Hablamos con el líder de Marcha Patriótica, recién salido de la cárcel, sobre el papel de la izquierda en el posconflicto.
En agosto de 2013, en medio del Paro Nacional Agrario, la Fiscalía de Eduardo Montealegre anunció que había capturado al vicepresidente de Fensuagro, una federación sindical de organizaciones agropecuarias, por presuntos vínculos con las Farc. El detenido era Húber Ballesteros, un reconocido dirigente sindical y agrario que, para entonces, era vocero y negociador de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA), el escenario de representación de los miles de agricultores que exigían la recuperación de la economía campesina.
Ballesteros fue capturado pocos días después de reunirse con varios congresistas para buscar salidas al recién decretado paro, que se extendió hasta mediados de septiembre. Era, y sigue siendo, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del movimiento social y político Marcha Patriótica.
Y aunque esas organizaciones insistieron en que Ballesteros era inocente y en que la captura era una retaliación por el paro, que incluía bloqueos de vías en distintas zonas del país, la Fiscalía declaró que había encontrado pruebas de su relación con las Farc “gracias a información y documentos incautados en computadores de exjefes subversivos”.
La entidad dijo, además, que a Ballesteros lo conocían en las Farc con los seudónimos de “Néstor”, “Germán” y “Zapata”, que seguía órdenes del Secretariado, que recibía un “salario mensual por su labor como organizador de movimientos campesinos, al igual que como trabajador de masas al servicio de la subversión”, y que “en sus constantes desplazamientos a Europa se reunía con contactos para pedirles dinero que les permitiera financiar las acciones subversivas”.
Por cuenta de esas acusaciones, Ballesteros fue recluido en la cárcel La Picota. Allí permaneció preso hasta el pasado 13 de enero, cuando una jueza de Bogotá ordenó su libertad provisional mientras la justicia toma una decisión de fondo sobre el caso: se lo acusa de rebelión agravada y financiación del terrorismo.
El abogado de Ballesteros, Ricardo González, explicó en diálogo con este portal que el dirigente sindical podrá beneficiarse de la recién aprobada ley de amnistía —que contempla la terminación de los procesos por rebelión— y de la Jurisdicción Especial para la Paz —que podrá amnistiar a personas procesadas por pertenecer a las Farc, aunque no se reconozcan como integrantes de esa guerrilla—.
Hablamos con Ballesteros, que promete ser protagonista de la implementación de los acuerdos de paz, sobre su proceso judicial, los diálogos de La Habana y la actual coyuntura política. Entrevista.
Húber, ¿cree que su captura influyó en el desarrollo del paro agrario de 2013?
Cuando me capturaron llevábamos cinco días de movilización. De ahí en adelante, el campesinado se radicalizó, porque vio que el tratamiento que el Gobierno le iba a dar al paro era represivo. Yo, desde la prisión, seguí opinando, participando en las negociaciones del pliego nacional y apoyando el desarrollo de la MIA hacia la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
¿Pudo hacer política desde la cárcel?
Fue complicado, pero no imposible. Siempre envié opiniones y escritos para mantenerme en contacto con la CUT, con Fensuagro y con Marcha Patriótica. También aproveché el tiempo para leer, estudiar y reflexionar sobre la experiencia de las organizaciones. Además, me vinculé al comité de prisioneros políticos, que es un espacio interesante, porque mantiene las escuelas de formación y la discusión política.
Vamos al proceso judicial. La Fiscalía lo acusa de hacer una gira por Europa para conseguir recursos que terminaron en manos de las Farc. ¿A qué fue al exterior?
Por muchos años ocupé el cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro. Es parte de la labor del vicepresidente realizar las relaciones internacionales de la organización, así que hice una gira de carácter político y de gestión para construir relaciones con organizaciones internacionales. Eso no tiene nada de ilegal.
Pero la Fiscalía dice que los recursos que usted gestionó se canalizaron hacia la guerrilla a través de varios contratos. ¿Qué participación tuvo en la ejecución de esos proyectos?
Quiero aclarar que yo nunca fui tesorero ni presidente de Fensuagro, y que no hay un solo documento que pruebe que yo le transferí dinero a las Farc. En mi cuenta bancaria escasamente reposaban los gastos de viáticos que me consignaba la Federación y el apoyo económico que me daba el Ministerio del Interior para auxilio de transporte, como medida de protección.
En cuanto a los contratos, el primero lo gestionó y lo ejecutó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima; la Federación no tuvo nada que ver en él. El segundo proyecto se llamó “democracia en profundidad”, fue ejecutado por Fensuagro y financiado por el gobierno catalán, pero yo no manejé los recursos, ni participé en las capacitaciones. Y el tercer contrato que aparece relacionado en el proceso judicial lo gestionó el Colectivo Orlando Fals Borda, que le pidió a Fensuagro ser coejecutora. Este último era para buscar a las personas desaparecidas por el Ejército durante la operación Thanatos [1] y para denunciar esos hechos ante jueces nacionales e internacionales.
Todos los proyectos fueron ejecutados y los informes técnicos y financieros reposan en archivos de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de Colombia y el exterior.
La Fiscalía también dice que encontró evidencias de su relación con las Farc en los computadores de los desaparecidos jefes guerrilleros “Alfonso Cano”, “Jorge Briceño” e “Iván Ríos”…
La información de esos computadores, que supuestamente prueba mi relación con el Secretariado de las Farc, no fue debidamente incorporada al proceso. En todo caso, allí no aparece mi nombre, sino unos seudónimos que la Fiscalía quiere atribuirme a mí, como el de alias “Germán”. ¿Cuántos germanes puede haber en la guerrilla o tendrán relación con ella? Además, cuando la defensa pidió los computadores para que peritos nuestros certificaran que la información no había sido manipulada, la Fiscalía lo impidió.
¿Cree que su detención afectó los procesos de organización campesina y sindical que estaba impulsando?
Esta es mi actividad diaria. Yo no soy un dirigente de fines de semana o de vez en cuando. Estoy dedicado desde hace mucho tiempo a la actividad sindical, social y política de la izquierda en Colombia. Entonces, en un contexto de lucha permanente, en el que se necesita gente con experiencia, cualquiera que no pueda cumplir con sus funciones hace un roto. Sin embargo, creo que estos son gajes del oficio: estamos enfrentando a nuestros enemigos de clase.
Ahora, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona que cae en prisión es redoblar esfuerzos, cualificar agendas. Y aquí se ha intentado eso, lo que pasa es que la condiciones han sido difíciles: nos han asesinado 129 compañeros desde 2012, cuando fundamos la Marcha Patriótica.
A propósito de la coyuntura, desde que usted fue detenido hasta hoy el escenario político ha cambiado significativamente. Hay un acuerdo de paz firmado con las Farc y su implementación está en marcha. ¿Cuál cree es el papel de la izquierda en estas circunstancias?
Los acuerdos de paz son una oportunidad, pero también un reto. El Gobierno se sentó a dialogar con la insurgencia por la necesidad de terminar un conflicto armado que le ha impedido aplicar a fondo su política económica, porque, en un contexto de globalización, un país que no resuelva un conflicto como este es poco competitivo.
Entonces, el proceso de paz no puede llevarnos a la ingenuidad de pensar que se acabó el conflicto o que somos socios (del Gobierno), porque aun con la negociación concluida el Gobierno sigue aspirando a una paz barata, a que todo se reduzca a una reinserción de las guerrillas mientras la burguesía sigue progresando a partir de la explotación de los recursos naturales y de esquilmar la fuerza de los trabajadores.
Por eso, solamente una amplia convergencia, más allá de la izquierda incluso, podrá garantizar una adecuada implementación de los acuerdos. Tenemos que actuar sin sectarismos, sin mezquindades políticas.
¿Y cómo encaja Marcha Patriótica en esa convergencia?
Este momento es muy particular, porque se abre la posibilidad de que los insurgentes ingresen a la vida política legal. El papel nuestro, entonces, tiene que ser el de participar en el escenario político cercano en convergencia con distintas fuerzas, incluida la que resulte de la reinserción de los combatientes de las Farc.
En ese contexto, nosotros como Marcha tenemos que trabajar mucho, porque los procesos no están a la altura del momento. Necesitamos empezar a formular con las comunidades los planes de desarrollo territorial y de sustitución de cultivos, a articularnos con las organizaciones de víctimas, a saber cuántos campesinos de nuestras organizaciones agrarias necesitan tierra. Tenemos que apurar el paso, porque, si no, la implementación va a salir a favor de quienes siempre han gobernado el país.
Usted ha dicho que el Acuerdo Final recoge buena parte de las demandas de los campesinos, al menos de los afiliados a Marcha. Siendo así, ¿el país dejará de ver paros agrarios como el usted que lideró en 2013?
No creo. Además de un paro agrario, tenemos que trabajar en un paro cívico contra la reforma tributaria, las Zidres y todas las medidas que el Gobierno ha tomado en contravía de lo que se negoció en La Habana.
El proceso de paz no puede llevarnos a la ingenuidad de pensar que se acabó el conflicto.
Marcha Patriótica ha denunciado el asesinato de más de cien de sus militantes. ¿Le atemoriza seguir desarrollando su actividad política?
A mi generación le tocó vivir en el conflicto. Aun así, ha trabajado por formar organización y liderazgos. Tenemos que denunciar y exigir garantías, pero eso no nos puede retrasar. Yo salí dispuesto a trabajar como lo hacía antes: ¿Con el temor de ser asesinado? Sí. ¿Con el temor de volver preso? Sí. Pero con todo y temor nos toca seguir adelante. Porque a uno sí le puede dar miedo, pero lo que no puede ser es cobarde.
[1] También conocida como Todo Honor, fue una operación militar para “retomar” los cinco municipios del Meta y Caquetá que el gobierno de Andrés Pastrana despejó para adelantar una fallida negociación con las Farc.
