#Divergentes| Cientos de estudiantes y profesores siguen movilizándose por todo el territorio nacional. Dicen que los recursos anunciados por el gobierno no son suficientes.
La educación superior pública en Colombia está quebrada y los gritos de auxilio para que el Estado intervenga en su precipitada desfinanciación cada vez se hacen más agudos, más desesperados. Durante décadas no se han sabido llevar las cuentas del presupuesto para universidades e instituciones de educación superior pública y así se ha hecho evidente, sobretodo desde 1992 cuando, salió la famosa Ley 30.
El problema es que si bien esta fue creada para beneficiar a los estudiantes y en efecto así lo hizo en algunos temas de cobertura, tecnología, laboratorios e infraestructura, con el paso de los años se quedó corta. El número de estudiantes de pregrado de universidades públicas creció desmedidamente, los de posgrado se duplicaron, los profesores se fueron preparando más y los investigadores fueron aumentando, tanto que hoy hay cerca de 2.500 grupos de investigación en universidades públicas que representan la mitad de todos los que existen en el país.
Pero el problema, vale la pena aclarar, no fue la creación de la Ley 30 sino la falta de planeación y capacidad del Estado para financiarla. Resulta que dos de sus artículos, el 86 y 87, establecen que la inversión de estas instituciones aumenta anualmente de acuerdo a lo que suba el costo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, al tiempo que se estableció que toda institución superior es autónoma de aumentar sus costos, ese alza debe estar regida dependiendo de la variación del costo de vida nacional de todos los años. Esto, de nuevo, sin contar con el crecimiento de la población universitaria.
Si hacemos las matemáticas la cosa quedaría más o menos así: de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación y el Sistema de Educación Estatal (SUE) en 1993 habían unos 160 mil estudiantes matriculados en pregrado en universidades públicas, lo que significaba alrededor de 1.72 billones de pesos de inversión. Sin embargo, en la actualidad ese número se disparó a más de 600 mil estudiantes repartidos en 32 instituciones del territorio colombiano para los cuales se necesitan aproximadamente 2.93 billones. Esto quiere decir que antes la universidad ponía entre 8 y 10 millones de pesos por estudiante, pero hoy esa cifra apenas rodea un poco más de los 4 millones.
La situación de la gente que está estudiando posgrados tampoco es diferente. En el 2003 habían 16.492 estudiantes pero para 2017 llegaron a ser 46.794 personas especializándose en el país, además de las cerca de 4.000 que están cursando un doctorado. Esto sin tener en cuenta que el costo de formación de estos estudiantes es tres veces mayor que los que están en pregrado. Así las cosas, el lío de financiación y la falta de base presupuestal para estas instituciones con el paso del tiempo fue creciendo como una gigante y desastrosa bola de nieve que ahora representa un déficit fiscal de 15 billones de pesos que nadie sabe cómo cubrir.
“¿Cómo ha sido posible el incremento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47% del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”, se lee en la carta abierta que profesores de diferentes universidades como la Pedagógica, la Universidad de Caldas, del Quindío y la Industrial de Santander le enviaron al presidente Iván Duque el pasado 1 de octubre.
La gran movilización estudiantil
Ante este lamentable desangre que de a pocos está exterminando la educación superior pública en Colombia, hace cinco semanas cientos de estudiantes, profesores, rectores y funcionarios públicos se empezaron a tomar las calles de todo el país. La primera gran movilización estudiantil empezó el miércoles 10 de octubre y se llevó a cabo en diferentes ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali y Valledupar, aunque Bogotá fue la protagonista y el punto en donde se concentraron la mayor parte de los manifestantes para pedir que el gobierno se pronuncie y les brinde soluciones reales.
Esta movilización fue producto de una reunión que se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de septiembre en Florencia, Caquetá, en donde tuvo lugar el segundo Encuentro Nacional del ENEES. Allí se discutió sobre la problemática actual evidenciando la progresiva des financiación que actualmente tiene asfixiadas a las universidades e instituciones de educación superior del país y se formuló un pliego de diez exigencias que ya le fue expuesto al gobierno en cabeza de Iván Duque y de la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
Sin embargo, este fue solo el comienzo de la poderosa movilización estudiantil que se ha venido fortaleciendo. A una semana exacta de haberse desarrollado la gran marcha por la educación del 10 de octubre, los estudiantes de las 32 universidades públicas del país, así como el SENA, asociaciones de profesores y sindicatos como FECODE, ASPU y la ONIC salieron nuevo de a las calles para protestar sobre el aumento del presupuesto inicial que anunció el gobierno (medio billón de pesos) pues, según ellos, era “tramposo” ya que del total solo 55 millones se repartirían entre las 61 IES públicas y 101 millones en el nuevo Ser Pilo Paga.
El pasado 31 de octubre, luego de que maestros de escuelas y colegios públicos también anunciaran paro nacional y dos docentes de la Universidad Nacional y de la Universidad de Caldas entraran en huelga de hambre, los estudiantes de instituciones públicas de educación superior saldrán a marchar otra vez por las principales calles el país para solicitarle al gobierno mayores recursos a pesar de que el pasado viernes el presidente Iván Duque y los rectores de universidades públicas llegaran a un acuerdo.
Pero ahí no paró la movilización. El jueves 8 de noviembre las protestas continuaron en diferentes zonas del país. Sus protagonistas, en mayor medida, fueron estudiantes que aún esperan que el gobierno presente soluciones. Sin embargo, la semana pasada, a diferencia de anteriores protestas, hubo actos violentos que empañaron toda la jornada. Algunos manifestantes (no necesariamente estudiantes), en el calor de las manifestaciones, atacaron de manera alevosa a miembros de la fuerza pública y algunos agentes de la fuerza pública, sobre todo del Esmad, utilizaron métodos de represión violentos contra estudiantes que se manifestaban de forma pacífica.
“Es evidente que hay un cambio de directriz del gobierno”, opina Jairo Rivera Henker, politólogo y exvocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane).
Hoy, aún en paro nacional, los estudiantes vuelven a las calles. Desde las nueve de la mañana al sector estudiantil se sumaron centrales obreras y profesores quienes piden al Gobierno y a las autoridades que respeten la marcha y el derecho a la movilización, pues dicen que las van a hacer de manera pacífica y que no afectarán la movilidad de Transmilenio. La secretaría de movilidad de Bogotá, por su parte, pidió que las marchas convocadas para este jueves transcurran sin violencia. De acuerdo con el Distrito cerca de 3.000 policías acompañarán la jornada en Bogotá.
Entre las diez exigencias que está pidiendo la comunidad educativa la principal es incrementar la inversión presupuestal a 4,5 billones de pesos para las Instituciones de Educación Superior Públicas del país. Recordemos que el nuevo proyecto de presupuesto para el año siguiente quedó cifrado por un total de $258,99 billones de pesos de los cuales el sector educación recibirá $38, 7 billones seguido de Defensa con $33,6 billones, cartera que recibió un aumento de 3 billones de pesos que, justamente, son los que le hacen falta a los estudiantes, profesores y rectores.
De acuerdo con Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional Sindical de profesores Universitarios (ASPU), actualmente falta 1 billón 400 millones de pesos solo para lograr terminar el año en cuanto a funcionamiento, pues las universidades no tienen para la nómina de octubre, noviembre ni diciembre. “Nosotros hemos estado participando activamente, sobretodo en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2019, en donde nos metimos y miramos tres artículos que garantizaran que para el siguiente año nos dieran lo que estamos pidiendo”. Además, dice Hernández, la mayoría de los recursos para la educación se han destinado a Icetex y Ser Pilo Paga, un programa de gobierno que para él resulta “ineficiente” si se compara con la cobertura que dan las instituciones públicas de educación superior en el país.
El gobierno, por su parte, con la primera marcha aceptó que habían dineros congelados que estaban destinados para este año pero que más de eso no tienen. “Los giros que nosotros le hacemos a las universidades responden al artículo 86 de la Ley 30 que es funcionamiento y el 87 que es inversión, además de los recursos que damos de fomento a educación superior. Estos giros se están terminando de hacer ahorita pues estaban pendientes. No obstante, con esto honramos lo comprometido para 2018 por lo que no puedo definir más presupuesto. Estamos hablando con los rectores sobre otras fuentes de financiación como las cooperativas”, dijo ayer en la mañana la ministra de Educación María Victoria Angulo en conversación con Yolanda Ruíz en RCN Radio.
El tema con los docentes tampoco da tranquilidad. “De los 37.923 maestros que tienen las universidades públicas solo 12.570 son de planta. El resto son ocasionales y de cátedra que trabajan en condiciones laborales precarias. “El 68 % de los profesores de universidades públicas no están oficialmente vinculados, sus salarios son muy bajos y solo tienen contrato ocho de los 12 meses del año, por lo que cotizar para salud y pensión se vuelve un verdadero martirio”, agregó el presidente de ASPU.
Además del aumento de presupuesto de base, los estudiantes y docentes alegan que el cobro de matrículas en las IES privadas no se puedan sustentar en un modelo “mercantil y usurero”, por lo que piden congelar de inmediato las matrículas en las IES de carácter privado. Así mismo piden respeto y garantías para la movilización estudiantil sin represalias exigiendo el no ingreso ni intervención del ESMAD y fuerza pública en general en los campus universitarios, entre otras peticiones que puede consultar aquí.
Los afectados
Los mas afectados de la quiebra de la universidad pública, es decir los rectores, estudiantes y profesores están rogando a las autoridades que entiendan que la crisis no es solo cuestión de números sino algo, literalmente, de vida o muerte educativa: no hay ni un peso para terminar el año, los financieros administrativos de las universidades no saben qué hacer para estirar la billetera y Bienestar Universitario es bien conocido por ser una “mentira” en estas instituciones.
Las asesorías, donaciones de privados, préstamos y consultorías a privados o a instituciones de gobierno no le alcanzan a los rectores para sostenerse y ahí es donde recurren desesperadamente al ahorro: recortan plata para el cupo de profesores arriesgando la calidad académica y limitan el cupo de estudiantes, lo que se convierte en la formula perfecta para la exclusión.
Solo por dar unas cifras, actualmente en Colombia de 100 jóvenes que se gradúan de bachiller al año solo 48 ingresan a la educación superior. El año pasado de los 50 mil estudiantes que querían estudiar en la Universidad de Antioquia (UDEA) solo pasaron 5 mil, es decir, el 10%. Eso sin contar con que el 85% de sus estudiantes son de estratos 1 y 2.
Lo anterior también desmiente lo que desde hace años se viene rumorando a gritos y es que supuestamente los docentes son los culpables de la crisis financiera de la educación pública. Así se puede ver en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de la Dirección Nacional de Planeación. “Para mejorar la desfinanciación de la educación superior se busca controlar el alto crecimiento de los costos de estas instituciones publicas, ocasionados principalmente por la nómina docente”.
Falso. Estas afirmaciones engañosas vienen de un decreto (1272) que salió en 2002 que modificó los salarios de los profesores para incentivar la investigación en el país y pagarles de acuerdo a su trabajo. No obstante, el problema, de nuevo, no fue el decreto sino que el Estado no previó cómo financiarlo con el presupuesto que ya se tenía. Entonces, una vez más les tocó a las universidades hacer magia para pagarles un promedio de entre 4 y 7 millones a los docentes que tuvieran encima doctorados, libros, artículos indexados y cuantiosas investigaciones.
Lo cierto en todo esto es que pese a que el gobierno ha anunciado un aporte considerable las universidades públicas están derrumbándose con un déficit histórico y una deuda que se viene cocinando desde 1992 a causa de cálculos financieros fatales. Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes pobres, campesinos, indígenas y víctimas intentan superar la desigualdad con una educación que está en crisis. La gran preocupación en este momento para el gobierno no debería ser ensanchar el presupuesto para una guerra que no necesitamos sino el del camino del futuro de Colombia: la educación pública y de calidad.
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