Aunque 25 de 26 espacios de capacitación y reincorporación ya tienen toda la infraestructura necesaria, solamente hay un proyecto productivo aprobado.
La imagen de los últimos 300 excombatientes de las Farc llegando la zona veredal de Agua Bonita, en el municipio de Montañita (Caquetá), fue uno de los momentos históricos que dejó el proceso de paz con las Farc. Esto sucedió hace un año exactamente, el 15 de febrero de 2017. Las fotos de los exguerrilleros viajando a las 26 zonas veredales circularon en todos los medios de comunicación, como un antídoto para el escepticismo, como una demostración de que la paz con el grupo insurgente más antiguo de América Latina, o por lo menos su desmovilización, podría hacerse realidad.
Las zonas veredales se transformaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en agosto de 2017. Hace un año, ninguno de los espacios tenía plantas de energía o de agua potable instaladas, todo fue un proceso que se fue consolidando en el transcurso de los meses. Febrero, marzo y abril fueron meses difíciles para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), pues las Farc cuestionaron algunos procesos de contratación y decisiones alrededor de la infraestructura para los cerca de 8.000 excombatientes que dejaron las armas.
De acuerdo con lo contemplado en el Acuerdo de La Habana, los exguerrilleros harían su tránsito hacia la vida civil desde los espacios de capacitación y reincorporación. No eran, como se dijo en su momento, zonas de concentración. Los exintegrantes de las Farc podían salir, visitar a sus familias, trabajar y, al final del proceso de dejación de armas, decidir si permanecían en estos espacios. En noviembre pasado, el representante de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dijo que un 55% de las personas que se resguardaban en los ETCR se habían marchado, ya sea por motivos familiares o por una “desilusión” durante el proceso de reincorporación a la vida civil.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ha sido crítico en diferentes momentos por lo que ellos llaman incumplimientos del gobierno en puntos como salud, educación o proyectos productivos. La última denuncia la hizo Carlos Antonio Lozada el pasado 11 de enero, cuando culpó al gobierno por, supuestamente, no atender prontamente un embarazo en el espacio territorial de Urías Rendón de Yarí, Meta. Lozada, como diría más adelante el gobierno, no dijo que el embarazo era de alto riesgo. Y aunque ahí se quedó la discusión, el hecho evidenció que todavía hay varios procesos que quedan por consolidarse.
Como lo hemos contado, aterrizar a la vida civil ha sido un proceso difícil para los excombatientes de las Farc. En educación por ejemplo, 3.418 exguerrilleros se inscribieron ante el Ministerio de Educación para terminar su educación básica. Del total, 2.428 terminaron su proceso académico, lo que representa una deserción del 29 por ciento. En aspectos como proyectos productivos, los cuales deben ser formulados por las Farc, solo hay uno en marcha, en el espacio territorial de Miravalle, Caquetá.
Carlos Córdoba, actual director de pedagogía y promoción de paz del Alto Comisionado, fue el encargado de coordinar la construcción de los 26 ETCR. Hoy, 25 de esos 26 espacios están en un 100 por ciento de construcción, aunque algunos tienen más servicios que otros, como guarderías, enfermerías, espacios deportivos, entre otros. La única zona veredal que no alcanzó a transformarse en ETCR fue la de Policarpa, Nariño, donde el gobierno avanzó en obras (un 25 por ciento) pero las Farc solicitaron una reubicación tras encontrar dificultades en la zona, como inseguridad y ausencia de vías.
Cuando analiza el año que transcurrió, Córdoba dice que lo más importante fue “la capacidad de adaptación, pues nos enfrentamos a tres problemas: los predios los eligieron las Farc, y el 90 por ciento eran de difícil o imposible acceso. Segundo, como lo pactamos con la guerrilla, los comandantes podían elegir qué tipo de infraestructura querían, eso implicó que muchos pidieran cambios de alojamientos, de baños, cocinas, etc… El tercer problema fue la temporada de lluvias, eso nos impidió adelantar muchas obras, pararlas incluso durante dos semanas”.
En mayo de 2017, cuando las obras todavía estaban en curso, la Contraloría emitió un comunicado de prensa señalando que revisaría “con lupa” todos los contratos que el gobierno suscribió para sacar los ETCR adelante. Al final, no hubo hallazgos por parte del ente de control. “La ventaja es que la contratación se realizó con el Fondo de Programas Especiales para la Paz, que se rige por el código de comercio. Se hizo una selección de proveedores que tuvieran suficiente músculo financiero para construir cuatro campamentos al tiempo, por ejemplo. Solamente Policarpa no se pudo entregar, pero el traslado fue exitoso al corregimiento de El Estrecho en Patía, Cauca”, dice Córdoba.
Este año será clave para los espacios territoriales. Por un lado se deben sacar adelante proyectos productivos, para los cuales es indispensable que el gobierno agilice la implementación de la Reforma Rural Integral –hoy estancada en el Congreso–. Por otro, el gobierno debe decidir qué va a hacer con los espacios territoriales que están quedando abandonados, como el de Tumaco. Según Córdoba, “los que no tengan mayor dinamismo estamos pensando entregárselos a la comunidad y a gobiernos locales. No vale la pena seguir pagando por lugares donde no van a estar”.
¿Qué les espera a los ETCR en 2018?
De los cerca de 8.000 exguerrilleros que estaban en las zonas veredales, hoy siguen inscritos –no necesariamente viviendo allí– 5.061, según cifras del Alto Comisionado para la Paz. En espacios como los de Córdoba o Tumaco, según la ONU, los excombatientes se han marchado. En el último caso, como lo contamos, la captura de alias ‘Don Ti’ en octubre de 2017 generó malestar y, como lo denunció más tarde Henry Castellanos Garzón alias ‘Romaña’, la mayoría de las familias se estaban desplazando ante posibles nuevas incursiones de la Fuerza Pública.
En otros aspectos de la reincorporación también queda mucho por hacer. Hasta enero de este año, en el sistema de salud aparecían afiliados 12.363 excombatientes, de los cuales 3.235 han solicitado atención médica. De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de esos 12.363 excombatientes acreditados por el Alto Comisionado, 11.435 ya tienen cuenta de ahorros y al sistema de pensiones se han afiliado 4.879 ex guerrilleros.
Que los exmiembros de las Farc no se vean interesados en el proceso de reincorporación causa preocupación, pues según el Ejército, cerca de 700 exintegrantes de las Farc pasaron a las filas de las disidencias. A este problema se suma que, de acuerdo con Naciones Unidas, desde que comenzó la implementación del Acuerdo de Paz han sido asesinados 40 excombatientes, quienes han sido objetivos militares no solo de grupos residuales del paramilitarismo, sino del ELN.
De hecho, la Fundación Paz y Reconciliación advirtió en un informe de diciembre de 2017 que “el mayor escenario de riesgo para los integrantes de Farc se presenta en los traslados que estas personas realizan por fuera de los ETCR. Esto demuestra falencias en la operatividad de los cordones de seguridad de la Fuerza Pública encargados de custodiar y brindar condiciones de contención y prevención para este nuevo movimiento político; de igual manera, evidencia la necesidad de un sistema de seguridad que permita monitorear y prevenir cualquier situación de riesgo que se pueda presentar por fuera de los ETCR para los miembros de Farc”.
Que los ETCR sean sostenibles depende también de las Farc. Carlos Castro, asesor de alianzas estratégicas de la ARN, nos explicó que desde el 16 de agosto de 2017 se está trabajando en proyectos productivos y de autoabaestecimiento con las Farc. “Las Farc están presentando sus proyectos a través de 26 formuladores que trabajan en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El gobierno acompaña, pero no es el encargado de la formulación. Se han identificado más de 100 opciones de negocio en los territorios, pero hasta el momento se ha aprobado uno, el de Miravalle, donde 74 personas se organizaron en una asociación y propusieron un proyecto enfocado en piscicultura y una granja integral”.
En el transcurso del año, la idea es que las otras 25 regiones en donde están los excombatientes cuenten con proyectos productivos ejecutados a través de cooperativas. Castro señala, por ejemplo, que “el Sena está dispuesto a formar personas en temas productivos. De hecho hicimos una alianza con el Ministerio de Agricultura para formar a 355 personas en Panaca. En marzo terminarán el proceso, obteniendo el título de técnicos agrícolas. De otro lado, otras 350 personas se están formando como técnicos con el Centro Internacional de Formación Agrícola”.
Las Farc han solicitado asistencia técnica para ejecutar pequeños proyectos, como construir galpones de pollos o tanques para piscicultura. Actualmente, según la ARN, el gobierno de Suecia y PNUD están apoyando 32 propuestas que llegaron desde los espacios territoriales para aterrizar las iniciativas de autoabastecimiento. En este aspecto, queda un largo camino por recorrer.
A continuación les mostramos con un mapa cómo están hoy los ETCR en Colombia, cuántos exguerrilleros están ahí y con qué servicios cuentan. Toda la información fue suministrada por el Alto Comisionado para la Paz.
