Miguel Ángel Beltrán, el profesor acusado de guerrillero, en manos de la Corte

En dos meses la Corte Suprema de Justicia decidirá la suerte del sociólogo, procesado por sus presuntos nexos con las Farc.

Esta semana se realizó la última audiencia del largo proceso judicial que ha enfrentado el investigador y profesor universitario Miguel Ángel Beltrán. Desde 2009, la Fiscalía lo acusa de ser “Jaime Cienfuegos”, un ideólogo de las Farc que, según las autoridades, aprovechaba su cargo como docente de la Universidad Nacional para justificar públicamente la existencia de esa guerrilla y deslegitimar al Gobierno, siguiendo las órdenes del desaparecido jefe guerrillero “Raúl Reyes”.

Beltrán es licenciado en Ciencias de la Educación, sociólogo, magíster en Ciencias Sociales e Historia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Desde que fue detenido en México (2009) y deportado a Colombia para enfrentar un juicio por rebelión, ha alegado que el proceso en su contra tiene tintes políticos y busca censurar a los académicos que explican los orígenes del conflicto armado desde una perspectiva comprensiva.

En 2011, después de dos años de audiencias, la juez cuarta de Bogotá absolvió a Beltrán. Sin embargo, la Fiscalía apeló el fallo y en 2014 el Tribunal de Bogotá lo declaró culpable, por lo que ordenó su captura. El profesor duró 10 meses en la clandestinidad, hasta que en octubre de 2015 fue detenido en un control policial. Durante ese tiempo, su abogado llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando su absolución.

Hoy, recluido en la cárcel La Picota, Beltrán espera el fallo de la Corte, que se conocerá en dos meses. Su caso ha causado revuelo entre académicos de todo el mundo.

Las pruebas

Todo empezó en 2008, cuando el Ejército ejecutó la polémica Operación Fénix, en la que resultó muerto “Raúl Reyes”, por entonces miembro del Secretariado de las Farc. En el operativo, realizado en Ecuador (sin autorización de ese país), se incautó un computador, más tarde conocido como “evidencia 31”.

De allí se extrajeron 159 archivos, varios de los cuales mencionaban a una persona que se hacía llamar “Jaime Cienfuegos”. Según la Policía, “Cienfuegos” es un profesor guerrillero, vinculado a la Comisión Internacional de las Farc, que tenía comunicación directa con “Raúl Reyes”.

Como parte de sus funciones, “Cienfuegos” debía elaborar artículos favorables a las Farc y enviarlos a “Reyes” para su aprobación. En una ocasión, dicen los peritos, se dijo expresamente que uno de los escritos debía ser mejorado y publicado bajo la firma de un tercero en Anncol, señalada por las autoridades como el portal noticioso de las Farc, aunque sus fundadores niegan cualquier vínculo con esa guerrilla.

Según la Fiscalía, “Cienfuegos” coordinaba esas labores con la socióloga Liliana Patricia Obando, señalada de militar en las Farc bajo el alias de “Sara” y procesada por rebelión. “Cienfuegos” también se habría trasladado a algún punto montañoso de Colombia para entrevistar a Reyes bajo el alias de “Jaime Larrota”.

Con esas y otras informaciones, obtenidas de la evidencia 31, la Policía realizó labores de inteligencia y concluyó que “Jaime Cienfuegos” era Miguel Ángel Beltrán. La Fiscalía le pidió a Interpol emitir circular roja, por lo que fue detenido en México y trasladado a Colombia en mayo de 2009.

Horas después de su detención, la Policía le incautó una memoria USB, de la que recuperó 18 fragmentos de documentos de Word que habían sido encriptados y borrados. Dos textos llamaron la atención de los investigadores.

Uno de ellos estaba dirigido a alias “Tania”, encargada de las comunicaciones de las Farc. Se trata de una carta firmada por “Jaime Cienfuegos” en abril de 2008, pocos días después de la operación Fénix. En ella, “Cienfuegos” dice que está “lleno del dolor y la rabia que nos ha producido el asesinato de nuestro amigo y camarada Raúl”, y que “en todos los espacios donde desarrollo mi actividad, particularmente la universidad, he estado promoviendo la discusión y el debate en torno a este nuevo acto de guerra del gobierno Uribe”.

Asimismo, informa que no había “escrito antes porque tuve problemas con mi PGP”, un programa para encriptar documentos. También dice que “estaré enviando, como siempre lo hecho, el informe de mis actividades”; que “con Sara hemos tenido dificultades de coordinación”, y que “quisiera saber sobre el envío de mis artículos”.

En ese texto, “Cienfuegos” le cuenta a “Tania” que estuvo “en México 15 días, donde viajé invitado por la UNAM a participar en un seminario donde precisamente hablé de las raíces del conflicto armado y social colombiano (…) y pude presentar a los estudiantes mexicanos nuestros puntos de vista”. Los investigadores revisaron los registros migratorios de Beltrán y encontraron que estuvo en México entre el 9 y el 23 de marzo de 2008, pocos días antes de que “Cienfuegos” le escribiera a “Tania”.

El otro documento es una comunicación dirigida al “camarada Raúl” el 20 de noviembre de 2007, del cual sólo se recuperó un fragmento y que aparece sin firma. En él se lee que “en las últimas semanas los medios de comunicación y los sectores derechistas de nuestro país han redoblado sus diatribas contra nuestra organización”.

El autor de la carta dice que, por esa razón, es “necesario que redoblemos nuestro trabajo ideológico”, pero que sus labores como profesor universitario le han impedido asumir esos compromisos. Según los peritos de la Policía, en el computador de “Reyes” se encontró una copia idéntica de este archivo.

La Fiscalía también usó como prueba el ensayo “Colombia: ¿terrorismo o insurgencia armada?”, publicado en una revista venezolana en 2006. Los autores son Miguel Ángel Beltrán y Liliana Patricia Obando, hecho que, según las autoridades, respalda la hipótesis de que los dos académicos son “Cienfuegos” y “Sara”, toda vez que trabajaban de manera conjunta.

Lo que ha dicho la justicia

En 2011, la Corte Suprema de Justicia declaró que todas las pruebas obtenidas durante la operación Fénix se habían recolectado ilegalmente y no podían ser usadas en ningún proceso judicial. Según la Corte, la manera como se trajeron los computadores, los discos duros y las USB hallados en el campamento de “Reyes” violó los convenios internaciones, la Constitución y las leyes colombianas.

Con ese precedente, la juez cuarta de Bogotá excluyó del proceso contra Miguel Ángel Beltrán todos los archivos obtenidos de la evidencia 31. Sin ellos, sólo quedaba en el expediente un documento firmado por “Jaime Cienfuegos”: la carta que estaba en la USB del profesor Beltrán.

La juez dijo que con un documento era imposible determinar que Beltrán era “Cienfuegos” y aseguró que la Fiscalía no presentó ninguna prueba de que Beltrán hubieran firmado “escritos en los que se evidencie su pretensión de derrocar, suprimir o modificar el régimen constitucional, en apoyo irrestricto a la causa guerrillera”.

Tres años después, el Tribunal de Bogotá llegó a conclusiones distintas. Para los magistrados, aún con la exclusión de la evidencia 31, es posible determinar dos cosas: que quien firma como “Cienfuegos” milita en las Farc, y que “Cienfuegos” es Miguel Ángel Beltrán.

Las razones para adoptar la primera conclusión son: que “Cienfuegos” escribe en primera persona del plural (nosotros), admitiendo que él pertenece a las Farc; que usa un programa de encriptación empleado regularmente por la guerrilla; que reconoce que debe acatar las instrucciones de las Farc y que busca tumbar al Gobierno con “la presentación de artículos en la página institucional de las Farc y la promoción en espacios académicos e intelectuales encaminados a propagar la visión de esa agrupación insurgente”.

Sobre la segunda conclusión, los argumentos del Tribunal son que “Cienfuegos” y Beltrán son profesores universitarios atareados que participan en direcciones de tesis, seminarios y discusiones sobre la reforma universitaria; que estuvieron en México en abril de 2008, y que trabajan con la socióloga Liliana Obando, por lo que son la misma persona.

Los magistrados también descartaron una de las explicaciones de Beltrán, según la cual la USB que le fue incautada circulaba entre varios profesores y estudiantes. El Tribunal rechazó la explicación y recalcó que en la memoria se encontraba instalado el sistema PGP y un manual de instrucciones que “difícilmente llegarían de manera accidental al mecanismo”.

Por esas razones, Beltrán fue condenado a una pena superior a ocho años de prisión. En la sentencia, el Tribunal dejó una constancia: “Quede claro: Disentir no es delito, el delito es trabajar en tareas políticas e ideológicas bajo la dirección y el control jerárquicos de un grupo insurgente armado”.

La defensa de Beltrán

Miguel Ángel Beltrán, profesores y estudiantes de distintas universidades colombianas, además de docentes e investigadores de México, Argentina, Alemania e Inglaterra, han declarado que el proceso judicial en su contra busca “acallar el pensamiento crítico”.

Se trata, según los académicos, de impedir que Beltrán siga produciendo conocimiento sobre el conflicto armado colombiano y de silenciar su postura respecto a los orígenes y el desarrollo de las guerrillas, particularmente las Farc.

Un ejemplo de esa posición sería su ensayo “Colombia: ¿terrorismo o insurgencia armada?”. En él, Beltrán y Obando aseguran que la rebelión es un derecho, que la situación política del país justifica el alzamiento en armas contra el Gobierno, que las Farc no han perdido su norte político y que no son terroristas ni narcotraficantes, que la guerra de guerrillas no puede estar sujeta a las reglas del Derecho Internacional Humanitario y que no era cierto que el Ejército estuviera ganando la guerra.

El abogado de Beltrán, David Albarracín, dice que ideas como esas son las que tienen al profesor en la cárcel: “Miguel Ángel no es guerrillero, ni es ‘Jaime Cienfuegos’. Lo que sí es, es una persona contestataria, distinta, con un pensamiento divergente. Y eso lo hace peligroso, porque tiene la capacidad de influir sobre sus estudiantes, de enseñarles otra forma de pensar”.

Sobre las pruebas, Albarracín asegura que descartar la evidencia 31 implica desechar el resto del expediente, porque la investigación surgió gracias a la información contenida en el computador de “Reyes”. Insiste, además, en que esa memoria era compartida con otros profesores y estudiantes y en que ninguna otra información sugiere que Beltrán pertenezca a las Farc o que le haya hecho “aportes al pensamiento” de esa guerrilla.

Albarracín también afirma que el contenido de las dos cartas encriptadas no indica que su autor sea guerrillero, independientemente de si las escribió Miguel Ángel Beltrán o cualquier otra persona: “de esos documentos lo único que se puede deducir con certidumbre es que quien los escribió tiene cercanía, afinidad, que no les disgustan las Farc, más no que pertenezca a las Farc, ni mucho menos que comparta su cometido de derrocamiento del régimen legal por la vía de las armas”.

Hasta ahora, las Farc no se han pronunciado al respecto. Por eso, el abogado de Beltrán se pregunta: “si Miguel Ángel es, como dicen, el ideólogo de la Comisión Internacional de las Farc, ¿por qué no lo han llamado a La Habana?, ¿por qué no lo incluyeron en la lista de indultados?, ¿por qué yo, que soy su abogado, no soy el asesor jurídico de las Farc en la mesa de conversaciones?, ¿por qué no hay ningún desmovilizado de las Farc que lo señale como ideólogo de la guerrilla?”.

El asunto, tal como le fue planteado a la Corte, esconde un problema mayor. Albarracín le dijo al alto tribunal que “se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia, en el actual contexto nacional de diálogos de paz, se pronuncie sobre la comunidad de ideología entre los ciudadanos y la insurgencia armada, para verificar si la misma estructura o no el delito de rebelión”. Es decir, le pidió que emitiera un concepto sobre si compartir los planteamientos de las Farc es o no un delito.

El caso es similar al de otros docentes, estudiantes y líderes campesinos, políticos y comunitarios procesados por rebelión, que se cuentan por decenas en todo el país. El asunto es de tal dimensión que el acuerdo sobre justicia que firmaron el Gobierno y las Farc en La Habana contempla la posibilidad de que todos los condenados por ese delito, aún cuando nieguen tajantemente que pertenezcan a la guerrilla, puedan acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz.

El pasado martes, la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a los magistrados que dejen en firme la condena contra Miguel Ángel Beltrán.