OPINIÓN | En materia de reparación colectiva, muchas de las medidas no han empezado a ejecutarse y no tienen un presupuesto asignado. Por: Cheryl Morris*
“Ante tantas agendas regionales, ¿cuál priorizar?”, es la pregunta de un líder campesino de los Montes de María (MM), una región conformada por siete municipios de Bolívar y ocho de Sucre, en el Caribe Colombiano, que ha sufrido la desigualdad estructural en Colombia, reflejada entre otras cosas en la violación sistemática de derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afros que allí se encuentran. Estas comunidades históricamente se han movilizado en defensa de su territorio, y el conflicto armado les dejó terribles masacres, desplazamientos forzados, despojo y acaparamiento de tierras, además de una cifra de víctimas de aproximadamente 233.000 personas.
Por ello, durante los últimos años, las comunidades de MM han sido sujeto de iniciativas relacionadas al restablecimiento de sus derechos y a la reparación de los daños causados por el conflicto armado. El Plan de Consolidación, los Laboratorios de Paz y las políticas públicas de reparación y restitución son ejemplos de estos intentos, pero estas iniciativas no han tenido los resultados esperados.
En materia de reparación colectiva, por ejemplo, de los 13 sujetos de este programa que hay MM, según la Unidad de Víctimas, ocho de ellos están en fase de implementación de sus planes de reparación, es decir, ocho de ellos tienen un documento con medidas de reparación aprobado formalmente, pero muchas de estas medidas no han empezado a ejecutarse y no tienen un presupuesto asignado. De acuerdo con la evidencia en MM, los únicos procesos que tienen avances significativos en la implementación de sus planes son los de El Salado y Las Palmas, que fueron procesos pilotos que se iniciaron con la Ley 975 de 2005, pero que a la fecha no han llenado las expectativas creadas en la comunidad.
Sobre la política de restitución, de acuerdo con datos construidos a partir de la información oficial, a corte 1 de abril de 2018, de las 11.827 solicitudes de inscripción de predios de MM ante la Unidad de Restitución de Tierras, solo 501 (el 4,2 por ciento) han sido resueltas en sentencias y solo unas 581 personas han resultado beneficiadas (sin contar algunos municipios donde no se reporta el número de personas beneficiarias). La diferencia entre el número de solicitudes de inscripción de predios y las personas beneficiarias con restitución de tierras es abismal.
A estas políticas se les suman ahora los programas que se derivan del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron consagrados en el punto uno del Acuerdo sobre la reforma rural integral, y que tienen como objetivo la construcción de iniciativas que propicien “la transformación del territorio” para los próximos 10 años en las 16 zonas del país más afectadas por el conflicto, y dentro de estas se encuentra MM.
El PDET de MM ha tenido amplia discusión local traducida en un largo listado de iniciativas por municipio, que dejan en la comunidad sentimientos encontrados: por un lado, grandes expectativas alrededor de la transformación de su territorio a partir de esta nueva apuesta de desarrollo en la que están participando; por otro lado, poca confianza en la institucionalidad ante las promesas incumplidas del pasado y la preocupación frente al hecho de que sea solo “un diagnóstico más” de los problemas de la región.
Además, con el reto de enfrentarse a nuevas leyes, nueva institucionalidad, nuevos procesos y nuevos funcionarios, situación con la que parecería que se pierde todo terreno ganado y que causa una senación de desgaste y desánimo y una idea de estar intentando e intentando con pocos resultados. En todo caso, los habitantes de MM están con la tranquilidad de que como líderes y ciudadanos están usando las herramientos y espacios de participación creados por el Estado aunque no lleguen a tener la eficacia que esperarían.
En la formulación del PDET se contempla que se integren los Planes de Reparación Colectiva aprobados, y aunque no fuera así, muchas de las iniciativas que se están proponiendo en los PDET son similares a las que ya quedaron consignadas en dichos planes, pues la situación desde la formulación de los mismos no ha cambiado hasta ahora.
En los procesos que se han abierto con la implementación de los Acuerdos de Paz se deberían tener en cuenta, entonces, las lecciones aprendidas de más de 15 años de intervención en el territorio, potenciar la institucionalidad existente y a los buenos funcionarios que han trabajado en las mismas, así como aterrizar las expectativas. Por ello, el llamado al nuevo gobierno nacional es a que no defraude las esperanzas de estas comunidades y dirija el rumbo hacia la satisfacción de los derechos de las víctimas, para que estos procesos que se desarrollan no solo en Montes sino en otras regiones no se conviertan en más promesas incumplidas.
*Investigadora en Dejusticia.
