Este clan del Cesar ejerció por décadas su influencia, mientras crecían su poder y sus líos con la justicia. El empresario Carlos tiene pedido de extradición desde España, el ganadero Edward está acusado de homicidio y el excongresista Alfonso enfrenta acusaciones por el desplazamiento de una comunidad indígena.
Por: La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto
Después de 19 años, el médico Disnaldo Perpiñán ha logrado avances en el proceso que investiga el asesinato de su padre. La confesión de varios exparamilitares ante la justicia provocó la captura del ganadero Edward Mattos, de la familia Mattos Barrera, un poderoso clan del Caribe colombiano. Edward fue detenido en mayo de 2020 por el crimen de Disnaldo José Perpiñán Marzal, ocurrido el 28 de noviembre de 2001.
El arresto de Edward es la cereza de un pastel que tardó muchos años cocinándose, y se suma a otros eventos que marcan el declive de los hermanos Mattos. Aunque conservan influencia en el Cesar, la situación jurídica de Carlos, exrepresentante de la marca Hyundai; y Alfonso, excongresista, ha sembrado suficientes dudas sobre la legalidad de sus acciones. Varias denuncias los vinculan con paramilitarismo y acumulación irregular de tierras.
En distintas audiencias del proceso de Justicia y Paz, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio recopilaron declaraciones de Salvatore Mancuso, alias ‘Don Mario’ y alias ‘Monoleche’ donde acusan a Carlos y Edward de apoyar a paramilitares en el Cesar. Varias víctimas allí señalan al segundo por el asesinato de un campesino. Y en Vichada testigos de las comunidades indígenas Sikuani, Amorúa y Cuiba le atribuyen su desplazamiento forzado a Alfonso, otro hermano y miembro del clan.
Los Mattos, una rica familia de Codazzi, Cesar, son hijos de José Bolívar Mattos Lacotoure, ganadero y algodonero dueño de varias fincas en la región. En 1987 las FARC secuestraron al patriarca; y aunque luego fue liberado, los secuestros, las extorsiones y las amenazas contra hacendados de ese departamento continuaron. Entonces varios terratenientes de la zona, apoyados por el Ejército, conformaron grupos de ‘autodefensa’, como lo explican los informes La Maldita Tierra y Tierras y carbón en la vorágine del Gran Magdalena, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En 1996 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, creadas por otros hermanos, Carlos y Vicente Castaño, se aliaron en el Cesar con los hacendados que habían creado estos grupos paramilitares. Según le dijo Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘el Pájaro’, a Verdad Abierta, la masacre del 26 de septiembre de ese año marcó la llegada de las Autodefensas al Cesar y fue planeada justamente en una finca de Carlos Mattos.
Reuniones de amigos en Codazzi
Mientras Alfonso y Carlos consolidaban sus carreras en la política y la industria automotriz, Edward siguió trabajando en las haciendas familiares, siempre en la mira de las Farc. En 1997, un año después de la creación del Frente Juan Andrés Álvarez en tierras de los Mattos, las Farc les quemaron cinco fincas. Según una nota publicada en El Tiempo, esto provocó pérdidas por más de 1.500 millones de pesos. “Los guerrilleros acabaron con el trabajo que durante 60 años mi padre hizo”, dijo Jorge Mattos.
En septiembre de 2017, los desmovilizados Óscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, y José Aristides Peinado, alias ‘Peinado’, mencionaron en el proceso de Justicia y Paz la cercanía de Edward Mattos con los paramilitares de ese frente. “El señor Edward Mattos era un gran colaborador de las Autodefensas de Codazzi. Él entregó las guías para entrar al municipio y dio la información sobre colaboradores de la guerrilla y de su posible ganado”, dijo Ospino.
Alias ‘Tolemaida’ también contó que “era normal que llegara [Edward Mattos] y se reuniera con cualquiera de nosotros, las reuniones eran de amigos, para suministrar información (…) o simplemente saludar”, declaró. En su testimonio describió a Mattos como el estratega que permitió la entrada de los paramilitares a la zona. Ninguna investigación prosperó.
Pero Edward Mattos tiene otros asuntos pendientes con la justicia.
Uno de ellos es el homicidio de Marilis Hinojosa Suárez, jueza de Becerril, Cesar, en 2003, asesinada por paramilitares para sacarla de la contienda por la alcaldía de ese municipio. Una investigación de la Fiscalía estableció que 25 personas, entre empresarios, paramilitares y dos exalcaldes de Codazzi, estuvieron involucradas. La Fiscalía alegó que Edward “se alineó con los paramilitares y llegó a ser un importante promotor de este grupo (…). En uno de los carros donde fue capturado un paramilitar se encontraba el maletín del señor Edward Mattos”. Sin embargo, por falta de pruebas una jueza lo absolvió del delito de concierto para delinquir por el cual fue llamado a juicio.
Otro homicidio es el del ganadero Disnaldo José Perpiñán Marzal, el asesinato que motivó su captura en mayo. Pocos días después de su arresto, Mattos pidió el ingreso a la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde se espera que aclare los señalamientos que la justicia ordinaria no ha resuelto.
Rutas y La Liga hablaron con Disnaldo Perpiñán, hijo del ganadero asesinado por los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez. “Yo estaba en la casa de mis papás y vi cuando alias ‘Jorge’ le decía que contara cuánto dinero y ganado tenía. A mi papá le tocaba darles plata hasta para la gasolina”, contó Disnaldo. En audiencias libres de Justicia y Paz, alias ‘Peinado’, y Amaury Gómez, alias ‘Bigotes’, contaron el crimen contra Perpiñán padre. Según ellos, Edward Mattos les contó que Perpiñán era testaferro de las Farc, y por eso ordenaron su muerte. ‘Tolemaida’, comandante del frente Juan Andrés Álvarez, y Jader Morales, alias ‘J.J’, reconocieron el crimen en Justicia y Paz en septiembre de 2017, cuando también revelaron la participación de Edward Mattos.
A estas declaraciones se sumaron las de Donaldo José Monzón, alias ‘Saúl’ o ‘El Indio’. Según él, Perpiñán fue llevado a la finca Cosa Buena, propiedad de Edward Mattos. “Se lo entregué al grupo urbano del frente Juan Andrés Álvarez para que lo asesinaran. (…) Recogimos una cantidad de ganado que se encontraba en la trocha de Verdecia, que venía supuestamente de dinero de las Farc”, contó ‘Saúl’.
Pasaron más de diez años desde el asesinato hasta la captura de Edward. “Los paramilitares empezaron a contar la verdad. Ellos dijeron que el señor Mattos había vendido a mi papá como testaferro de la guerrilla”, dijo Disnaldo. Para él, esos supuestos vínculos fueron excusas para robarle ganado y represalias por no pagar las extorsiones. “Este proceso prosperó por la presión de mi familia, a pesar de las amenazas de Edward Mattos y de la influencia de su familia”, dijo.
Mattos ha sido señalado en otros casos, pero la justicia no lo ha vinculado formalmente a ninguno. Uno de ellos es el de Gil Roberto Castañeda, un agricultor de Codazzi asesinado por los paramilitares. Su familia ha insistido para que se investigue el caso, y dicen que Edward Mattos y miembros del frente Juan Andrés Álvarez están involucrados.
Lorenzo Castañeda, hijo de Gil Roberto, le contó a Rutas y a La Liga que después del asesinato, el 3 de marzo de 2003, debió abandonar su finca en Codazzi. “Me tocó salir corriendo porque me amenazaron. Me tocó perder todo”, dijo. Según Castañeda, el día anterior recibió la visita de un concejal, quien quería comprarle su finca. En medio de la negociación, según la familia, el concejal llamó a Edward Mattos para que interviniera. Carlos Julio Castañeda, sobrino de la víctima, contó que su tío hablaba con Edward cuando dijo: “‘¿Por qué me voy a lamentar de no vender si el lote es mío?’”.
En la madrugada siguiente, los integrantes del frente Juan Andrés Álvarez se llevaron a Gil Roberto Castañeda, mientras otros paramilitares se robaban el ganado. Esa mañana Carlos Julio encontró a su tío muerto en la carretera. En Justicia y Paz, alias ‘Tolemaida’ admitió el crimen, pero no mencionó a Mattos ni al concejal. Nadie ha sido condenado.
Edward guarda un secreto en los Llanos
En Mapiripán, Meta, Edward Mattos creó junto a sus hijos Edward José, Laura y Diana Mattos de Castro, la Agropecuaria Villa Diana, una sociedad dedicada al cultivo de palma aceitera, en tres predios de origen baldío llamados El Secreto I, El Secreto II y El Secreto III. (Certificado Cámara de Comercio).
Certificados de tradición y libertad consultados por Rutas y La Liga revelan que los predios se compraron un año después de que fueran adjudicados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, a supuestos campesinos (ver certificado I, II Y III). Según reveló Verdad Abierta, durante las audiencias de Justicia y Paz, paramilitares como Daniel Rendon, alias ‘Don Mario’, contaron que el Bloque Centauros de las Autodefensas tomó tierras en el Meta, a través de testaferros para consolidar su negocio de palma aceitera. Entre esos terrenos, según ‘Don Mario’, están incluidos El Secreto I, II y III, y las fincas vecinas El Agrado I, II y III, propiedad de Diego Rivas Ángel, señalado como testaferro del Bloque (ver historia completa: Los secretos de Mapiripán).
Como lo determinó la investigación Los Secretos de Mapiripán, Vicente Castaño y sus socios Miguel Arroyave, alias ‘Arcangel’, y ‘Don Mario’, consiguieron tierras para desarrollar su proyecto de palma en Meta y Chocó. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, determinó que las personas a quienes se les adjudicaron las tierras de El Secreto tenían relación con Diego Rivas Ángel y su Fundación Libertad Económica para Colombia, Funlibercol, (ver historia en Tierra en Disputa: El Agrado).
Obligado a reparar víctimas dentro de Justicia y Paz, ‘Don Mario’ entregó la finca El Agrado, cuya propiedad figuraba bajo el nombre de Diego Rivas Ángel, hermano de Jaime Eduardo Rivas Ángel, secretario del ministro de Agricultura entre 2002 y 2004.. En el proceso, como lo reseñó El Tiempo, además de las tierras a nombre de Rivas Ángel, ‘Don Mario’ también entregó El Secreto III, que ya era propiedad de Villa Diana y su representante, Edward José Mattos de Castro, hijo de Edward Mattos.
Hasta el momento, El Secreto III sigue en manos de la Agropecuaria Villa Diana, aunque tiene un embargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz. Rutas y La Liga pudieron conocer que El Secreto III tiene a la entrada una valla de la Unidad de Víctimas, donde se informa que el predio es administrado por esa entidad.
En cuanto a El Secreto I y II, estos terrenos estuvieron involucrados en un proceso judicial por pertenencia. En 2016, una mujer llamada Edith Torres alegó derechos sobre algunas partes de esos predios. Torres vendió los derechos de este pleito a un abogado, que a su vez los traspasó a la sociedad Ganabor Ltda., una empresa avícola, que también cultiva palma. En 2018, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare falló a favor de estas pretensiones, y los Mattos de Castro perdieron la mitad de tierra de cada una de las fincas donde está Villa Diana. Ganabor es ahora la propietaria de esos terrenos.
Han pasado más de diez años de la desmovilización del Bloque Centauros, pero entre la población sobrevive el miedo por las represalias si intentan recuperar sus tierras. Rutas y La Liga contactaron a varias personas que habían vivido en la zona y aseguraron que habían sido desplazadas por Diego Rivas Ángel y Edward Mattos, pero no quisieron dar detalles porque, según dicen, han recibido amenazas.
Alfonso versus el Estado
También Alfonso ha sido acusado en varios procesos penales, pero ha salido absuelto, e incluso ha recibido indemnizaciones del Estado. ‘Poncho’ Mattos fue diputado del Cesar (1990), representante a la Cámara (1994) y Senador (1999) varias veces en reemplazo de Micael Cotes, quien constantemente pedía licencias no remuneradas. Luego fue jefe de campaña de Juan Manuel Santos en el Cesar; perteneció al Partido Conservador, y a Alas-Equipo Colombia como representante legal. Pero este partido se acabó cuando la mayoría de sus congresistas fueron condenados por parapolítica.
Mattos no fue un congresista destacado. En ninguna de las dos oportunidades terminó sus labores. En el 94 renunció para enfrentar un proceso como determinador del asesinato de Alfredo Rodríguez Arias, edil de la localidad de Kennedy en Bogotá, asesor de una familia que vivió 23 años en un predio de Alfonso Mattos. Según una nota de El Tiempo, publicada en 1995, el político “intentó por todos los medios jurídicos y extrajurídicos tomarse la posesión del predio, amenazaba a la familia, y varios hombres armados, que afirmaban venir en su nombre, presionaban mucho a los Jaramillo, dijo un testigo”.
Durante el proceso judicial, Alfonso estuvo siete meses en la cárcel. Luego un juez lo absolvió. Su familia demandó al Estado por privación de la libertad y acusó a la Fiscalía de daño moral. En 2012 el Consejo de Estado decidió que la nación debía indemnizar a los Mattos: a Alfonso le dio 70 salarios mínimos legales vigentes; a sus papás y hermanos, 20 salarios a cada uno; 30 a su esposa y a sus tres hijos.
Mattos enfrentó un proceso judicial por enriquecimiento ilícito en el año 2000. La Fiscalía lo señaló de recibir unos cheques de testaferros del Cartel de Cali, en la venta de unos vehículos. Mattos alegó que no podía verificar la procedencia de los dineros que compraban sus carros. Por este caso, Alfonso Mattos estuvo dos días en la cárcel hasta que un juez lo absolvió. Después demandó de nuevo al Estado por daños y perjuicios, y en 2014 el Consejo de Estado volvió a indemnizarlo junto a su familia con 7,5 salarios mínimos para cada uno.
Hoy Alfonso afronta una denuncia penal por el desplazamiento forzado de una comunidad indígena en Vichada. Como su hermano Edward, ‘Poncho’ vio potencial en el cultivo de palma aceitera y compró ocho predios en la zona de La Primavera para crear la sociedad Agrícola El Encanto. En esos terrenos habitaban comunidades Sikuani, Cubeo y Amorua.
Los indígenas reclaman estos territorios y han denunciado a Alfonso Mattos como responsable del desplazamiento. “Nos encontramos en el asentamiento El Trompillo en condiciones de miseria, hacinamiento, sin acceso a servicios públicos, con viviendas improvisadas y de una tremenda precariedad. Prácticamente nos encontramos en la mendicidad”, dice uno de los líderes de la comunidad Sikuani.
Según cuenta este líder, el despojo de las tierras fue violento. “En 2008 llega a Altagracia un señor Rodrigo Hernández, quien se presentó como representante de un señor Alfonso Mattos. Llegó con 20 hombres armados. El señor Hernández nos cita a varios de la comunidad para unas conciliaciones […] no llegamos a ningún acuerdo”, dijo. De acuerdo con sus declaraciones, entre junio y julio de 2009 regresó Hernández con Mattos y los amenazó con armas. “No aceptamos salir del territorio. En agosto, en la noche, dos partes de la comunidad fueron quemadas por desconocidos”.
Rutas y La Liga se comunicaron con Alfonso Mattos para conocer su versión sobre estos hechos, pero el empresario no quiso responder. Dijo que solo hablará frente a un juez, que todo es un montaje periodístico en su contra y que no había comunidades indígenas en los terrenos que compró.
Esas tierras tienen denuncias por acumulación indebida de baldíos. Según la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la comunidad presentó un proceso administrativo de revocatoria de adjudicaciones de los predios de Altagracia a la Agencia Nacional de Tierras.
En 2007 llegaron a Altagracia ocho compradores a adquirir fincas en la zona habitada por los indígenas. Según los certificados de tradición y libertad de los ocho predios, uno es propiedad de Agrícola El Encanto; cuatro más pertenecen a Alfonso, su esposa Ana Cecilia Lacouture y sus hijos Katherine y David Mattos Lacouture, todos ellos socios de Agrícola El Encanto. Otro predio más fue comprado por Carlos Eduardo Díaz Granados, exempleado de Hyundai Colombia y de Kadas S.A., otra empresa de los Mattos Lacouture. Los dos predios restantes pertenecen a dos particulares que, como varios de los anteriores, han tenido limitaciones al dominio en favor de Agrícola El Encanto. En la práctica, Agrícola El Encanto y sus socios tienen cinco predios, el usufructo de tres más y en la totalidad desarrollan su proyecto en las 13.879 hectáreas (ver certificados).
En Vichada, varios terrenos de la nación se cedieron de manera irregular a personas que no cumplían con los requisitos de la Ley 160 de 1994, donde se señala que los baldíos deben adjudicarse a personas sin tierra, comunidades indígenas o afro, con prioridad para quienes ocupen estos terrenos al menos cinco años. Los Mattos le compraron un predio a José Cayetano Melo Perilla, señalado en 2009 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante y conexión financiera de las Farc, involucrado en lavado de activos. José Cayetano es hermano de Hugo, y ambos pertenecen a una familia de empresarios arroceros del Tolima.
Además, los indígenas señalan que mientras habitaron esa zona ni los Melo Perilla, ni ningún otro adjudicatario, hicieron presencia en esa zona.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), que respalda jurídicamente a las comunidades indígenas, en su informe ‘Tierra y despojo en los Llanos Memorias de resistencia indígena y campesina en Meta y Vichada’ señala que ‘“estas adjudicaciones beneficiaron a personas que nunca habían vivido allí, no tenían alguna relación con los predios y en cambio tenían propiedades en otros lugares”.
Como otros empresarios agroindustriales, los Mattos llegaron a Vichada con el proyecto de explotar extensas zonas de monocultivo apoyados por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Según la Corporación Claretiana, “Agrícola El Encanto hace parte de las iniciativas de desarrollo promovidas por el Estado, ubicadas en la altillanura y por ello recibió del gobierno, en el año 2010, un ‘Incentivo a la Capitalización Rural’ por $207 millones, con un crédito de $3.000 millones”. Los indígenas dicen que la empresa del excongresista ha recibido el apoyo de autoridades del municipio, quienes incluso acompañaron los desalojos.
En 2016 la Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de reorganización de varias empresas de Alfonso Mattos y su familia, entre ellas la agrícola, que para ese año le debía a la DIAN 592.772.467 pesos por retenciones. Según el libro del senador Wilson Arias ‘Así se roban la tierra en Colombia’, entre las causas de esta crisis económica en la que entró la sociedad, están “los altos costos financieros, la alejada ubicación del proyecto, la falta de vías de acceso y las condiciones de seguridad”.
Hoy en las fincas de La Primavera permanece el monocultivo de palma de aceite. Las cerca de 120 familias desalojadas de esas tierras viven en el resguardo El Trompillo mientras esperan respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras.
La última vez que se escuchó hablar de Alfonso Mattos fue en febrero pasado, cuando Daniel Coronell, en su columna “Vuelo Bajo”, reveló que él y su hermano Jorge estarían involucrados en supuestos sobornos para favorecer a Carlos en su pleito contra Hyundai.
Carlos, el filántropo extraditable
El declive de los Mattos se confirmó cuando les fue imposible evitar, el pasado 25 de junio, que España aprobara una solicitud de extradición hecha por Colombia para que el empresario responda por el soborno a una jueza en el caso contra Hyundai.
Carlos amasó su fortuna gracias a un acuerdo con el fabricante coreano, que desde 1992 le dio la representación única en el país. Este negocio se mantuvo hasta 2016, cuando Hyundai le quitó la exclusividad y se la cedió al ecuatoriano Juan Eljuri. Mattos interpuso entonces una demanda comercial y otras por competencia desleal y uso indebido de la marca. Su reclamo alcanzaba los 700 mil millones de pesos.
En agosto de 2020 su abogado, Iván Cancino, anunció que el empresario había llegado a un acuerdo con Hyundai y el ecuatoriano Eljuri. Pero esta decisión, que suspende el pleito comercial, no afecta el proceso por soborno que motivó la solicitud de extradición.
Desde 2016 Carlos Mattos empezó una fuerte confrontación en los estrados judiciales. Para ello, según la Fiscalía, el empresario intentó sobornar con 200 millones de pesos a funcionarios judiciales que debían decidir su caso. El empresario continúa en España, en una lujosa propiedad, donde lleva una vida social activa.
Pero el caso contra Hyundai no es su único lío. Después de pagar condena por narcotráfico en Estados Unidos, el exparamilitar Salvatore Mancuso ha ofrecido supuestas evidencias que vinculan a varios políticos y empresarios con el paramilitarismo. Mancuso solicitó el ingreso a la JEP, y aunque la entidad lo rechazó, aclaró que podría llamarlo para que entregue información de forma voluntaria. Según el columnista Yohir Akerman, en la solicitud que hizo a la JEP, Mancuso dijo: “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas (…) que se vieron beneficiadas con nuestro actuar”.
En el 2018, desde una cárcel en Estados Unidos, Mancuso ya había adelantado: “Mattos colaboró con las autodefensas y entregó recursos en un pacto con Carlos Castaño”. Otros desmovilizados lo vincularon con las autodefensas. Alias ‘El Pájaro’ contó en Justicia y Paz que la primera masacre cometida en Codazzi se planeó en una finca del empresario. También en la sentencia de Justicia y Paz a Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, y en una sentencia de restitución de tierras de un predio en Becerril, se afirma que “los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron la creación, junto con Salvatore Mancuso, del Bloque Norte”.
Por estas declaraciones Justicia y Paz compulsó copias del proceso a la Fiscalía para que investigue al empresario. Pero estos procesos no han avanzado.
Aunque está muy cerca su extradición, Carlos sigue siendo reconocido en la región y mantiene relaciones con las autoridades de su pueblo, Codazzi. En un video que la Alcaldía subió a redes sociales en mayo, se muestra la entrega de 700 mercados que el empresario envió como ayuda durante la contingencia por la COVID-19. “Este mercado es una donación del doctor Carlos Mattos Barrero, hijo de Codazzi, industrial que ha querido hoy apoyar a estas necesidades que estamos viviendo (…) El Ejército Nacional, con el apoyo en la logística de la Alcaldía de Codazzi, les es posible entregarle este detalle”, dice una militar mientras entrega los víveres. Como una mano invisible y dadivosa que provee en medio de la crisis.
