EDITORIAL | La continuidad de la violencia en las regiones no puede ser eclipsada por las campañas. El esfuerzo por conseguir las paz debe continuar este año.
Editorial ¡PACIFISTA! – Por Diego Alarcón, editor
Preparémonos. 2018 es un año electoral en Colombia y, dadas la circunstancias políticas que vive el país, no tardaremos mucho en ver cómo la retórica de las campañas atizará la polarización entre nosotros, los ciudadanos. Diciendo esto no estamos descubriendo el agua tibia, pero, a diferencia de hace cuatro años, hoy en el mesa hay un nuevo invitado que todavía el mundo no ha aprendido a controlar: las denominadas fake news o noticias falsas.
Lo vimos en la campaña del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Sí, ganó el ‘No’, pero, como dejaron claro los análisis de entonces, buena parte de la gente terminó votando por razones que nada tenían que ver con lo pactado. Si ganaba el ‘Sí’, pensaron muchos, se avecinaba una ‘dictadura gay’ o los pensionados dejaban de recibir sus ingresos porque el Gobierno los usaría para mantener a los exguerrilleros. En fin, cosas que sonaban absurdas pero que mucha gente optó por creer.
El propio Juan Carlos Vélez, del Centro Democrático, gerente de la campaña del ‘No’, reconoció que lo buscaron fue que la gente votara ‘verraca’, no consciente sino de mal genio. Y la estrategia, aunque poco honorable, les dio resultado.
Al margen del peligro que suponen el juego sucio de los políticos y sus odios, hay un enorme problema que se gesta desde 2017, del que los candidatos no hablan y que probablemente se agudizará en 2018: en las regiones la violencia está descarriada, y cuando el sentido común indicaba que la salida de las Farc de la guerra marcaría el apaciguamiento del conflicto, nos encontramos con una serie de problemas que hacen pensar justamente lo contrario.
Por estos días estamos viendo cómo el ELN, luego del fin del cese bilateral con el Gobierno, retomó las acciones violentas en sus zonas de influencia. También, cada vez es más común escuchar denuncias de intimidaciones y enfrentamientos que las disidencias de las Farc han puesto en marcha en una amplia porción del territorio: después de que este fenómeno comenzara en departamentos como Meta, Vaupés, Guaviare y Caquetá, hoy las investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indican que el fenómeno se ha extendido a otros territorios como Nariño, La Guajira, Chocó, Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Todo esto sin mencionar que el asesinato de líderes sociales, tristemente, sigue latente (van, según nuestro contador, sesenta y seis desde que comenzó la implementación de los acuerdos con las Farc) y que en varias de las zonas en que hoy operan las disidencias hay disputas por las rentas ilegales con otras organizaciones armadas como el Clan del Golfo y el mismo ELN.
La violencia necesita atención urgente. Pero, si somos realistas, lo más probable es que termine eclipsada por el debate electoral
El panorama pues, es preocupante, más cuando al revisar el Registro Único de Víctimas saltan a la vista las cerca de 56.000 personas afectadas por el conflicto en 2017.
Sí, nuevas víctimas de una guerra que supuestamente se está acabando, pero aún registra casos de desplazamiento forzado, amenazas e intimidaciones, violencia sexual, usurpación de tierras, entre otros crímenes. Como casos destacados que dejó el año pasado están el desplazamiento de unas 500 personas en el Alto Baudó (Chocó) por acciones del Clan del Golfo o la incursión de miembros de ese mismo grupo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), que causó revuelo y denuncias públicas entre los pobladores.
Todos estos problemas necesitan atención urgente. Pero, si somos realistas, lo más probable es que terminen eclipsados por el debate electoral. Es evidente que darle una solución efectiva a todos ellos es más importante que saber quién será el presidente de Colombia por los próximos años, pero en un país como el nuestro difícilmente lo fundamental estará por encima de lo burocrático.
Y para demostrarlo solo basta ver la realidad: que en todo el 2017 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no haya podido sacar adelante los proyectos para la implementación del acuerdo con las Farc en el Congreso es una muestra clara de que buena parte del espectro político del país no ve en el cese de la violencia armada una prioridad.
Con esas reglas de juego deberemos encarar el 2018, estando cerca de las comunidades que denuncian agresiones y averiguando por las razones que hay detrás. La guerra sigue allá donde la gente está verraca —aquí sí de verdad— porque el Estado nunca ha llegado, pero ni siquiera tiene la posibilidad de votar, donde más que promesas de políticos sonrientes se necesita la presencia efectiva de las instituciones.
Ya sabemos de qué son capaces nuestros políticos a la hora de buscar sus metas, pero también depende de nosotros, los ciudadanos, revisar sus palabras con sentido crítico y denunciar las mentiras que vengan. Quienes tienen intereses políticos, pero no padecen el conflicto probablemente intentarán acomodar a sus intereses (y que no nos sorprendan las fake news) cualquier acción violenta que ocurra en Colombia, como ya lo hemos visto en el pasado.
Además de la corrupción, la economía o la continuidad de lo pactado con las Farc, la violencia en las regiones sigue siendo una tragedia que necesita atención y, por tanto, tiene que estar en la primera fila de los debates entre candidatos y en la agenda de lo que le resta al gobierno actual.
Estas elecciones serán cruciales para el futuro, pero no pueden estar por encima, ni ocultar, la necesidades inmediatas del país en materia de paz. Qué vengan los candidatos con sus propuestas: nosotros estaremos atentos a informarlas, a preguntar por ellas, a revisarlas y a denunciar a quienes usen la manipulación como caballo de batalla.
