios donde hay organizaciones campesinas muy importantes, muy fuertes, en los que también está involucrado todo el tema de la coca —dijo—. En esos territorios las personas ejercen un liderazgo social, pero a la vez tienen relaciones con cultivos y los narcotraficantes los usan como parte de la cadena”. Concluyó que si bien no era creíble una versión unívoca que explicara la muerte de todos los líderes por razones ajenas a las políticas, tampoco creía en lo contrario: que todos hubieran sido asesinados por su liderazgo social.

En seguida, Mario le preguntó la posición de la Secretaría de Gobierno en torno a la existencia o no de bandas de corte paramilitar y si eran estas bandas las que estaban matando a los líderes, teniendo en cuenta la frecuente circulación de panfletos atemorizantes y unos grafitis con las iniciales AGC —Autodefensas Gaitanistas de Colombia— que aparecieron en las paredes de casas cercanas a la zona en la que el sexto frente de las Farc celebro la vigilia por la paz a comienzos de noviembre. La funcionaria respondió que los panfletos daban para pensar, pero que hasta ese momento, a su oficina, no había llegado información sobre un grupo numeroso que hicieran retenes a nombre de Águilas Negras —o cualquier otro nombre— y que se dejara ver armado, uniformado y en bloque. “Las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales serán clave para saber cómo debe actuar el gobierno local, el gobierno nacional y la Fuerza Pública”, zanjó.

Estamos exigiendo la paz porque estamos cansados de esta guerra, porque nosotros somos los más arrechos y frenteros

Pocos días antes de que llegáramos al norte del Cauca con la Caravana Pacifista, un joven padre de familia llamado John Jairo Rodríguez Torres, miembro de organizaciones sociales y comunero del corregimiento de El Palo, en el municipio de Caloto, fue asesinado a tiros en la cabeza cuando se desplazaba en una moto y le faltaba poco para llegar a su casa. Las explicaciones de este crimen fueron y vinieron entre las páginas de la prensa y las declaraciones de las autoridades. Al igual que con Cecilia Colcué, la versión más socorrida se alejó de asuntos políticos o de la defensa de Derechos Humanos e involucró una moto robada y la insistencia de que la víctima había pagado cárcel por un delito de narcotráfico.

Una mañana fui a El Palo para hablar con los familiares y amigos de John Jairo. La mamá, completamente abatida, no quiso ni mirarme y se entró rápidamente a su casa. Entre los amigos y una mujer que había sido su pareja me contaron que este joven ni se enojaba con nadie ni le daba largas a problemas con los demás. Despachaba todo con una sonrisa y un gesto de buen ánimo. La mayor parte de su vida estuvo dedicado a trabajar en el taller de motos que atendía su papá, pero luego de haber tenido un hijo y de entrar en crisis económica se arriesgó a transportar una marihuana hasta Cali. Ahí fue capturado. En la cárcel duró menos de cuatro años porque su buen comportamiento y actividades de estudio le rebajaron la pena. De vuelta a El Palo, se concentró en el taller de motos y en sacar adelante un proyecto agrícola. En eso estaba cuando lo mataron.

El Palo es un cruce de las vías que van hacia Corinto y Toribío. En buena medida, su desarrollo ha estado ligado a su función de estacionamiento temporal de transporte público y parada de pasajeros. Durante los años aciagos del paramilitarismo, este centro poblado fue asaltado por hombres del Bloque Calima que dejaron muertos y desaparecidos.

En los días del Plan Patriota, los hostigamientos de la guerrilla contra la Fuerza Pública fueron asunto cotidiano. No había casa en El Palo que no tuviera una perforación de tiro de fusil. Desde el 2013 y hasta mediados de 2016, la comunidad reconoce que vivió en relativa paz. Hasta que empezaron a circular los panfletos en los días previos y posteriores al final de la negociación en La Habana. Además, un rumor de calle hablaba de que un grupo que se hacía llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia acechaba los movimientos de los líderes sociales. “Algunos compañeros manifestaron haber visto camionetas de alta gama llenas de hombres vestidos de negro y armados con fusiles, rondando en las madrugadas”, me dijo uno de los jóvenes del corregimiento.

Algunos compañeros manifestaron haber visto camionetas llenas de hombres vestidos de negro y armados con fusiles

El asesinato de John Jairo fue un golpe devastador para la comunidad. En principio, corrió como una noticia extraña: este joven no era uno de los líderes más visibles y determinados del corregimiento y, como ya dije antes, tampoco destacaba por beligerante o pendenciero. En apariencia, nadie querría matarlo. Pero tres o cuatro días más tarde, un panfleto que circuló en Padilla —municipio a media hora de El Palo—, dio a entender que esta muerte podía ser la  anticipación de una violencia peor.

El texto —escrito con odio en primera persona del plural, con mala ortografía y pésima puntuación— comenzó diciendo que con “insignificancias” como las de dar pedagogía para la paz desde los territorios no se cambia el país, que eso es “apología al delito” por “comunistas de mierda”, que en el norte del Cauca no quieren reconciliarse con “esos hijos de puta guerrilleros” y que tampoco quieren que “las comunidades se organicen para prevenir futuras reorganizaciones de diferentes grupos al margen de la ley”. Que los que hablan de igualdad y equidad “se mueren” y que no quieren “más defensores de derechos humanos” ni que “se toquen temas sobre los derechos étnicos territoriales”. Luego, citan con nombre propio a 16 personas de Padilla y les dan 72 horas para que se vayan del pueblo. Al final, el panfleto arroja el dato que terminó de helar a la gente de El Palo: “Por su bien y el de sus queridos hijos váyanse o si no les pasará lo mismo que al sapo de John Jairo Rodríguez Torres, de aquí cerquita, Caloto, que por pirobo lo matamos”. Firma: “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Los jóvenes del corregimiento que hoy están entre los 20 y los 35 años han atestiguado y padecido todas las violencias de este país. John Jairo tenía 33 y había sobrevivido al Bloque Calima, a las Farc y a los operativos de la Fuerza Pública. Su muerte también fue un llamado o una alerta. “¿Nos van a matar a todos?”, me preguntó a manera de reclamo un joven. “O qué es lo que va a pasar acá…”, añadió, en tono retador. “De aquí no nos vamos a mover y vamos a hacer lo que haya que hacer para defender el territorio y no dejarnos matar”. Esta última afirmación me pareció una advertencia. “¿Incluso, armarse?”, pregunté. No me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no.

Este artículo pertenece a la Caravana Pacifista. Vea más textos aquí.

Nota aclaratoria:

La primera versión de este artículo contenía un imprecisión que fue corregida. En el párrafo 11, el autor aseguró que el portal de noticias Colombia Plural es “afín al movimiento político Marcha Patriótica”. Uno de sus periodistas, Paco Gómez Nadal, escribió a la dirección de Pacifista para aclarar —y pedir rectificación— que Colombia Plural es “un medio independiente que pertenece a PACIPAZ, una corporación chocoana que impulsan la Diócesis de Quibdó, Uniclaretiana o el Foro Interétnico”.