OPINIÓN |De acuerdo con la UNODC, en 2017 se logró una reducción del 11% de hectáreas en las zonas donde se implementaron acciones de sustitución voluntaria…
Por: Lucía Ramírez Bolívar*
La semana pasada, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hizo pública la cifra de hectáreas de coca cultivadas en el país (171.000 ha) con corte a 31 de diciembre de 2017. A pesar de la visibilidad que se le ha dado a esta cifra, aún no ha sido publicado el informe completo que le da sustento. Por el momento solo contamos con un resumen ejecutivo en el cual, paradójicamente, se afirma que “no es una publicación oficial de las Naciones Unidas”. La obsesión por el número de hectáreas promovida por el sistema internacional de control de drogas ha llevado a que el gobierno colombiano tenga uno de los sistemas de monitoreo de cultivos ilícitos más sofisticados del mundo pero que, a la vez, haya fracasado en conocer las condiciones de vida del campesinado cocalero y en evaluar el impacto de las políticas implementadas para abordar el problema de los cultivos de uso ilícito.
Un ejemplo de esta obsesión es que el dato más discutido en los medios de comunicación es el incremento del 17% en el número de hectáreas cultivadas en comparación con el año 2016, mientras que el potencial impacto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) haya pasado desapercibido. De acuerdo con la UNODC, en los territorios donde se implementaron acciones de sustitución voluntaria y erradicación forzosa se alcanzó una reducción del 11% en el número de hectáreas cultivadas.
Lamentablemente, la fecha de corte del informe no permite visibilizar el alcance del programa de sustitución, pues un número importante de familias se vincularon en el transcurso de 2018. El cumplimiento de este programa tampoco ha sido verificado con otras familias que se encuentran en las etapas iniciales del proceso (vale la pena recordar que este programa se implementó en el 14% de los territorios afectados por cultivos de coca debido a problemas presupuestales y de seguridad. Según la Dirección de Sustitución Nacional de Cultivos de la Presidencia, el 91% de las familias que están vinculadas al programa de sustitución han retirado sus cultivos.
A pesar de las limitaciones para medir el impacto del programa, una reducción del 11% en el número de hectáreas cultivadas evidencia que la sustitución voluntaria de cultivos es un estrategia que — si bien no soluciona el problema de los cultivos en el largo plazo — puede ser útil si es acompañada de esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en las regiones donde se cultivan coca. De hecho, puede tener mejores resultados que la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, acciones que el nuevo gobierno quiere retomar.
La evidencia demuestra que la erradicación forzada sólo garantiza una disminución del número de hectáreas en el corto plazo, pero no aborda los problemas estructurales que empujan a las campesinas y campesinos a involucrarse en estos cultivos. Por ejemplo, hoy el Putumayo es el segundo departamento con el mayor número hectáreas cultivadas (29.589 hectáreas), a pesar de ser uno de los territorios en los que se concentraron las fumigaciones aéreas con glifosato durante la implementación del Plan Colombia. Entre 2000 y 2015, el 16% de las hectáreas asperjadas se ubicaron en este departamento y solamente en 2006 se fumigaron cerca de 26.400, casi el mismo número reportado para finales de 2017. Por otro lado, el piloto de sustitución cultivos adelantado en Briceño (Antioquia) ha demostrado que si las comunidades cocaleras reciben el impulso que necesitan, pueden encontrar alternativas a los cultivos de coca.
Si el gobierno actual quiere lograr impactos de largo plazo en la reducción de cultivos de uso ilícito, debe enfocar sus esfuerzos no solamente en fortalecer el programa de sustitución, sino en generar cambios estructurales en las regiones afectadas, buscando una disminución sustancial de la pobreza para abrirle nuevas alternativas de vida a los campesinos. En el marco de la investigación “Voces desde el Cocal: Mujeres que Construyen Territorio” adelantado por Dejusticia y Fensuagro, las mujeres cultivadoras de coca de la región andino-amazónica dieron varias recomendaciones para avanzar en la solución del problema de las drogas. Estas recomendaciones están relacionadas con el fortalecimiento de la institucionalidad civil en los territorios cocaleros, la implementación de la Reforma Rural Integral establecida en el Punto 1 del Acuerdo Final y, por supuesto, el programa de sustitución.
Con respecto al fortalecimiento de la institucionalidad civil, las mujeres cocaleras afirman que es necesario que el Estado reconstruya la confianza con las comunidades luego de tantos años en que esta relación ha estado mediada por la militarización de los territorios, la violencia de diferentes actores y la fumigación aérea. Para ello exigen mayor presencia de instituciones ligadas al sector justicia, agricultura y desarrollo rural, seguridad social, vivienda, salud y educación. Así mismo, proponen crear un mecanismo imparcial de verificación de los acuerdos alcanzados entre las comunidades y el gobierno nacional.
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Así mismo, es urgente cambiar las condiciones estructurales de estos territorios por ejemplo a través de la expedición e implementación de los 11 planes nacionales que hacen parte de la reforma rural integral. Por ello, las mujeres consideran que es clave fortalecer los sistemas de salud y educación en las zonas rurales; promover el acceso a tierras y a vivienda; y desarrollar rutas de comercialización fuertes de los productos del campo a nivel nacional e internacional, para lo cual es clave contar con asistencia técnica y empresarial.
En relación con el programa de sustitución de cultivos, es clave que se mantengan los acuerdos y avances alcanzados hasta la fecha, como es la prevalencia de la erradicación voluntaria sobre la forzada, la suspensión de las fumigaciones con glifosato, y lo establecido en los acuerdos colectivos e individuales que ya se han firmado. Adicionalmente, se debe avanzar en dos puntos claves con los que el gobierno ha estado en deuda desde el inicio del programa: la implementación del enfoque de género para que se reconozca el rol de las mujeres en esta economía y la ejecución de nuevas medidas para que los campesinos cuenten con un tratamiento penal diferenciado; este último punto clave para la seguridad jurídica.
El problema de los cultivos ilícitos no se va a solucionar con la erradicación forzada ni la fumigación con glifosato, por el contrario, un programa de sustitución enfocado en la asistencia técnica y el desarrollo de rutas de comercialización – acompañado de medidas de transformación estructurales del campo – es una alternativa con la que se puede alcanzar lo que se no ha logrado en décadas con la guerra contra las drogas.
- Investigadora de Dejusticia. Twitter @aydalucia
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