OPINIÓN | Hay que ver esta crisis como una oportunidad única para hacer cambios estructurales a nuestro favor, donde se privilegie la salud alimentaria sobre los actores corporativos.
Por: Ana María Narváez*
Las políticas de alimentación, salud púbica y cambio climático tienen algo en común: suelen estar rezagadas en las agendas políticas, pero adquieren una desmedida importancia en tiempos de crisis. Hoy más que nunca, ante la pandemia del Covid-19, en las agendas del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales surge una pregunta común: ¿qué medidas tomar para asegurar que el alimento llegue de manera constante a todas y todos, en especial a los más vulnerables?
Según el Sistema Universal de Derechos Humanos, es obligación de los Estados proteger, respetar y garantizar el derecho a la alimentación de las personas. Esto quiere decir que no solo el acceso a una cantidad justa de alimento es importante, también se debe garantizar la calidad nutricional del mismo. Ante esta coyuntura mundial, los gobiernos —bajo mucha presión— han tenido que tomar decisiones drásticas sobre el alimento.
Una estrategia, a mi parecer desacertada de los mandatarios, fue tratar de solucionar las necesidades alimentarias de la población dándole a la ANDI un lugar privilegiado en la toma de decisiones, sin que recibieran el mismo trato representantes de la agricultura familiar campesina, quienes ofrecen una opción más saludable y necesitan mayor estímulo económico para sobrevivir en el campo en medio de una pandemia. Dado a esto, hoy Colombia tiene más riesgo de quedar desabastecida por no garantizar que frutas y verduras campesinas salgan de sus fincas, que por falta de comida.
Así que reuní tres estrategias acertadas que han tenido diferentes comunidades y organizaciones para proteger el derecho a la alimentación ante la llegada del coronavirus y que, a mi parecer, pueden dar un buen norte a gobernantes, a nivel nacional y regional, para el diseño de sus políticas alimentarias durante esta emergencia sanitaria.
El primero son las medidas de apoyo a los mercados campesinos promovidas por la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Desde el inicio de las medidas dictadas por el Gobierno Nacional ante el Covid-19, la RENAF ha articulado acciones para identificar cuáles son los mayores retos de los productores campesinos y sus mercados bajo esta coyuntura. Además, han servido de voceros para que sean tenidos en cuenta en los planes de abastecimiento.
Esta labor de blindar nuestro sistema alimentario local es muy importante y nos brinda resiliencia en estos tiempos de crisis, no solo porque los alimentos campesinos son más saludables y por ende nos ayudan a ser menos vulnerables a la pandemia, sino porque es importante que para comer no dependamos de los altibajos de los mercados internacionales y de la economía global. Además, es una buena forma de garantizar que comunidades productoras rurales tendrán un sustento durante la cuarentena.
El segundo acierto son los esfuerzos de los cabildos indígenas Nasa Çxhãçxha para garantizar alimento a la población infantil. En los municipios del oriente caucano, las comunidades indígenas hacen mingas y se turnan entre todos para suministrar comida nutricional y culturalmente apropiada a la población infantil. Este proceso nos deja una lección muy importante: todos debemos juntar los esfuerzos que sean necesarios para que los alimentos con la mejor calidad nutricional posible lleguen —sin excepciones— a niñas y niños de todo el país, mucho más en tiempos de crisis.Y este llamado es principalmente para el Gobierno.
El tercer acierto es el ejercicio de veeduría que está haciendo Educar Consumidores instando a los gobiernos locales a que no incluyan productos ultraprocesados en las ayudas alimentarias y alertando sobre la especulación de precios de los alimentos. La primera reacción social que tuvimos ante las medidas de confinamiento fue el pánico, que se tradujo en el acaparamiento desmedido de utensilios de aseo y alimentos. Ese pánico colectivo fue aprovechado de manera inescrupulosa por algunos actores para manipular los precios de productos esenciales.
Ante esta situación, Educar Consumidores empezó a mapear el problema desde las organizaciones de base y a recoger las quejas que llegaban por redes sociales. Este ejercicio les permitió identificar que, aunque los productores de alimentos han mantenido los precios de sus cosechas, el cuello de botella estaría en los intermediarios, quienes estarían especulando con la venta de productos finales. La vigilancia de la sociedad civil es un insumo importantes para apoyar las acciones de control de las autoridades competentes.
La epidemia de Covid-19 sin duda nos ha puesto de frente con la crisis de salud global más relevante de nuestros tiempos. Una pandemia que hasta ahora vivimos en una etapa temprana, pero que sin duda cambiará todas las formas en las que nos relacionamos con el otro y con el exterior, incluyendo el sistema alimentario.
Los alimentos que comemos son el primer factor que determina nuestros patrones de enfermedad y mortalidad y la mejor comida que tenemos es la campesina. Veo esta crisis como una oportunidad única para hacer cambios estructurales a nuestro favor, donde se privilegie la salud alimentaria sobre los actores corporativos. Un reto histórico donde los productores campesinos tienen la potencialidad de ser los héroes de esta historia y regir los cambios del mundo tal como lo conocíamos.
*Ana María es investigadora de Justicia Económica en Dejusticia. Abogada de la Universidad Libre de Colombia y magíster en Ciencias Políticas, con enfoque en Alimentación, de City University of London.
