Lupa a los herederos de la "parapolítica" para frenar la pobreza | ¡PACIFISTA!
Lupa a los herederos de la “parapolítica” para frenar la pobreza
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Lupa a los herederos de la “parapolítica” para frenar la pobreza

María Flórez - Agosto 2, 2015

El Tribunal de Bogotá le pidió a la Fiscalía fijar su atención sobre familiares y amigos de "parapolíticos". Según los magistrados, el país requiere de gobernantes que le apuesten a superar una de las causas de la guerra: la pobreza. Una decisión clave para las elecciones de octubre.

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Este viernes, bajo la premisa de que “la pobreza ha sido una de las causas del conflicto armado”, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión trascendental: le puso freno a los herederos de la “parapolítica”. A juicio de los magistrados, la perpetuación de las maquinarias asociadas a los ilegales ha desdibujado las ideologías y los partidos, para convertir a un cierto sector de la política en un negocio que ha mantenido en la pobreza a millones de colombianos.

En su más reciente sentencia, proferida contra dos desmovilizados del frente William Rivas del bloque Norte, ese tribunal pidió a la Fiscalía que informe “si la permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios” cercanos a “parapolíticos”  han obstaculizado la restitución de tierras y la reparación de las víctimas.

El argumento de fondo es que para evitar que la guerra se recicle es necesario erradicar la pobreza y que, para ello, hacen falta gobernantes que distribuyan con transparencia los recursos públicos y den operatividad a las entidades que ejecutan la Ley de Víctimas en los territorios. Todo ello, según el Tribunal, permitiría garantizar que los hechos violentos no se repitan.

Se trata de una interpretación estructural del problema que partió del análisis de las alianzas entre políticos del Magdalena y los paramilitares del bloque Norte, que comandó Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Los pactos 

La sentencia dejó claro que ese departamento ha sufrido una tragedia política. Desde que se instituyó la elección popular de gobernadores, cinco de las siete personas que han ostentado ese cargo han sido sancionadas penal o disciplinariamente: Miguel Pinedo Vidal, Jorge Luis Caballero, José Domingo Dávila y Trino Luna fueron condenados por vínculos con grupos armados, mientras que Ómar Diazgranados fue destituido por dilapidar millones de pesos en la compra de 30 mil kits escolares, cuyo precio fue inflado.

Lo mismo ocurrió con varios congresistas del Magdalena. Rafael Caballero, Miguel Pinedo Vidal, Alfonso Campo Escobar, Luis Eduardo Vives Lacouture y Fuad Rapag, entre otros, han sido condenados por parapolítica y/o sancionados por actos de corrupción. Para el Tribunal, estas personas, y los clanes políticos a los que pertenecen, “comparten el propósito común de ganar elecciones para ocupar cargos públicos y acceder a las rentas del Estado”, y no tienen ninguna intención de desarrollar verdaderas agendas políticas.

Al final, el interés de ostentar el poder a toda costa llevó a los integrantes de varias familias tradicionales del Magdalena a aliarse con los paramilitares tras la pérdida de curules que les representó la circunscripción nacional.

Así, Dieb Maloof, Salomón Saade, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Caballero, José Gamarra y Alfonso Campo acordaron con “Jorge 40”, de cara a las elecciones del 2002, dividir el departamento en tres zonas. Allí, los ‘paras’ restringieron las campañas de cualquier otra fórmula al Congreso y, el día de las elecciones, “hombres armados que se movilizaban en motocicletas acudían a las veredas para cerciorarse de que los ciudadanos fueran a votar por la fórmula de candidatos impuestos”.

Pero no fue el único acuerdo. Ya en 2000, líderes comunitarios y candidatos a diferentes alcaldías del Magdalena suscribieron el “Pacto de Chibolo”, gracias al cual resultó electo José Dávila como gobernador del departamento. Ese mismo año, el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño hizo elegir a Hugo Gnecco como alcalde de Santa Marta.

Además, entre 2001 y 2003, la entonces alcaldesa de Fundación, Karelly Lara, se alió con “Jorge 40” para entregarles contratos a personas cercanas al bloque Norte, a cambio de que las autodefensas atacaran a “los opositores que no la dejaban gobernar”; el acuerdo se conoció como las “reuniones de Monterrubio”.

El tercer y último pacto se llamó “El Difícil”, y buscó que Trino Luna resultara electo gobernador en 2003. El bloque también consiguió que José Francisco Zúñiga alcanzara la alcaldía de Santa Marta y apoyó las candidaturas de aspirantes a la Asamblea del Magdalena y al concejo de distintos municipios, tal como quedó consignado en la sentencia.

Sin embargo, esa seguidilla de hechos no fue lo que más preocupó al Tribunal. Una característica especial del caso magdalenense alertó a los magistrados: los paramilitares impusieron candidatos que pertenecían a familias tradicionales, razón por la cual, una vez desmovilizado el bloque Norte, las maquinarias continuaron intactas. En decir de la Sala, estos políticos tenían más posibilidades, que los de regiones como Urabá, por ejemplo, “de reacomodarse políticamente tras la desmovilización de las AUC”, por lo que el riesgo de corrupción y de prolongación de la pobreza continúa siendo alto.

Las alianzas “económicas”

Además de las alianzas entre caciques y ‘paras’, el Tribunal llamó la atención sobre la participación que tuvieron las empresas productoras y las comercializadoras de banano en la financiación del paramilitarismo en el Magdalena. Se estableció que el frente William Rivas, que operó en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Retén y Fundación, les cobraba $70 mil por hectárea a los empresarios bananeros cada año. Los dineros se legalizaron primero a través de la empresa Inversiones Manglar y más tarde mediante la Cooperativa de Comercialización del Magdalena.

A cambio de esos pagos, “los paramilitares proveían seguridad a las fincas y, en ocasiones, para no correr el riesgo de detener la producción, asesinaban a los trabajadores y capataces que presuntamente estuvieran auspiciando huelgas, protestas laborales o cualquier tipo de ‘molestia'”. La presión sobre los sindicatos quedó ejemplificada con el caso de 50 trabajadores de los predios Sara Bretaña y la Isla, que decidieron afiliarse a la seccional Ciénaga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintranagro).

A comienzos de la década del 2000, el presidente de esa seccional denunció que Carlos Lacouture Dangond, reconocido empresario del Magdalena y propietario de esas fincas, les había dicho que “yo no gusto de los sindicatos. A mis oficinas llegaron unas personas de las autodefensas y me solicitaron la lista de todas las personas afiliadas al sindicato y particularmente de sus directivos, pues a ellos tampoco les gustan. Les recuerdo, una vez se intentó formar un sindicato en esta zona, y llegaron las autodefensas y los amenazaron”.

Asimismo, el Tribunal dejó constancia de que “se presentó un caso en el que un colono que invadió un pedazo de la finca Sara Bretaña fue asesinado por paramilitares”, razón por la cual le ordenó a la Fiscalía investigar a  Lacouture Dangond por su presunta responsabilidad en ese crimen y por sus supuestos nexos con grupos armados ilegales.

El fallo también anotó que los crímenes cometidos por el frente William Rivas nunca tuvieron motivaciones contrainsurgentes, sino predominantemente económicas y de control social, en la misma lógica “empresarial” que le imprimió “Jorge 40” al bloque Norte. Así pues, tumbó el mito según el cual todos los paramilitares buscaron combatir a las guerrillas, y dejó claro que el narcotráfico, la extorsión y la prestación de servicios de seguridad privada fueron las principales actividades de esa estructura.

Por cuenta de esta sentencia, en la que se condenó a los exparamilitares José Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez, la Fiscalía deberá informar en las audiencias de Justicia y Paz cómo se han reacomodado los herederos de la “parapolítica”. Una decisión clave en momentos en que se aceitan las maquinarias de cara a las elecciones regionales de octubre, en las que jugarán candidaturas señaladas de pertenecer a antiguos aliados del bloque Norte y de familiares de caciques condenados. En el fondo están en juego la calidad y la transparencia de los gobiernos regionales, características que, como ha señalado el Tribunal, están estrechamente ligadas a la consecución de la paz.