Montes de María: de la guerra al abandono

Estos son algunos retos del Estado en zonas donde se ha reducido el conflicto armado. Análisis de DeJusticia para ¡PACIFISTA!

Esta es la columna de DeJusticia en ¡PACIFISTA!

Por Natalia Duarte Mayorga*

Lo primero que vi en Las Palmas, corregimiento de San Jacinto, en los Montes de María, fueron algunas casas destruidas, sin puertas, ventanas y paredes llenas de maleza y telarañas. Son las casas de algunas de las familias que salieron desplazadas hace 16 años por una masacre cometida por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María y que hoy continúan sin retornar. Casas que hacen parte de un panorama de pobreza y exclusión, en un corregimiento que, paradójicamente, como señala uno de sus habitantes, “es uno de los hijos preferidos del Gobierno cuando cuenta la novela de los retornos exitosos”.

En el 2014 regresaron 77 familias luego de un intento fallido de retorno en el 2005. Una de esas familias es la de Esteban**, uno de los líderes de Las Palmas y con quien empezamos un recorrido por la calle principal del corregimiento.

Esteban responde con frustración cuando le pregunto si es cierto, como dicen funcionarios de la Alcaldía de San Jacinto, que los Montes de María y la zona por donde caminamos es una zona pacificada. “Da rabia”, me contesta, “porque aquí el cuento es que ya no hay violencia, que ya no hay paras ni guerrilla. Y sí, no hay violencia, pero tampoco hay nada. No nos morimos de hambre porque, aunque sea, café tomamos; y entre nosotros intercambiamos la poca comida de las huertas que nos ha dejado el Fenómeno del Niño”.

Estar en Las Palmas sirve para imaginar un futuro escenario de postacuerdo. Es la viva muestra de que con el fin de la violencia el reto siguiente es hacerle frente a un sinnúmero de vulnerabilidades territoriales y deficiencias institucionales. Sin la excusa de la guerra para no apoyar a víctimas de la violencia y a las comunidades campesinas, al Estado le llega la hora de mostrar de forma decidida si es capaz de volver reales promesas de inclusión y si está dispuesto a reformar las tuercas oxidadas de su institucionalidad para superar su ineficacia. Y eso aquí, por lo menos, donde el poder de las armas de guerrillas y paramilitares parece disiparse, no lo está cumpliendo.

Abandono y tenacidad. Las pequeñas victorias

Durante el recorrido por Las Palmas, Esteban me señala espacios de un pasado doloroso. Está la plaza central, la misma en que los paramilitares masacraron a cuatro personas de una sola familia en 1999. “Hemos pedido un parque de los caídos como forma de reparación simbólica para poner en esta placita. No solo por la masacre que ocurrió aquí, sino por todos los asesinatos selectivos que ocurrieron antes de ese año”, cuenta Esteban. El proyecto está aprobado, pero su construcción aún no ha iniciado por tratarse de tierras baldías, según la Unidad de Restitución de Tierras.

Luego de cruzar la plaza, Esteban me enseña una casa que, a diferencia de las otras de la cuadra, no tiene su fachada pintada. Y no solo no la tiene pintada, sino que las paredes de bahareque están rayadas con letreros raspados que hace 10 años hicieron integrantes de la Armada. Fue la época en que la Fuerza Pública hizo presencia para frenar la avanzada de las Farc. Pero, si con una mano la Armada protegía a la gente de Las Palmas, con la otra la maltrataba.

Según Esteban, “en la época de Uribe ellos [la Armada] venían, sí, y así evitaron que la guerrilla nos desplazara, pero lo hicieron como por cumplir, porque ellos se cagaban en las casas de la gente que se había desplazado y rayaron las fachadas con letreros vulgares diciendo que éramos guerrilleros y también amenazaban a la gente”.

Esteban y el dueño de la casa me muestran cada rincón de la vivienda y compruebo que los muros interiores y exteriores están rayados. “La Armada ya reconoció este atropello y dijo que nos iba indemnizar para resanar las casas, pero hasta ahora no han hecho nada. Unos se cansaron y pintaron por su cuenta, pero yo me espero a que cumplan”, comentó el dueño de la casa.

De la casa rayada, Esteban me lleva a un lugar cerca a la iglesia en donde están ubicadas dos plantas eléctricas que funcionan con gasolina. Algunos líderes y lideresas, antes del retorno masivo del 2014, se fueron a Cartagena a averiguar en qué iba el proyecto de electrificación acordado en 2013 entre la Gobernación de Bolívar y Electricaribe en 2013, como forma de reparación colectiva. Allí les dijeron que la plata ya había sido girada a Electricaribe y que no entendían el atraso.

“Es que Electricaribe mama mucho gallo. Nosotros le dijimos al gobernador (Juan Carlos Gossaín) que tenía un compromiso moral con nosotros porque su papá, en 1982, fue el primero que nos consiguió la luz. Y también porque queríamos ver a la selección en el mundial”. La gobernación, como respuesta, les dio dos plantas eléctricas, con luz las 24 horas del día y completamente gratis.

Conseguir las plantas eléctricas no fue un logro menor. Tal como lo decía Esteban, hay quienes piensan que es más importante el alcantarillado, la restitución efectiva de tierras o la construcción de vías pavimentadas, pero también es parcialmente cierto -sin dejar atrás esos derechos, por los cuales también luchan- que con la luz la comunidad de Las Palmas vislumbró una vida más digna.

Las plantas eléctricas han servido como una forma de reconstrucción del tejido social y ello, a su vez, les ha permitido sentirse parte de un país, al identificarse con las mismas cosas con las que muchos colombianos definen su identidad. Hay que ver la emoción y el orgullo con que varios habitantes de Las Palmas recuerdan el momento en que, reunidos en la placita que suele recordarles la masacre de 1999, se sentaron a ver el primer partido del Mundial de Brasil 2014.

No se trata de un beneficio apenas simbólico. La consecución de energía motivó a los palmeros a pensar en proveerse a sí mismos ciertas cosas a las que no aspiraban:

“Usted no se imagina lo bueno que fue. Antes, apenas oscurecía nos teníamos que meter a las casas, y ahora con luz uno puede ver por dónde camina. Eso ayudó, por ejemplo, a que pudiéramos hacer novenas con los vecinos y a que más gente se animara a retornar. Gracias a eso también nos dimos mañas para que la Unidad de Víctimas y la Gobernación nos ayudaran con la Casa de la Cultura, porque ya había luz para que funcionara”, concluye Esteban.

El Estado que debería aparecer

Si bien la resistencia y organización de los palmeros ha logrado proveer a la comunidad de algunos bienes y servicios, el Estado ha jugado papeles muy diversos, que no siempre implican un apoyo claro a las familias retornadas. Primero está el Estado local. En Las Palmas denuncian que las administraciones municipales que han pasado por San Jacinto, desde su desplazamiento en 1999, no han tenido un compromiso fuerte con las víctimas: plata malgastada en carreteras resanadas una y otra vez que se dañan al primer aguacero; indiferencia de los funcionarios que han cruzado por la Personería ante las peticiones de los palmeros para hacer valer sus derechos frente a Electricaribe, y muchos otros errores.

Luego está el Estado departamental. En el caso de la Gobernación de Bolívar, el clientelismo fue la pieza estratégica que permitió a la gente de las Palmas y a la Gobernación negociar la conquista de plantas eléctricas, aun cuando se tratara de un paliativo, a cambio de apoyo electoral. La donación de las plantas, como la de la Casa de la Cultura, son muestras del incumplimiento institucional disfrazado de favor político.

Finalmente está el Estado central. La Unidad de Víctimas es la institución que probablemente más valoran los habitantes de Las Palmas, pues ha acompañado todo el proceso de su reconocimiento como víctimas. Se trata de un aliado estatal en el que los palmeros confían, pero tanto líderes como funcionarios de la Unidad afirman que esta institución se ve maniatada a la hora de hacer cumplir los acuerdos, porque no encuentra apoyo en el gobierno central para presionar a alcaldías, empresas privadas o gobernaciones.

A la fecha, ni el monumento a las víctimas, ni la indemnización para las casas que la Armada rayó, ni el proyecto de electrificación con Electricaribe, han tenido un feliz desenlace. Además, son varias las condiciones de retorno que siguen sin cumplirse: acueducto, carreteras pavimentadas, parques, la recuperación del cementerio, la construcción de centros de acopio, etc. Las pocas acciones del Estado regional no han sido las de uno que apoya decididamente a las comunidades. Todo lo contrario, la historia de las plantas eléctricas muestra que aquellas comunidades marginadas y vulnerables, como las de Las Palmas, hacen un contacto de “abajo hacia arriba”, reclamando una presencia particular del Estado como proveedor de bienes públicos.

Si Las Palmas es el ejemplo de lo que podría ser Colombia una vez logrado el postacuerdo, hay al menos una tarea que el Estado debe tener en cuenta: transformar la forma clientelar en que las instituciones se relacionan con la gente. El clientelismo no es deseable, incluso cuando la gente se beneficia de él, porque los recursos públicos se distribuyen de forma desigual de acuerdo al interés del político de turno. Ello, a su vez, facilita la corrupción y deteriora la institucionalidad.

A pesar de las formas autogestionadas con las que las comunidades logran para sí derechos que les son constantemente aplazados, los bienes y servicios otorgados por instituciones estatales deberían excluirse de la lógica de los favores electorales y entrar en la de los derechos ciudadanos.

*Investigadora de DeJusticia