Manifestantes en Valle del Cauca y Bogotá hablan sobre sus propuestas en medio del Paro Nacional. Todos concuerdan en que necesitan garantías antes de cualquier negociación, pero han avanzado en la construcción de pliegos de petición. En Cali, a pesar de la violencia, buscarían mejorar las condiciones de vida de los policías.
Diego* hace parte de la Primera Línea del sector de Puerto Resistencia, en Cali. Lleva un mes haciendo guardia en una barricada. “Sólo voy a la casa a bañarme y me devuelvo”, le cuenta a PACIFISTA!. También dijo que, a pesar de tener 25 años, no ha terminado su bachillerato porque le tocó empezar a trabajar desde muy pequeño. El Paro Nacional representa una esperanza de que su situación y la de su comunidad cambien.
“Hemos logrado la unidad de un país que ha visto que nos reprimen cuando pedimos algo justo. Esto es algo que va a seguir porque es la única forma en que el Estado nos va a escuchar y contar con la población cuando tomen decisiones”, explicó.
Esa imagen de resistencia ha sido registrada ya por medios nacionales e internacionales. Pero detrás de los escudos de esos hombres y mujeres como Diego, también hay ideas y soluciones. ¿Cuáles son las propuestas de los jóvenes que están en los puntos de movilización? ¿Qué piden para levantar la protesta? En PACIFISTA! nos acercamos a siete jóvenes que hacen parte de las protestas en Cali, Tuluá, Buga (Valle del Cauca) y Bogotá para resolver esas preguntas.
‘NO NOS MATEN’
Ya no es obvio. Ya no se puede dar por sentado. Hay un punto común en las exigencias en esas cuatro ciudades: la prioridad es garantizar la seguridad física y jurídica de los manifestantes. Tener garantías de que si se instalan mesas de negociaciones con las entidades del Estado no van a ser asesinados ni judicializados. Alrededor de eso han girado la mayoría de propuestas que tienen construidas en este momento.
“Necesitamos que nos aseguren que ninguno va a ser perseguido, que las familias no van a ser acechadas, que no nos van a matar a nadie más, porque ya nos lo están haciendo. Nos están matando la gente y no hacen sino acecharnos, hostigarnos en la madrugada y en la noche”, denunció Danilo*, otro integrante de la Primera Línea en Puerto Resistencia.
El pasado 28 de mayo hubo 13 homicidios en Cali, y aunque las autoridades deben investigar si se dieron en el marco de la movilización, algunos tienen un nexo evidente. Por ejemplo, el agente del CTI de la Fiscalía que asesinó a dos jóvenes manifestantes y luego fue linchado. Un hecho que la propia entidad reconoció en la voz de su cabeza, Francisco Barbosa.
Otro punto de resistencia en Cali es el Paso del Comercio, que ahora llaman Paso del Aguante, la salida de la ciudad hacia Palmira. Andrés*, quien hace parte de un proceso para transformar un Comando de Atención Inmediata (CAI) en una biblioteca comunitaria, concordó: “Lo más apremiante es la seguridad, si no hay garantías de seguridad difícilmente vamos a poder hacer algo”.
Algo similar ocurre en Tuluá, donde esta semana fue incinerado por manos desconocidas el palacio de la Alcaldía municipal. Allí han sido asesinados cinco jóvenes en el marco de la protesta social. El 20 de mayo, en la mañana, circuló un panfleto en contra de los bloqueos y ese mismo día fue asesinado Julián Vallejo en un cañaduzal. A la madrugada siguiente fueron asesinados Jorge Iván Cañas y Cristian David Orozco. El 25 del mismo mes, un día en que hubo confrontaciones entre los manifestantes y la Fuerza Pública, asesinaron a otros dos muchachos. Para refrendar la advertencia, el 23 volvió a circular otro panfleto con amenazas de muerte.
Estos son dos de ellos, firmados por “la comunidad indignada”:
GARANTÍAS PARA LA PROTESTA
Ramiro*, participante de la movilización social en Tuluá (que al igual que todos los entrevistados para este artículo rehusó ser catalogado como líder), relató que a principios de mayo hicieron una asamblea con un pliego de peticiones para negociar. En esa reunión se habló de incluir exigencias como el agua potable en todo el municipio, mejorar el acceso a salud de las áreas rurales y conservar el páramo Barragán, una despensa de agua de la región. Sin embargo, no avanzaron más.
“No se volvió a prestar el ambiente para discusiones dirigidas hacia la salida de todo esto porque se empezó fue a pensar en la vida misma de los manifestantes, logística para escudos, para comida, para atención de derechos humanos, salud, todo lo de salvaguardar la vida hizo que se reorientaran los esfuerzos de la manifestación”, le contó a PACIFISTA!. “La exigencia concreta son garantías para la protesta porque no se puede llevar un pliego de peticiones entre balas”, agregó el joven tulueño.
DETENER LA PERSECUCIÓN
En Buga, los retos han sido similares, pero tienen sus particularidades. Fernando*, quien ha hecho veeduría de derechos humanos en el municipio, aseguró que han tenido problemas para avanzar en la construcción de un pliego de peticiones debido a dos hechos: la Fuerza Pública estaría infiltrando los espacios de reunión y los constantes enfrentamientos con el Esmad. “Eso ha hecho que el proceso vaya lento porque todos los días hay capturados, desaparecidos, golpeados, amenazados. Tienen que resolver cosas inmediatas: la comida, los insumos y ahí va pasando el tiempo”, enfatizó.
En Bogotá, un grupo de jóvenes instauró el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en el Portal de la Resistencia (o Portal Américas antes del Paro). Ese lugar surgió como respuesta a la irrupción de un helicóptero de la Policía a las instalaciones de Transmilenio el 4 de mayo, al día siguiente estaba instalado ese punto de encuentro de los manifestantes, sobre todo quienes viven en las localidades de Kennedy y Bosa, al sur occidente de la capital.
Las preocupaciones en Bogotá también pasan por las garantías para protestar. Ya tienen un listado de acciones que debería cumplir el Estado para que los manifestantes se retiren del lugar y para seguir construyendo las peticiones y la organización social: que retiren el Esmad del Portal de Transmilenio, que este sólo sea usado con fines de movilidad y no policivos, y que se instale una mesa interinstitucional de garantías.
“Hay otras cosas que tienen que ver con que la Alcaldía asuma públicamente su ausencia y respuesta tardía a la conflictividad social, medidas de reparación colectiva, entre las que están la creación de una unidad accidental de búsqueda de desaparecidos, el cambio del nombre al Portal de la Resistencia, entre otras como reparaciones de tipo colectivo y comunitario”, explicó Tatiana Fernández, integrante del Espacio Humanitario.
UN PROCESO BARRIAL QUE PUEDE VOLVERSE NACIONAL
Hay un cambio cada vez más evidente. Todas las personas con las que hablamos para esta nota coincidieron en que el Comité Nacional del Paro no representa los reclamos que tienen en los diferentes puntos movilizados. El mismo modelo de un “comité” tradicional ya está lejos de sus expectativas de representación. “Esto tiene una forma organizativa muy distinta, ya no son colectividades concretas, partidos, sindicatos, sino multitudes en la calle que resulta organizándose con los vecinos. Esa forma organizativa más fluctuante, de conocerse en el hacer, es un cambio importante en la cultura política, en la idea de no esperar a que llegue alguien a salvarnos, sino hacerlo en el sentido de que solo el barrio salva al barrio”, explicó Fernández sobre el proceso del Espacio Humanitario en Kennedy y Bosa.
LAS PETICIONES DE FONDO
No es sólo la seguridad, en todos los lugares se han ido gestando pliegos de petición con puntos concretos ante una eventual negociación con las autoridades locales o nacionales.
En Puerto Resistencia y Paso del Aguante, por ejemplo, tres personas que hablaron con PACIFISTA! mencionaron “igualdad” y “equidad”. Los jóvenes sienten que hay que equilibrar la balanza de la riqueza, en la que durante toda su vida han estado del lado de la pobreza. “La gente sobre todo quiere que haya igualdad, que haya posibilidades de avanzar, de salir adelante, de no vivir apretados o arrancados. La gente quiere trabajar, quiere hacer cosas, pero no hay posibilidades”, explicó Andrés.
Diego y Danilo, los dos jóvenes de primera línea de Puerto Resistencia, dijeron que en medio de las asambleas se ha hablado incluso que uno de los puntos sea el mejoramiento de los sueldos de policías y militares. “A pesar de las agresiones, las emboscadas y los atentados por parte de la Policía y de diferentes entes del Estado, estamos pensando también en ellos, brindarles unas mejores garantías, unos mejores sueldos y equidad para todos”, aseguró el primero.
“Queremos hacerle un llamado a la Policía para que entiendan que esta lucha también es en beneficio para ellos, ellos no lo están entendiendo y nos están atacando indiscriminadamente. Esto es un llamado para que hagan cese al fuego, nos están dando muy duro, se llevan a los muchachos y los maltratan”, dijo Danilo.
Ambos también plantearon que la Ley 100, que regula la salud, debe ser derogada. Argumentan que, ,con ella, el sistema de salud excluye a las personas de más bajos recursos.
Danilo también habló de oportunidades para los exconvictos. “Las oportunidades de trabajo son vulneradas porque tienen un récord criminal, no les dan trabajo aunque estén capacitados y tengan estudios”, explicó. También aseguró que pedirán que no se haga fracking y que se proscriban las fumigaciones aéreas con glifosato.
En Buga, el movimiento Resistencia Buga, creado a la luz del Paro Nacional, tiene un pliego de peticiones de nueve puntos, pero todos están enfocados en el tema de seguridad. Sin embargo, están adelantando reuniones para escuchar a la comunidad y construir otro pliego que tendría tres ejes: trabajo, estudio y pensión. “Vivimos en una era donde nos están explotando de manera indiscriminada, las grandes empresas se están haciendo ricas a costa de la clase obrera”, le dijo un vocero a Canal 2 de Cali.
En el Portal de la Resistencia, en Bogotá, se han hecho tres asambleas y un referendo popular en el que quedó aprobado un pliego de peticiones. Entre los puntos se encuentra la derogación del servicio militar obligatorio, un pedido de perdón público por parte de la Policía por los hechos de brutalidad policial, derogar la ley 100, no ejercen el fracking, no fumigar con glifosato, derogar la contratación por prestación de servicios, entre otros.
Tatiana Fernández explica que la idea es llevar el pliego a una reunión de asambleas de todas las localidades de Bogotá, en donde se discutan y se llegue a un acuerdo para que se integren. Luego, planean que haya una reunión de asambleas nacionales para hacer el mismo proceso. En todos los puntos movilizados tienen claridad que hay exigencias a los gobiernos locales, departamentales y el nacional.
El trato que estos jóvenes han recibido del Estado contrasta con el que han recibido de las comunidades de los barrios. “En el momento que usted ve a una abuela traer una libra de arroz y una panela usted entiende que la gente está cansada de la oligarquía y de unos cuantos políticos que lo único que han hecho es llenarse los bolsillos de plata”, retrató Diego sobre las donaciones que recibe la Primera Línea.
Tras un mes del estallido social en Colombia, en este momento avanza más rápido la represión que el diálogo o los acuerdos. Según la ONG Temblores, la Fuerza Pública habría asesinado a 43 personas en el marco de la protesta. Los jóvenes, mientras tanto, siguen trabajando en estrategias para resguardar sus vidas en las calles, a la par que acuerdan propuestas y soluciones para que la pobreza deje de ser el factor que defina su futuro.
Si llegaron hasta aquí, les puede interesar este podcast desde las entrañas del Portal Resistencia:
Podcast | Los sures de Bogotá al calor de una olla humanitaria
Y este reportajes sobre la resistencia municipal y feminista que ha surgido espontáneamente en Cundinamarca:
La resistencia municipal feminista que se adueña de las calles en medio del Paro Nacional
