El atentado en Cauca fue un atentado contra toda la población afro de Colombia
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El atentado en Cauca fue un atentado contra toda la población afro de Colombia

Staff ¡Pacifista! - Mayo 6, 2019

El presidente Iván Duque rechazó el atentado , pero no dijo nada sobre los reclamos de la minga.

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El atentado contra los líderes afro más importantes del país deja una preocupación grande y de la que poco se ha hablado: ¿qué va a pasar con sus causas? No es gratuito que el sábado 4 de mayo, cuando Francia Márquez, defensora del medio ambiente y una de las personas más visibles en la movilización social afro, estaba dialogando con las comunidades del Cauca sobre las exigencias de la minga, unos hombres armados irrumpieran en el lugar con granadas, dejando heridos a dos escoltas y atemorizando a la comunidad de Lomitas, del municipio de Santander de Quilichao.

Este atentado ha generado toda una serie de reacciones. Desde la ONU hasta el presidente Iván Duque han rechazado la violencia contra los líderes afro. Sin embargo, la solución desde el gobierno es que los líderes no se “expongan” al peligro en sus territorios, una idea compleja si se tienen en cuenta que en coyunturas como la minga indígena los líderes son esenciales para sacar adelante proyectos y entablar diálogos tanto con las instituciones estatales como con las poblaciones locales.

¿Cuáles son las causas que defienden algunos de los líderes sociales que sufrieron el atentado? Veamos.

Francia Márquez lo ha dicho muchas veces: “La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”. Lo ha dicho cuando le preguntan sobre su trabajo, que consiste justamente en luchar por procesos de restitución de tierras y defensa del medio ambiente, lo que implica, muchas veces, denunciar la presencia de actores ilegales en reservas naturales. En 2014, Márquez sufrió una de las consecuencias más dramáticas de la violencia: el despojo en su municipio, Suárez, Cauca, por denunciar constantemente la minería ilegal que estaba destruyendo al río Ovejas, uno de los principales afluentes de su región.

Esa lucha viene de años atrás y por eso el desplazamiento fue tan frustrante. En los noventa no solo denunció la minería ilegal sino que protestó contra la desviación del río Ovejas para que alimentara la represa Salvajina. La comunidad de Suárez tenía a este río como principal afluente de subsistencia y Márquez se jugó la vida por esa causa. De hecho, en años posteriores siguió luchando desde otros frentes legales, como la consulta previa.  En 2010 evitó un desalojo gracias a una tutela que interpuso con el Consejo Comunitario de La Toma, del cual hacía parte.

Márquez ha sido la piedra en el zapato de los grupos que buscan expandirse en el territorio por medio de la fuerza. Incluso ella ha incomodado a políticos y empresarios. En 2014, cuando comenzó a estudiar derecho, fue amenazada por grupos paramilitares como Los Rastrojos y las Águilas Negras. Por el desplazamiento y las amenazas contra Márquez, cerca de 70 mujeres caminaron desde Cauca hasta Bogotá para llamar la atención del gobierno nacional. Actualmente Márquez está trabajando con varios consejos comunitarios, pidiendo, entre otras cosas, que se respete la implementación del Acuerdo de Paz en el Cauca, que avance la reforma rural integral y los planes de sustitución de cultivos.

Otro líder que sufrió el atentado en carne propia fue Carlos Rosero, quien fundó en los noventa el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones afro más fuertes en el país, la cual ha denunciado desde expansiones ilegales en el puerto de Buenaventura hasta el racismo en los colegios. Atacar a PCN es atacar a por lo menos 120 organizaciones que están adscritas al proceso a nivel nacional. Y en casi tres décadas PCN ha logrado la reivindicación de la cultura negra en varios departamentos donde la presencia del Estado ha sido frágil, como Chocó, Nariño y Cauca. Rosero es uno de los líderes con más conocimiento sobre derechos y luchas afrodescendientes en Colombia. De hecho, participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Pocos como él tienen un conocimiento  tan extenso sobre las leyes que cobijan a la población afro. Incluso, él hizo parte de la comisión que creó la Ley 70 de 1993, la que ha permitido la titulación colectiva de tierras afro y su subsistencia.

En el grupo que sufrió el atentado también estaba Víctor Moreno, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACNOC). Moreno ha representado a 41 comunidades afro que han sufrido despojos en sus territorios. De hecho, en las marchas él ha sido uno de los rostros más visibles, pues una de las causas que más defiende es la protección de líderes sociales, quienes, por lo menos en Cauca, están siendo amenazados y asesinados.

Otra de las causas que ha defendido Moreno coincide con una de Francia Márquez: la oposición a la construcción de la represa la Salvajina en Suárez con el fin de instalar una hidroeléctrica. En esta historia, Moreno ha sido clave, pues ha sido la voz de los consejos comunitarios en una disputa compleja por el territorio. Uno de los predios que resultaría afectado le pertenecía al consejo pero el gobierno de Álvaro Uribe se lo entregó a la comunidad Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo, creando una confrontación entre grupos étnicos.

En la lista de líderes emblemáticos de la comunidad afro aparece también el nombre de Clemencia Carabalí, quien ha participado activamente como veedora de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en Cauca. Ella ha liderado, además, el enfoque de género en PCN así como en la Asociación de Mujeres de Buenos Aires, Cauca. Ella es una de las voces del feminismo negro en Colombia y su reconocimiento en las movilizaciones está relacionado con el trabajo con mujeres y niños. En estos últimos meses, Carabalí ha denunciado retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz así como el incumplimiento al que Iván Duque había llegado con las comunidades indígenas, campesinas y afro del Cauca.

A Carabalí la ha acompañado Sofía Garzón, quien fue coautora del libro “Derrotar la invisibilidad, un reto para las mujeres afrodescendientes en Colombia”. El atentado contra ellas y ellos es un atentado contra el pueblo afrocolombiano, es decir, contra por lo menos 5 millones de personas en Colombia.