Facebook y Google se han reunido con miembros del Consejo Electoral para regular la propaganda política, pero la iniciativa no parece tener mucho futuro.
En 2011 –cuando el Congreso redactó la Ley 1475 con la que determinó las reglas de juego para las elecciones y el funcionamiento de los partidos– Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras ya tenían sus páginas de figura pública en Facebook, y Álvaro Uribe Vélez trinaba a diario. Sin embargo, los senadores y representantes de ese entonces no hicieron mención alguna a las redes sociales en ese texto normativo.
Siete años después, el 75 por ciento de los colombianos ya tiene un smartphone, el total de usuarios de Facebook en el país asciende a 31 millones y hoy, a mes y medio de las elecciones, básicamente los candidatos presidenciales pueden hacer campaña en redes sociales como les dé la gana y sin rendirle cuentas a nadie.
Para poner algo de orden a la campaña digital, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó a sus colegas un proyecto de resolución que, de ser aprobado, sometería a la propaganda política en redes a las mismas normas que aplican para la que se hace en el espacio público. Obligaría a los candidatos a presentar un informe detallado de su inversión en publicidad en esas plataformas e incluiría este dinero dentro de los topes de financiamiento que existen para la campaña.
¡Pacifista! estuvo conversando con Novoa acerca de su iniciativa y las posibilidades de que esta sea aprobada antes del 27 de mayo, el día que tendrá lugar la primera vuelta presidencial.
¡Pacifista!: ¿Por qué su proyecto de resolución equipara la propaganda política en redes a la que se hace en el espacio público?
Armando Novoa: Porque las redes sociales son la plaza pública de hoy. La tecnología ha creado un nuevo escenario para el proselitismo electoral, las plataformas digitales y las redes sociales. La teoría de que las cuentas que utilizan los políticos hacen parte de su ámbito privado es equívoca ya que lo que buscan al utilizarla es lo contrario: la mayor divulgación posible de su mensaje.
En ese orden de ideas, las cuentas de redes sociales, en especial las de candidatos y servidores públicos, tienen un carácter público.
Este ejercicio de pedir cuentas acerca de la inversión publicitaria en redes ya se hizo en la campaña del plebiscito, cuando los comités promotores del ‘Sí’ y del ‘No’ tuvieron que presentar reportes de su inversión en pauta digital. ¿Qué resultados arrojó?
En aquella ocasión no hubo un examen riguroso de los reportes de inversión en redes. Por eso mi propuesta plantea la creación de un grupo de apoyo al interior del CNE que le haga seguimiento a la publicidad en redes.
¿Cómo funcionaría ese grupo de apoyo?
Es un grupo de cinco profesionales que tiene que hacer seguimiento a la actividad de campaña para reportarle a la Sala Plena cuáles son las publicaciones que podrían ser consideradas propaganda electoral en redes sociales.
El proyecto de resolución también menciona que el CNE entraría a investigar “posibles irregularidades” que se presenten en la campaña digital. ¿Qué tipo de irregularidades ameritarían una investigación por parte del CNE?
No me refiero a temas que tengan que ver con la libertad de expresión de los candidatos. Me refiero más bien a irregularidades que tengan que ver con gastos de campaña en redes sociales, como la tercerización del pago de propaganda electoral en redes sociales a través de empresas de marketing político.
¿Por qué eso es irregular?
Porque las campañas se apoyan en terceros para, eventualmente, eludir los controles sobre las fuentes de emisión de la información y sobre los topes de financiación de las campañas. Es lo que se conoce como la publicidad oscura.
El texto también habla de trabajar de la mano de plataformas digitales como Facebook y Twitter. Sin embargo, al menos en Estados Unidos, lograr que estas plataformas colaboren para regular la propaganda política ha sido toda una lucha, ¿por qué sería distinto en Colombia?
Creo que estamos un momento en el que a ellos les interesa que su manejo de la propaganda política sea público y transparente. Incluso hemos avanzado en algunos diálogos con estas empresas y ellos han manifestado su interés de colaborar con el CNE si la resolución es aprobada.
¿Cuáles empresas han estado en estos diálogos?
Facebook y Google.
Aparte de la colaboración que estas empresas quieran brindar de buena voluntad, ¿qué herramientas tienen las autoridades para presionar a estas compañías para que controlen la propaganda política en sus plataformas?
Ninguna. Son empresas privadas y con ellas tendíamos que llegar a unos acuerdos de colaboración.
¿Cómo ve el ambiente para este proyecto de resolución dentro del CNE?
Soy escéptico frente a la aprobación de este proyecto porque este es un Consejo con muchas tareas pendientes, no hay un principio de planeación y no se ha abierto a nuevas agendas de las campañas. Yo esperaría que esta resolución se pusiera en la agenda del día y se discutiera oportunamente. Pero si me pregunta de uno a 10 que expectativa tengo de que eso pase, le diría que la respuesta es dos.
