Los supuestos pecados de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán | ¡PACIFISTA!
Los supuestos pecados de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán
Leer

Los supuestos pecados de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán

María Flórez - Julio 12, 2016

Un informe de varias organizaciones asegura que la multinacional afectó gravemente a las comunidades de ese municipio del Meta.

Compartir
El informe asegura que Pacific violó derechos laborales, acaparó tierras y deterioró la situación de derechos humanos en Puerto Gaitán. Foto: Pacific Rubiales

Hace más de cinco años, cientos de empleados que trabajaban para la multinacional petrolera Pacific, en Puerto Gaitán (Meta), paralizaron la extracción de petróleo en el campo conocido como Rubiales. Los huelguistas pedían mejoras laborales, aumento de la inversión social, reversión de los daños ambientales y protección de las comunidades indígenas que habitaban cerca de los campos petroleros.

Esta semana, después de que Pacific abandonara Rubiales por cuenta del término de su contrato de explotación con la estatal Ecopetrol, varias organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que desde 2011 los conflictos sociales continuaron agudizándose. Por eso, presentaron el informe “El costo humano del petróleo”, en el que señalan los presuntos impactos que causó la multinacional sobre el medio ambiente y los pobladores del municipio durante sus nueve años de presencia sostenida en la zona.

El documento fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) y el Proyecto de Acompañamiento Internacional (Paso). Esas organizaciones concluyeron que, pese a explotar el mayor pozo petrolero del país, Pacific no mejoró sustancialmente la vida de las comunidades, violó los derechos laborales, contaminó las aguas, acaparó tierras y contribuyó a criminalizar a los líderes sociales y ambientales del pueblo.

En el tema laboral, aseguran que pese a que el 61% de los ingresos de los pobladores de Puerto Gaitán se derivan directamente de la producción petrolera y otro 28% proviene de los servicios que le prestan distintas empresas al sector, la mayoría de los antiguos colonos enfrentan serias dificultades para conseguir puestos de trabajo calificados porque no pueden acceder a educación superior. En ese contexto, y según el informe, los puestos se quedan en manos de personas de otras regiones, frecuentemente “tercerizadas ilegalmente” y costreñidas en su libertad sindical.

En cuanto a la mano de obra no calificada, Pacific acordó con las comunidades contratar exclusivamente personal local, pero el informe señala que la contratación se supeditó a certificados de residencia expedidos por las juntas de acción comunal, que han sido duramente señaladas por, supuestamente, vender esos documentos a personas foráneas.

Y pese a que la explotación de petróleo genera la mayor cantidad de ingresos y regalías en Puerto Gaitán, el informe dice que el 65% de su población tiene necesidades básicas insatisfechas y que el municipio tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del Meta. De las más de 200 personas encuestadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en cercanías al campo Rubiales, el 60% indicaron que sus hijos no tenían acceso a una escuela; el 94%, que no tenían servicio de salud; el 98%, que no había transporte público a su alcance, y más del 68% opinaron que la industria tenía relación con el incremento de la prostitución en el pueblo.

Las organizaciones que presentaron el informe aseguran que “con la llegada de Pacific a la zona aumentó la conflictividad social”. Foto: Santiago Mesa

Respecto al medio ambiente, las organizaciones denuncian que la empresa excedió los límites permitidos para el vertimiento de aguas residuales, contaminó fuentes de agua de las que se surten las comunidades, acaparó baldíos para sembrar palma aceitera, afectó las prácticas tradicionales de pesca y caza de los indígenas, y generó sismos por cuenta de la inyección de aguas.

La pobreza, los presuntos daños medioambientales y otros conflictos sociales habrían generado 23 grandes protestas desde 2007, cuando Pacific llegó a la zona. Según el informe, “frecuentemente las movilizaciones terminan en la firma de acuerdos entre ciudadanos, autoridades y el sector privado que no se cumplen, lo cual incide en que los trabajadores y las comunidades afectadas participen en nuevas manifestaciones”.

El círculo vicioso de las protestas también habría traído consigo presuntos casos de agresiones físicas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Entre ellos se encuentra el caso de Wilton Aguirre, “a quien durante una protesta de 2011 agentes del Esmad le dispararon una pipeta de gas que lo impactó muy cerca de la columna vertebral ocasionándole lesiones permanentes que afectan su movilidad y le han impedido trabajar”. Otros huelguistas habrían sido golpeados, amenazados y atacados con perdigones.

Además, el documento señala que existe “un patrón de persecución judicial a los líderes de base que han tenido un papel protagónico en la organización y ejecución de las manifestaciones”. Ejemplo de ello es el caso de Héctor Sánchez, quien para 2011 era trabajador de Pacific y dirigente de la USO. El informe dice que la Fiscalía acusó a Sánchez y a otros dos líderes de comandar un grupo de 300 encapuchados y secuestrar a más de cinco mil trabajadores para obligarlos a participar en una huelga. Y aunque tres meses después de su captura fue liberado, Sánchez ha tenido que enfrentar otros procesos judiciales en los que la multinacional se declaró víctima o participó como testigo.

En contraste, dice el documento, la justicia no ha sido efectiva en los casos en los que la sociedad civil ha denunciado a la empresa. “Así, en mayo de 2013, Pacific fue denunciada penalmente por la USO por costreñimiento ilegal, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y violación a las libertades sindicales (…) Sin embargo, el fiscal que había decidido imputar cargos fue retirado del caso y desde entonces la investigación ha sido trasladada entre varios despachos”.

Según las organizaciones que elaboraron el documento, tanto Pacific como Ecopetrol recibieron un “borrador avanzado” para que pudieran enviar comentarios, pero la primera no respondió, mientras la segunda “no quiso aportar comentarios”.

Las comunidades de la zona, representadas en organizaciones como la Asociación Comité Ambiental Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán, aseguran que seguirán dando la pelea con Ecopetrol, que a partir del 1 de julio asumió la explotación del campo Rubiales.