Marzo de 2017 fue el mes con menos asesinatos en los últimos 38 años.
Por Juan David Ortiz Franco*
En poco más de 10 años han sido asesinadas en Medellín más de 12.300 personas. Esa cifra equivale a casi la mitad de la población de un municipio como La Calera, en Cundinamarca. La estadística no lo refleja, pero es siempre el punto de partida de una discusión ciudadana que se reedita con el aumento o la disminución de las cifras, mientras la ciudad sigue poniendo muertos por decenas.
La violencia en Medellín ha estado determinada por una conflictividad urbana con momentos de agitación y de calma. Milicias, paramilitares, oficinas de cobro, combos y grandes carteles del narcotráfico han tenido que ver con la vida de la ciudad desde finales de los 80, cuando se ganó el lamentable lugar de “la más violenta del mundo”.
Sin embargo, desde hace unos años y salvo unos cuantos baches, el común denominador es que mes a mes se celebre como el de menos homicidios. Desde 2009, cuando hubo 2.189 asesinatos en la ciudad, las cifras comenzaron a caer de forma continuada hasta 2015, año en que fueron contabilizados 494 homicidios: una reducción en esos seis años del 77%.
Con esas estadísticas, Medellín acaba de salir, por segundo año consecutivo, del ranking de las 50 ciudades con los mayores índices de homicidios en el mundo que produce la oenegé mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. El más reciente de esos estudios, con datos de 2016, fue publicado a principios de abril e incluye a Cali (puesto 21), Palmira (31), Armenia (44) y Cúcuta (48).
Reducción de homicidios: ¿Un milagro?
En marzo de 2017 fueron asesinadas 23 personas en Medellín. Fue el mes con menos homicidios en los últimos 38 años y hasta la presidencia celebró la noticia.
“La clave del éxito contra la delincuencia es la acción articulada con las alcaldías y las gobernaciones. El trabajo coordinado entre Ejército y Policía, que aquí en Medellín está dando buen resultado, es una innovación del alcalde Federico Gutiérrez y es un buen ejemplo que con el ministro (de Defensa) vamos a ver cómo podemos replicar en otras ciudades”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en una visita a Medellín el pasado 19 de abril.
Sin embargo, 2016 arrojó resultados menos favorables. Ese año fue el primero desde 2009 en el que la cifra no fue menor a la del año inmediatamente anterior. Fueron asesinadas 534 personas, mientras en 2015 murieron violentamente 494.
No hay una sola explicación para ese fenómeno. Mientras algunos sectores atribuyen la reducción y el aumento en los homicidios a las dinámicas internas de las estructuras criminales de la ciudad, otros —principalmente desde la oficialidad— lo asocian con las políticas de seguridad.
En el primer escenario hay todo un inventario de razones. Una de las más sonadas en los últimos años tiene que ver con supuestos pactos entre organizaciones ilegales enfrentadas para reducir el nivel de la confrontación y, de esa forma, facilitar la explotación de sus rentas en la ciudad.
El Estado sigue siendo incapaz de luchar contra las estructuras que tienen apoyo social, recursos y territorio.
Al último de esos acuerdos se le llamó “pacto del fusil” y, aunque alrededor del tema no hay certezas, se habría tratado de una negociación entre dos estructuras que centralizan el poder ilegal en Medellín: la Oficina de Envigado y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (el grupo criminal rebautizado como Clan del Golfo por las autoridades). El objetivo: evitar las disputas armadas de los combos y preservar la división del territorio que antes se consolidó a tiros.
Y aunque no hay claridades sobre los términos de esos supuestos pactos, se sabe que los periodos con menores índices de homicidios han coincidido con los momentos de menos confrontaciones entre combos. De igual forma, las alzas en las estadísticas —y ese fue el común denominador durante 2016— coincide con una percepción general sobre el aumento de los choques armados.
Ese incremento esporádico de los enfrentamientos, de acuerdo con la oenegé Corpades, que anunció el surgimiento del “pacto del fusil” a mediados de 2013 y que le ha hecho seguimiento desde entonces, tiene que ver con algunos intentos de insubordinación, conflictos internos o disputas entre combos. Ese es el caso de un sector de la comuna 16, en el occidente de Medellín, donde según un informe de Corpades publicado en febrero pasado la confrontación aumentó luego de una alianza entre algunos combos para adueñarse del territorio dominado por otra agrupación armada.
En el otro frente, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín insisten en que sus acciones sí influyen en la dinámica de los asesinatos en la ciudad. Y es justo en esa tensión entre la postura oficial y la interpretación de algunos investigadores sociales que se ha ubicado el debate sobre la dinámica de la violencia homicida en Medellín.
Jorge Mejía Martínez, quien fue concejal, secretario de Gobierno de Medellín y Antioquia y consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la capital de Antioquia, destaca la evolución en las cifras, pero señala las implicaciones de que la institucionalidad, según él, sea solo una espectadora en la dinámica criminal de la ciudad.
“Es necesario reconocer que el Estado es incapaz e impotente”, dice Martínez. Y agrega que “mientras no lo hagamos vamos a seguir dependiendo de emotividades, de un Federico que se pone el bolillo y la cachucha como un gendarme para perseguir a los delincuentes, mientras el Estado sigue siendo incapaz de luchar contra esas estructuras que tienen apoyo social, recursos y territorio”.
Aunque no habla de pactos, coincide con que el comportamiento de las cifras de homicidios “depende de si existe o no un actor hegemónico en el territorio. Que hoy hayamos rebajado esos homicidios no significa que se hayan debilitado esas estructuras, sino que el modelo criminal se ha consolidado y no está en discusión”.
“Delinquir, pero no matar”
Max Yuri Gil, investigador social y exdirector de la Corporación Región, dice que en los últimos años Medellín ha dejado la situación atípica en que se encontraba frente a la problemática del homicidio si se le compara con otras capitales del mundo.
Sin embargo, considera que, mientras las cifras de homicidios caen, las autoridades no han podido contrarrestar otros delitos: “Mientras las organizaciones no maten y no hagan uso ostensible de las armas, el Estado las deja subsistir. Si una administración decide golpear a las estructuras criminales, se le van a disparar los homicidios y se le hace ingobernable la ciudad”.
Esas organizaciones armadas, de acuerdo con el investigador, han entendido que enfrentarse al Estado tiene un costo que no vale la pena asumir porque, asegura, “las autoridades tienen la capacidad de derrotarlas cuando deciden combatirlas. Las últimas que hicieron eso fueron las milicias, lo que quiere decir que tenemos ya 14 años en que ninguna organización se enfrenta al Estado. Entonces, hay un mensaje desde la institucionalidad: que pueden delinquir, pero no matar, no hacer uso de la violencia directa, porque eso es penalizado”.
Mientras las organizaciones no maten, el Estado las deja subsistir.
Por eso, agrega que el Estado aún está lejos de acabar con esas organizaciones y aún más lejos de promover otras perspectivas para enfrentar la violencia homicida: “Hubo unos pequeños avances en cultura ciudadana que ahora se cambiaron por el mensaje de ‘portate bien’, que es un desastre. En reemplazo de una perspectiva de seguridad humana integral, lo que la administración propone es eso y más cámaras y cuadrantes”.
Ese “portate bien”, así sin tilde, es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín para señalar los riesgos de conductas contrarias a la convivencia. El contenido de las piezas publicitarias de la campaña se enfoca en señalar, por ejemplo, que quien se involucre en una pelea puede perder su dinero, su libertad o su vida.
La campaña incluye caras felices y tristes, vallas publicitarias y cuñas de radio con dramatizados. Ha sido objeto de críticas, pero en el fondo describe otra mirada frente al problema del homicidio: que ante la reducción de las cifras, los esfuerzos empiezan a centrarse en enfrentar los asesinatos resultado de problemas de convivencia, y no solo aquellos que durante años han sido generados por la conflictividad urbana. Entre tanto, las organizaciones criminales siguen dominando territorios estratégicos de la ciudad.
*Periodista y coordinador de Especiales del Sistema Informativo De la Urbe de la Universidad de Antioquia.
