Por: María Andrea Parra
Hablemos de la Guajira, uno de los departamentos más contrastantes de Colombia. Según cifras del DANE, la Guajira es el segundo departamento con más pobreza monetaria extrema de Colombia, sin embargo sus tierras son de las más ricas del país.
Sobre la Guajira se dicen muchas cosas, se habla de belleza en sus paisajes, se habla del turismo, se habla de corrupción, de elefantes blancos, de minería, de carbón, de sal, pero sobre todo, se habla de pobreza y de muertes infantiles a causa de desnutrición y deshidratación, se habla del agua y su escasez.
Había viajado a la Guajira hace unos cinco años y el escenario que recordaba era muy diferente. O no sé si no miraba a través de la ventana con los mismos ojos con los que veo ahora. Este nuevo panorama que vi me rompió un poco el corazón.
Al salir de Manaure y comenzar el trayecto por el desierto hacia la Alta Guajira, aparecen de repente decenas de niños que se acercan corriendo hacia los carros. Para ser niños con altos índices de deshidratación y desnutrición, me sorprendió ver los ‘piques’ que se pegaban desde sus rancherías hasta la ‘carretera’ (que realmente son marcas de llantas sobre la arena) al ver que venían camionetas 4×4 andando por el desierto. Corrían hacia nosotros mientras levantaban sus brazos con la esperanza de recibir algo de comer o beber. “Agua, agua” “Galletas, pan” “Agua” gritaban varios niños wayuu mientras corrían al lado de las camionetas que andaban a unos 30-40km/h.
Al frenar y darles algo por la ventana, se sentía una extraña mezcolanza entre desesperación y felicidad. Sonreían al recibir algo a través de la ventana, una felicidad efímera. Sin embargo, yo no dejaba de pensar que no estábamos solucionando absolutamente nada, incluso este “acto de caridad” se llegó a sentir incorrecto. ¿Por qué están los niños solos allí? ¿Dónde están sus padres? “Les puede pasar cualquier cosa”, pensaba. ¿Por qué los padres no son los que están corriendo detrás de los carros? Yo creo que la respuesta es clara: porque los adultos no tienen las mismas posibilidades de generar en los turistas esa empatía y esa solidaridad. Ver a un niño pidiendo comida te rompe por dentro. “Otro para mi hermano que está en la casa” – me dijo uno de ellos, yo no tenía ‘otro’.
Para los indígenas wayuu, los niños no tienen ese mismo carácter sagrado e intocable que tienen en occidente. En la Guajira los niños trabajan, es cotidiano encontrarse con menores vendiendo manillas que ellos mismos tejen y es algo completamente válido para su cultura. Ese trabajo del tejer es algo tradicional, se aprende desde pequeños y les permite generar ingresos propios, con lo cual muchos cubren una parte de su alimentación básica, porque la mayoría de las familias no tienen como proveerla. En todo caso, ese escenario que se divisa al ir hacia la Alta Guajira es desolador.
Los peajes humanos:
Si bien muchos niños aparecían corriendo desde sus rancherías, muchos otros ya estaban ahí parados desde hace un tiempo, o tal vez escucharon el ruido de las camionetas con anterioridad y llegaron con un margen de tiempo más alto. Ellos, los ‘peajes humanos’, son niños que se ubican a lado y lado de la carretera y sujetan una cuerda esperando que los carros se detengan y les paguen algo por dejarlos pasar, un pago en especie, agua o comida, lo que les quieran dar, porque allí todo es agradecido.
Muchos carros no se detienen, pero los niños esperan hasta el último microsegundo para bajar o soltar la cuerda. Debo decir que hace mucho no sentía tanta angustia, me daba miedo que los carros se los llevaran por delante, que hubiera un accidente. En efecto, me contaron de varios registros de accidentes a causa de estos peajes, pues a veces los niños no sueltan la cuerda a tiempo y son arrastrados por el carro, incluso ha habido muchos atropellamientos en la vía.
Consecuencias:
Niños corriendo desesperados, niños arriesgando sus vidas entre los carros, son las consecuencias de la desigualdad social en este departamento. Y hablamos de desigualdad ya que mientras la Guajira es el segundo departamento más pobre del país, también acoge en sus tierras varias multinacionales extractivistas que producen millones de pesos al día. El Cerrejón, por ejemplo, es una de las empresas mineras más grandes de Colombia. Los 32 millones de toneladas de carbón que se producen cada año, simbolizan el 30% de las exportaciones del país. A pesar de esta riqueza, la población de la etnia wayuu carece de recursos básicos para la supervivencia.
La falta de agua potable y de tres comidas diarias, causó la muerte de 76 niños menores de cinco años en el 2022 según el Instituto Nacional de Salud (cifras dadas a mediados de diciembre). Por demás 47 menores fallecieron por infecciones respiratorias y 28 por enfermedad diarréica aguda, ambos casos asociados también a la desnutrición y al consumo de agua no potable o contaminada.
Y estas cifras seguramente no son las oficiales. Uno de los principales problemas de la Guajira es la distancia tan extensa que hay entre rancherías, aún más la distancia que hay entre los cascos urbanos y la ruralidad. Son muchas las rancherías que no están registradas, son invisibles para el Estado y por ende muchas de las muertes infantiles pasan completamente desapercibidas.
En el 2017, la Corte Constitucional dictó la sentencia T-302, donde se afirmó que el pueblo wayuu de la Guajira estaba sufriendo una crisis debido a la desnutrición infantil. En esa sentencia se ordenó un plan de acción, el cual en un semestre lograría “adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira.”
Las medidas específicas de la sentencia fueron:
- Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables
- Tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las niñas y los niños
- Adoptar medidas inmediatas para que las niñas y niños puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención inmediata
- Mejorar la movilidad de las comunidades.
*Tomado de: Documento público, Comité de Veeduría a la Sentencia.
Sin embargo, ya casi seis años después, las medidas dictadas por la sentencia no se han ejecutado y el escenario parece ser cada vez peor, pues se estima que el 2022 fue el año con mayores muertes infantiles y mayor desnutrición en La Guajira. Las cifras dicen que durante el año pasado, la muerte de niños y la desnutrición, estaban siete y tres veces respectivamente, por encima de la media nacional.
¿Y el agua?
Graciela, la matrona de una comunidad, me contó que en tiempos pasados, las comunidades wayuu conseguían el agua de la tierra, excavando pozos. O directamente del Río Ranchería y sus arroyos, los cuales eran la principal fuente de agua del departamento. Anteriormente, con cavar un pozo de unos cuantos metros de profundidad, era posible ver el agua emergiendo de la tierra y abastecerse de ella.
Hoy en día estos pozos son cada vez más escasos y factores como el cambio climático y el desvío de los arroyos del Río Ranchería –a manos del complejo minero de carbón El Cerrejón–, ocasionó la escasez. El Estado, en vez de realizar obras de acueducto o estrategias que garantizaran el agua de estas comunidades, permitió que se les quitara su principal fuente de abastecimiento. En el 2016 el ANLA y Corpoguajira, permitieron a la multinacional minera desviar el arroyo más importante, Bruno. Este desvío se hizo con el fin de acceder al carbón que yace bajo el río y seguir así explotando los recursos naturales de la región. Sin embargo el desvío se llevó a cabo sin reconocer la importancia que el arroyo tenía en cuanto al acceso al agua de las comunidades, la fauna y la flora del ecosistema.
Las aguas del Ranchería ya no llegan a las comunidades y la obtención de agua potable depende de los difíciles esfuerzos en excavar pozos que muchas veces no producen el agua suficiente, o el agua que arrojan está sucia, contaminada y se termina destinando a los abundantes chivos que habitan la zona. Los proyectos extractivistas que se lucran de las tierras guajiras, son quienes ahora monopolizan el agua. Agua que anteriormente se utilizaba para agricultura y el desarrollo de la pesca, actividades que habían permitido a la etnia wayuu sobrevivir al desierto por cientos de años.
“El Cerrejón ha realizado un ecocidio y etnocidio contra las comunidades de La Guajira. La operación minera, que usa 24 millones de litros de agua al día, ha ocasionado que el líquido vital que se hallaba a cinco metros de profundidad, ahora tenga que ser encontrado a 20 o 30 metros. “ – Colombia Informa. 2021.
Las comunidades wayuu siguen luchando para que este arroyo, utilizado para el consumo y el riego de cultivos, sea retornado a su cauce original y las comunidades puedan abastecerse de nuevo.
Los peajes humanos, por más impactantes que sean, hacen visible una problemática y una realidad que hoy nos demuestra cómo Colombia tiene por delante una labor indiscutiblemente ardua para hablar sobre nuevos términos del Gobierno del Cambio, como ‘Igualdad’ y ‘Paz total’.
En la Guajira no hay paz ni hay igualdad. Sed, hambre, abandono y muerte son palabras que se llevan por delante todo lo bello que este departamento tiene por ofrecer.
Mientras los turistas viajan y las grandes empresas se lucran de recursos como el carbón y la sal, las comunidades wayuu, dueñas ancestrales de estos territorios, subsisten sin los derechos básicos al agua y a la alimentación. El desierto Guajiro es una de las reservas de minerales e hidrocarburos más importantes del país; en estas tierras se generan millones de pesos al día a manos de empresas extractivistas y sin embargo las comunidades indígenas no reciben regalías ni beneficios por los negocios que suceden aquí. Únicamente el acaparamiento de sus recursos y la vista gorda frente a sus problemáticas.
Este gobierno, si de verdad promete el cambio y la vinculación social, tiene un poco más de tres años para lograr articular los proyectos que se necesitan en este departamento, cumplir con las medidas dictadas por la sentencia T-302 en el 2017 y ponerle fin al exterminio en el territorio guajiro.
*Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro y el ICBF están en la mira respecto al tema de la Guajira, después de la polémica generada por el cargo de Concha Baracaldo, la vecina de Verónica Alcocer que fue nombrada a dedocracia como Directora de este instituto, y que se vio señalada por la muerte de 20 niños wayuu en los primeros meses del nuevo gobierno.
El futuro de las niñas y niños, que podría resumirse como el futuro de la etnia wayuu en Colombia, está en juego. Hoy los menores están muriendo invisibilizados en sus rancherías, están arriesgando sus vidas entre camionetas 4×4 corriendo bajo los rayos del sol, esperando recibir algo de quienes llegan a sus tierras y utilizan sus pocos recursos indiscriminadamente. El acceso al agua potable y la seguridad alimentaria deben garantizarse a todas las familias wayuu del norte de Colombia. Los peajes humanos no pueden hacer parte del escenario de un gobierno progresista con enfoque social y humanitario.
