Durante más de un mes, en el marco del Paro Nacional, miles de personas de estos departamentos estuvieron manifestándose en Huila, para exigir respuestas al gobierno departamental y nacional. PACIFISTA! estuvo en Altamira junto a Forum Civ y otras organizaciones. Esto fue lo que nos contaron.
Hasta el pasado 19 de junio, al llegar a Altamira, Huila, por la carretera desde Neiva, una escena llamaba la atención: en varios campamentos improvisados, con palos y plásticos negros, miles de personas habían construido hogares temporales al lado de la vía. Se trataba de uno de los tres ‘puntos pedagógicos de control y resistencia’, la mayoría de campesinos, campesinas e indígenas, quienes llegaron desde Caquetá y el sur de Meta. Durante semanas estuvieron allí en asamblea permanente, mientras avanzaban las negociaciones con el gobierno en medio del Paro Nacional.
Su largo recorrido inició en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tomaron la decisión de movilizarse hasta Florencia, la capital del departamento. “La iniciativa (de manifestarse) nació de las juntas de acción comunal de San Vicente del Caguán. Le preguntaron a la gente quiénes apoyaban un paro indefinido y estaban dispuestas a salir”, le dijo a PACIFISTA! una de las jóvenes que acompañó al grupo de campesinos y campesinas que vive en las veredas del municipio, algunas a más de ocho horas de San Vicente, último casco urbano de Caquetá.
El 6 de mayo, miles de personas arrancaron hacia Florencia y tras más de 150 kilómetros de camino llegaron a la capital del departamento. Allí se quedaron durante 15 días, en un coliseo que la Alcaldía les facilitó. Decidieron esperar a más manifestantes que se estaban sumando a la movilización y que, poco a poco, llegaban desde municipios como Cartagena del Chairá y Solano. Entonces el 17 de mayo volvieron a salir, esta vez rumbo a Huila.
“Se escogió este punto estratégico porque conecta a Caquetá pero también a Pitalito y hay mucho flujo de economía”, continuó la joven, quien también hace parte del colectivo Red Juvenil Compaz, un grupo de jóvenes de San Vicente del Caguán que lucha por la construcción de paz en sus territorios.
En el departamento vecino se dividieron en tres puntos pedagógicos: en Bajo Brasil, una vereda en el municipio de Suaza donde ya se estaban quedando varios indígenas del Huila, se agruparon más de 170 indígenas de Caquetá de pueblos como los Uitoto, Inga, Nasa, Coreguaje, Piratapuyo y Embera.
En el municipio de Guadalupe, alrededor de 900 campesinos y campesinas de las zonas rurales del departamento, que viven en las veredas cercanas a San Vicente del Caguán y pertenecen a varias organizaciones, armaron sus campamentos. Y en Altamira se encontraban cerca de 940 personas, la mayoría población campesina de Cartagena del Chairá, La Montañita y Solano. También de San José del Fragua, El Doncello y El Paujil. En total, hasta el 12 de junio, había cerca de 2.000 caqueteños y caqueteñas en Huila.
“A nadie le gusta dormir en un arenal, aquí en el piso, en un potrero. No estamos haciendo esto para que eso sea olvidado”, sostuvo Víctor Ayala, líder campesino, el pasado 12 de junio en la jornada de observación de derechos humanos que fue convocada por Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC). A esta fueron invitadas las organizaciones suecas de derechos humanos Forum Civ y El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y PACIFISTA!
Allí, campesinos y campesinas hablaron sobre las condiciones en las que, en ese momento, estaban las personas que se movilizaron desde Caquetá y el sur del Meta; cuáles eran sus reclamos y acuerdos logrados con el gobierno nacional y departamental; qué problemas de seguridad tuvieron en medio de la protesta y cuál era la situación de derechos humanos en los tres puntos pedagógicos.
Sin agua y sin comida suficiente, pero resistiendo
Enrique es un campesino que vive en una de las veredas de La Montañita, un municipio que está al occidente de Caquetá. Fue una de las personas que estuvo en el encuentro para hablar de la situación de derechos humanos en la zona. Se levantó de su silla y se presentó ante las organizaciones que le escuchaban y quienes, como él, habían viajado desde sus territorios buscando soluciones frente a problemas estructurales que durante años han afrontado.
Jefferson también llegó desde La Montañita, César desde Cartagena del Chairá y Everson de Solano. Otros reunidos allí habían viajado desde veredas de El Paujil, Curillo, San José del Fragua y más municipios campesinos de este departamento de Colombia.
En los campamentos no contaban con agua potable para cocinar y alimentarse, por lo que estuvieron supliendo sus necesidades con otras fuentes que, aunque cercanas, estaban visiblemente contaminadas por animales. Eso se tradujo en problemas estomacales y respiratorios.
“Hasta el momento no ha hecho presencia ningún tipo de misión médica para hacer la valoración de las personas que están en la manifestación; esta se necesita urgentemente”, sostuvo una persona del esquema de derechos humanos COORDOSAC, quien estaba leyendo el informe que documentaba hechos desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio.
Sobre este punto, varios campesinos manifestaron que sí hubo intentos de personal de salud para entregar medicamentos en los campamentos, pero a cambio, pidieron datos personales puntuales como nombres completos, número de cédula y dirección de residencia.
Es una condición que no aceptaron, primero porque las entidades no habían sido completamente claras sobre por qué para entregar medicamentos básicos como acetaminofén es necesario hacer todo ese registro, cuando los han entregado libremente en otros momentos; y segundo, porque temían que pudiera haber algún tipo de empadronamiento bajo la excusa de estar ante una misión médica.
Marelys viajó desde San José del Fragua y es auxiliar de enfermería. Estuvo atendiendo a personas en medio de las actividades y plantones, pero tuvo muchos inconvenientes cuando debía remitir un caso a entidades de salud.
“A uno le dicen que tiene que ir al centro asistencial para tener tratamiento, ¿cierto? pero aquí he tenido casos de lesiones que llevé al centro de Altamira y me decían que no los recibían, porque la EPS no los cubre ahí. Entonces nos decían que teníamos que ir por urgencias, no emergencias, que son cosas distintas y al final, no prestaban la atención que requerían”, contó.
Al respecto, la Defensoría sostuvo que podía acompañar ese tipo de casos para ver qué estaba pasando. También, que revisaría cómo gestionar a nivel departamental la entrega de otros medicamentos. En todo caso, las representantes de la entidad recordaron que en Colombia el empadronamiento no es una práctica legal.
OBSURDH investiga y sistematiza las violaciones a derechos humanos, para visibilizarlas, trabajar en herramientas para prevenir estas agresiones y además, acompañar a las víctimas. Foto: Laura A. Torres Martínez - PACIFISTA!
Si obtener condiciones mínimas de salud fue difícil, por decir lo mínimo, frente a la comida hubo más inconvenientes. A una parte de quienes estuvieron protestando les apoyaron con alimentos desde Caquetá, pero hasta la segunda semana de junio y tras casi un mes de estar en Huila, la comida empezó a escasear. En Altamira, dijeron las y los manifestantes, los precios son muy altos. Por eso, “las delegaciones solo se estaban alimentando dos veces al día: desayuno a las ocho de la mañana y almuerzo-cena a las cuatro de la tarde”, explicó COORDOSAC.
Tal como el líder campesino, Victor Ayala, insistió en una de sus intervenciones, tomar la decisión de dormir al lado de una carretera no fue sencilla. El ruido de los carros, las bajas temperaturas en la noche, la lluvia y los vientos que levantan los campamentos y la constante zozobra de que en cualquier momento debían levantarse y defenderse, al no contar con garantías de seguridad, fueron otros problemas que enfrentaron.
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No hay diálogo sin seguridad
“El 22 de mayo la Guardia Campesina en el cruce de Guadalupe ubica un dron sospechoso. Al ser ubicado de dónde sale el dron, identifican a tres sujetos que hacen parte de las Fuerzas Militares, que estaban debidamente uniformados -no estaban de civil- usando el dron como herramienta para hacer capturas de imagen del sitio donde estaban acostados los campesinos”, siguió relatando la persona encargada de entregar el informe de COORDOSAC.
Esa situación y otras actividades sospechosas de la Policía Nacional tuvo a las y los manifestantes en medio de la incertidumbre. “Otra cosa que nos ocurrió allá abajo, en el cruce de Guadalupe, es que pasaban los carros de policía y según lo que tenemos entendido, había que dejarlos pasar. Pero ya es diferente cuando pasaban los puntos, daban la ronda, volteaban cerca a los puntos pedagógicos y se devolvían hacia el pueblo”, denunció Michel, joven de la Guardia Campesina, quien agregó que este hecho encendió sus alertas.
A ella se sumaron otros campesinos que manifestaron que a los puntos se acercaron oficiales para tomarles fotografías. La situación de seguridad era tan delicada que PACIFISTA! no tuvo autorización para fotografiar directamente los campamentos.
“Nosotros como organizaciones implementamos unas medidas de seguridad, como Guardias Campesinas, y como Guardias Campesinas tuvimos dificultades con la inteligencia militar. (…) Diariamente nos encontrábamos con la sorpresa de cuatro o cinco militares intentando ingresar a la manifestación”, llamó la atención Ayala.
Estas situaciones se agravaron, de acuerdo con el informe, con las declaraciones de Diego Molano, ministro de Defensa. El 2 de junio en Pitalito, Huila, en un encuentro con autoridades locales, Policía y Ejército, afirmó que era necesario seguir usando la fuerza pública para desbloquear puntos en todo el país. “El plan es seguir avanzando según las instrucciones dadas por el presidente Duque, pues no deben existir bloqueos que afecten con la libertad y tranquilidad de los colombianos”, agregó, según informó La Nación.
Con todo, los plantones y otras actividades fueron pacíficas. “El gobierno siempre ha buscado, de una u otra forma, decir que nosotros somos los malos. Pero ustedes pueden ver cómo fue la movilización en Florencia y pueden ver que no se rompió ni un solo vidrio. Los que venimos de San José pasamos por la Alcaldía, por el banco y no rompimos ni el vidrio de una moto. Ustedes pueden verificar y hasta el día de hoy, nadie puede decir que somos vándalos”, recalcó otro de los campesinos que hizo parte de las manifestaciones. Esa fue una estrategia que la población indígena y campesina de Caquetá y el sur del Meta defendió de principio a fin de forma contundente.
Pero el diálogo con las autoridades fue lento y tedioso. “O se levantan o los levantamos”, fue lo que el viceministro del interior, Carlos Alberto Baena López, quien estuvo en la mayoría de las mesas de negociación, les dijo en una ocasión a representantes de las delegaciones, según manifestantes le contaron a PACIFISTA!
A parar para avanzar: los logros de la protesta en Huila
A punta de resistencia, las delegaciones lograron sentar al gobierno nacional durante dos semanas. Tras más de un mes de haber llegado al Huila, lograron acuerdos fundamentales para dar solución a problemas que, día a día, viven en sus hogares.
Lo primero que hicieron fue exigir garantías mínimas de seguridad en el marco de la protesta social y además, en sus territorios. Por ejemplo, uno de los puntos clave de la negociación fue garantizar el retorno seguro de cada delegación, una vez se levantara la asamblea permanente. El 19 de junio, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia acompañó su regreso, junto a la Defensoría del Pueblo.
Después de un mes de haber llegado a Altamira, Huila, organizaciones campesinas e indígenas de #Caquetá y sur del Meta regresan a sus territorios. Tras 2 semanas de negociaciones con gob. nacional y regional se lograron importantes acuerdos. Con @DefensoriaCol acompañamos retorno pic.twitter.com/aY50lRWb42
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) June 19, 2021
Además acordaron que, durante el tiempo que estuvieran dialogando, ningún campesino o campesina podía ser maltratado y sacado de su tierra en áreas protegidas y zonas forestales. Sobre este punto, también se habló de mecanismos de veeduría y acompañamiento desde el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos, para denunciar autoridades y Fuerza Pública que abusaran de sus competencias y violaran derechos humanos.
La delegación campesina llegó a importantes acuerdos: por un lado, se discutieron temas relacionados con Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y zonas de reserva forestal, entre otros. En el marco del primero, solicitaron la creación de ZRC en San José del Fragua, Curillo, El Doncello, en Caquetá, y Piamonte, en Cauca. En Meta, en Lozada Guayabero.
En el segundo punto se planteó hacer estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, para poder regularizar la propiedad rural y así, garantizar el uso del suelo en estas reservas forestales. También, el Banco Agrario se comprometió a brindar brigadas de socialización de los créditos a campesinos y campesinas en estas zonas. Por otro lado, se acordó ofrecer mecanismos de financiación y asistencia técnica en la titulación de las tierras.
Otros asuntos tratados fueron los del Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la reincorporación integral, directamente relacionados con el cumplimiento del acuerdo de Paz.
“Presentamos un pliego con 14 puntos, todos sobre temas de decretos, sobre todo el decreto 362 y 896, que tiene que ver con asistencias del PNIS. Llegamos a acuerdos muy importantes y concluimos en 11 puntos (…). Entre esos, sobresalimos en el tema de las comisiones de evaluación y seguimiento, y las comisiones municipales”, afirmó una de las campesinas que hizo parte de la delegación, en un video difundido por el equipo de comunicaciones del Comité Provisional del Paro Caquetá.
La Asociación de Profesores del Caquetá (ASPROCAP), que también hizo parte de la movilización, participó en la negociación sobre garantías laborales a docentes de zonas rurales en Caquetá. Para ello se estableció una mesa técnica que trabajará en la ampliación de la planta docente en el departamento. Así, se busca dar soluciones a quienes quedaron desvinculados por la mala implementación del Decreto 882 del 2017, una situación que PACIFISTA! documentó hace unos meses.
En materia de salud lograron, entre otras cosas, que el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías de Salud, deba reactivar todos los puestos de salud de Caquetá y el sur del Meta. También, que se apoye en materia de contratación a jóvenes que están estudiando para ser auxiliares de enfermería en estos territorios.
La delegación indígena, por su parte, tenía nueve puntos planteados, relativos a educación, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, gobierno y justicia propia, salud intercultural, política pública indígena en el departamento y asuntos territoriales. En este último se lograron acuerdos, por mencionar solo algunos, para revisar la constitución de nuevos resguardos.
El gran reto es garantizar el cumplimiento de todos estos compromisos. “Las problemáticas que hemos denunciado no son de ahora. La problemática de siempre es el incumplimiento del gobierno, que ha firmado acuerdos de una y otra y otra forma y nunca cumple. Su estrategia siempre es decirnos: ‘levántense, váyanse y negociamos’. Pero ya no les va a pasar lo mismo, porque en este momento les decimos que no, que no nos vamos hasta que no tengamos algo concreto”, sostuvo uno de los campesinos en la misión de verificación de derechos humanos. A eso hay que sumarle, de acuerdo con él y otros manifestantes, la persecución contra quienes protestan.
“A nosotros como líderes nos están señalando – afirmó Ayala- Y no de ahorita, porque eso también hay que decirlo: los líderes que estamos aquí no somos de ayer. Hemos visto incumplimiento tras incumplimiento, pero hay que hacerle un seguimiento a los compromisos”, agregó.
Con fuerza y aguante, campesinos, campesinas e indígenas se le plantaron al gobierno nacional y departamental para exigir lo que es suyo: una vida digna en sus territorios. La tarea de ahora en adelante es acompañarles y respaldar lo que han logrado, porque como sostienen quienes se movilizaron, esta vez no va a pasar lo mismo de siempre.
A Laura pueden encontrarla acá.
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