En un comunicado, ese grupo asegura no tener relación con los crímenes de líderes políticos y sociales.
El discurso es el mismo que han utilizado en sus últimos panfletos. Venden la idea de que son actores políticos, de que tienen una amplia base social y el respaldo de las comunidades de sus zonas de influencia. Pero esta vez, Los Urabeños aseguran, además, no ser “responsables de las muertes que se han presentado en los últimos meses de miembros de la Unión Patriótica, de la Marcha Patriótica, tampoco de otros activistas de los Derechos Humanos o sindicalistas”.
En el documento, con fecha del pasado 10 de abril, el “Estado Mayor de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, exigen “que se investigue con seriedad, y que los verdaderos responsables, así como sus inspiradores, sean desenmascarados”.
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También dicen no ser responsables de los rumores que han circulado en algunas regiones sobre la supuesta convocatoria a un nuevo paro como el que ese grupo protagonizó los pasados 31 de marzo y primero de abril en por lo menos cuatro departamentos del país y que, solo en Antioquia, afectó a cerca de 40 municipios. Dicen que “los comunicados en este sentido –que se refieren, según ellos, a que se hayan ‘decretado’ más días de paro– son ilegítimos y no representan la organización”.
Se trata de la primera vez que ese grupo armado se refiere en concreto a los asesinatos, las amenazas y las intimidaciones contra líderes sociales y políticos de izquierda por cuenta de los cuales se han encendido las alarmas en los últimos meses. Los mismos ataques que llevaron, incluso, a que la Unión Patriótica afirmara que se está reactivando el genocidio en contra de esa colectividad y que detrás de esa práctica sistemática estarían grupos paramilitares.
“Hay una práctica sistemática de asesinar a la oposición”
Al ser consultada por ¡PACIFISTA! sobre el contenido de ese comunicado, Lilia Solano, directiva de la UP e integrante de Marcha Patriótica, afirmó que no es fácil darle credibilidad a lo expuesto por Los Urabeños pues, según dijo, históricamente los grupos paramilitares “no han estado dispuestos a reconocer su responsabilidad en muchos crímenes”.
Además, a su juicio, lo sucedido en el paro armado de hace dos semanas pone en evidencia relaciones que van mucho más allá de las estructuras armadas y demuestran que las redes de organizaciones como Los Urabeños se extienden a sectores de la institucionalidad y han llegado a corromper a la Fuerza Pública.
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“A estos grupos que operan tanto con el narcotráfico, pero también con relaciones con políticos y terratenientes, siempre les ha beneficiado más la guerra que la paz. Además siguen asociados con mafias que hay en las Fuerzas Armadas y la Policía, porque si no fuera así ya los habrían desmantelado hace mucho tiempo. Lo que hacen ahora es un reposicionamiento tratando de mostrarse como actores políticos”.
Sin embargo, Solano aseguró que sí es cierto que los organismos del Estado deben ahondar en las investigaciones para establecer responsabilidades concretas. “Es que hablamos de una práctica sistemática de asesinar a la oposición política que no es algo de ahora. Esos casos están hoy aún sin resolver y es interesante que en este comunicado estén llamando también a que se investigue, lo que pasa es que es muy difícil que ellos desde la ilegalidad tengan la autoridad para decirle al país que no son responsables”.
¿Los Urabeños han llenado un “vacío institucional”?
El segundo punto del comunicado de los “gaitanistas” se refiere al paro armado que encerró a buena parte de Urabá y afectó a otras regiones del país hace ya casi 15 días. Dicen agradecer el “apoyo” y el “acompañamiento” de las comunidades que, dicen, participaron del “cese de actividades” de manera “voluntaria” y, en ese sentido, cuestionan que el Gobierno haya atribuido la parálisis de decenas de municipios a la intimidación y al miedo.
“Ello muestra el aprecio del que goza nuestra organización en las comunidades, que nos ven como sus líderes que han llenado un vacío institucional (…) Sería imposible atemorizar a tantas regiones que acudieron de manera voluntaria al llamado que hicimos. En el paro se vio la participación activa de los gremios y del colombiano de a pie”, dice el Estado Mayor de Los Urabeños.
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Pero sobre ese “vacío institucional” que ese grupo dice estar llenando, Álvaro Villarraga, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien coordinó el informe Desmovilización y reintegración paramilitar, publicado por esa institución a finales de 2015, dice que si bien es cierto que existe una “precaria presencia del Estado, al punto de que no es capaz de controlar y revertir esa situación, no implica legitimidad ni apoyo de la población”.
No es una protesta de la gente, sino una acción de defensa obligada porque está claro que de la amenaza se pasa al atentado
Según dice, el sometimiento de algunas comunidades a las reglas de juego impuestas por ese tipo de organizaciones es, como dice el Gobierno, el resultado de las intimidaciones. “No son paros que surjan de la población, sino exigencias de un grupo armado ilegal que se sobrepone y amenaza. No es una protesta de la gente, sino una acción de defensa obligada porque está claro que de la amenaza se pasa al atentado”.
Pero además del factor miedo, Villaraga asegura que las redes de los nuevos grupos paramilitares también se tejen por cuenta de las economías ilegales que cautivan a pobladores de sus zonas de influencia. “Es claro que tienen redes, pero no es legitimidad y movilización ciudadana a su favor, son redes basadas en el narcotráfico, en rentas legales e ilegales. En medio de la crisis social hay gente que entra en esas redes y así crean una base social que también alcanza expresiones de autoridades y de poderes locales. Lo que se está imponiendo es un proyecto de ilegalidad sobre la institucionalidad”, explica el investigador.
Es así como Los Urabeños efectivamente han encontrado en la debilidad institucional de algunas regiones las condiciones necesarias para consolidar sus estructuras mafiosas: el vacío que ellos mismos señalan les ha dado relativa libertad para actuar pese a la ofensiva en su contra, sus alianzas garantizan el soporte de las estructuras que soportan su ejército y los recursos que controlan les ofrecen la posibilidad de ampliar redes que, si bien no se sustentan en reclamos sociales o en un proyecto político, sí aumentan cada vez más la dimensión del problema.
