Por: Juan Sebastián Jiménez Herrera Con o sin bases, la presencia militar de Estados Unidos se ha sostenido en los últimos años. Incluso se habla sobre acuerdos secretos.
Han pasado casi nueve años desde que el presidente Álvaro Uribe Vélez por poco pone de cabeza al continente al firmar un acuerdo para que Estados Unidos usara siete bases militares en suelo colombiano: Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida, Malambo, Larandia y Cartagena.
El entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez calificó a Colombia de “servidor del imperio”. El presidente boliviano Evo Morales propuso un referendo suramericano para definir este espinoso tema y el gobierno brasileño, por su parte, dijo que este acuerdo recordaba la Guerra Fría.
En Colombia, la controversia no fue menor, sobre todo, porque el acuerdo no pasó por el Congreso, como era debido. De hecho, este fue el argumento por el cual, en 2010, la Corte Constitucional lo tumbó y le ordenó al Gobierno volver a presentarlo. Lo que finalmente no hizo.
Ya para ese momento había un nuevo presidente, Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa fue uno de los protagonistas de este cuestionado acuerdo. Ante el fallo de la Corte, Santos anunció que lo acataba, como era obvio, pero recordó que esta decisión no afectaba acuerdos previos entre ambos países.
Desde entonces es poco o nada lo que se ha hablado del tema. Apenas una vez, en 2015, debido a que el historiador Renán Vega denunció en el informe que presentó a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que 53 mujeres habían sido violadas por militares estadounidenses apostados en la base de Tolemaida. Denuncia que, aunque se investigó, nunca fue esclarecida.
Y, desde entonces, la presencia de militares estadounidenses en Colombia ha permanecido, digamos, en un bajo perfil. Lo que no significa, de ninguna manera, que se haya acabado. Lo explica Sebastián Bitar, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en su libro “La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases”, publicado en 2017.
De acuerdo con un funcionario “de alto rango del Ministerio de Defensa” que Bitar entrevistó en 2012, tras el fallo de la Corte, “el presidente Santos entendió que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos no tenían por qué ser formales o públicos para tener los efectos que ambas partes deseaban. Colombia continuó albergando operaciones estadounidenses en su territorio bajo acuerdos de cooperación previos, las cuales incluían entrenamiento militar, confiscación de drogas y operaciones relacionadas con comunicaciones y vigilancia, entre otras”.
Es lo que Bitar denomina “cuasibases”: “que no son aprobadas por las asambleas legislativas locales y no están sujetas a la supervisión institucional (y) proporcionan instalaciones que apoyan las operaciones de Estados Unidos en los países que las albergan”.
Pueden ser de tres tipos: Gas And Go, acuerdos que le permiten a aeronaves estadounidenses aterrizar y abastecerse de combustibles en las instalaciones de su aliado; de acceso temporal, es decir, con tiempos de permanencia estipulados; y, de acceso por largo plazo. Por ejemplo, en 2012, Estados Unidos todavía operaba desde siete instalaciones militares en Colombia y tenía 51 edificios y 24 instalaciones en arriendo, de acuerdo con el Base Structure Report de ese año.
Para el 2013 esa cifra es de 32 edificios de propiedad de los Estados Unidos en Colombia y 12 en arriendo. Desde entonces, el Base Structure Report no ha vuelto a reportar instalaciones militares gringas en suelo colombiano. En lo que a operaciones se refiere ha habido algunas, digamos, cubiertas y encubiertas.
En 2013, el Washington Post dio a conocer que la inteligencia estadounidense, en especial la CIA, había sido clave para la realización de varios operativos en contra de jefes guerrilleros. Otras operaciones han sido menos, digamos, secretas. Sobre todo: ejercicios conjuntos, brigadas e intercambios. Al igual que operaciones que, aunque dirigidas desde otros territorios, afectan de alguna forma a Colombia.
De estas operaciones hay dos claves: el Continuing Promise 2017, un programa para brindar servicios de salud a comunidades empobrecidas en Colombia, puntualmente, Mayapo, en La Guajira; y los ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, en la Amazonía, a finales de 2017, en virtud de la iniciativa AmazonLog 17. Maniobras que, valga decirlo, generaron preocupación en un vecino país que, aunque no fue invitado a participar, es clave: Venezuela.
Apenas unas tres semanas, Colombia fue escenario de otro evento que ejemplifica lo que ha sido la cooperación de Estados Unidos con nuestro país: una serie de entrenamientos militares en la capital. Pero el trasfondo de todo esto, con bases o sin ellas, sigue siendo el mismo: la lucha contra las drogas.
Como lo ha sido desde el inicio de la lucha contra las drogas, a finales de los 80, y, sobre todo, con el Plan Colombia, aprobado en 2001, y que, aunque ha sufrido duros recortes durante el gobierno Trump, sigue siendo clave para entender el conflicto colombiano y la influencia que Estados Unidos ha tenido en este.
Prueba de que esta sigue siendo la prioridad para los Estados Unidos: la reciente visita del comandante del Comando Sur, que incluye a Colombia, el almirante Kurt W. Tidd.
Tidd se reunió, el pasado 9 de febrero con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y luego visitó Tumaco, escenario de una masacre en la que murieron siete campesinos, en medio de una operación de erradicación de cultivos de coca; matanza por la que se investiga a varios militares.
No es gratuito que Tidd visitara Tumaco y, mucho menos, en este momento. En Estados Unidos se vive actualmente una crisis sanitaria por el consumo de drogas; situación a la que el gobierno de Donald Trump ha respondido presionando a gobiernos como el colombiano, incluso con la amenaza de una posible descertificación. Aunque algunos, como Evo Morales, vieran en este encuentro una amenaza para la vecina Venezuela.
Colombia no ha podido quitarse el inri de las drogas y ese sigue siendo el elemento, por lo menos, central en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Casi hasta el punto de decir que es por esto y no por otra cosa, que Colombia se mantiene, digamos, como prioridad para el gobierno estadounidense, pese a que, en general, el continente permanece en un segundo plano para Washington. Prueba de ello la inasistencia de Trump a la Cumbre de las Américas, en Perú, por enfocarse en la guerra en Siria.
Valga citar las palabras del mismo almirante Tidd ante el Senado estadounidense. El militar dijo que consideraba a Colombia “nuestro socio estratégico más importante en la región”.
En resumen: con bases o sin ellas, Colombia es clave para los intereses de los Estados Unidos y aunque no sea de forma permanente, la presencia militar de los Estados Unidos es constante, sea en las cuasibases que menciona Bitar o sea mediante el entrenamiento en conjunto y la cooperación, sea con tecnología o con recursos. Mejor dicho: las bases ni fueron necesarias.
