Desmovilizados de las Farc, del Epl y del movimiento Jaime Bateman Cayón, les piden a los negociadores que los incluyan en eventuales acuerdos sobre excarcelación de guerrilleros. Aseguran que están listos para reintegrarse a la sociedad.
Los más de diez años que llevan presos les ha cambiado el talante a algunos exguerrilleros. Muchos han asumido un discurso pacífico a fuerza del encierro, las diligencias judiciales, el trabajo y los cursos de derechos humanos a los que han tenido que asistir por cuenta de su vinculación al proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, pese a esos avances, algunos de ellos consideran que sus esfuerzos por contar la verdad y reparar a las víctimas no han sido recompensados: sienten que en los tribunales les cambiaron las reglas de juego, que las investigaciones en su contra no avanzan y que se van a morir en la cárcel.
Hoy, cuando las Farc presionan en La Habana por la liberación de sus presos, los desmovilizados de las guerrillas dicen que no hay nadie en la mesa que alce la voz por su situación jurídica y que ellos sólo son vistos como “traidores”, “desertores” e “informantes”. Aseguran que, dentro y fuera de prisión, en los barrios y en los campos donde operaron sus estructuras, son estigmatizados y nadie da un peso por ellos. Un puñado de esos excombatientes se encuentra recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga, donde conviven antiguos militantes de las Farc, del Epl y del movimiento Jaime Bateman Cayón, una disidencia del M-19.
Allí está detenido Saúl, un indígena que cumplió labores de radio operador en el bloque Sur de las Farc. Cuenta que “durante el tiempo que llevamos detenidos, hemos estado en cárceles que quedan muy lejos de nuestras familias, y algunos de nosotros ya perdimos nuestros hogares por culpa de la distancia. Además, debido a la congestión de la justicia, ha sido muy difícil que continuemos declarando dentro del proceso que se lleva contra el bloque Sur en Bogotá”. Por eso, dice que “las dificultades para contar la verdad han afectado el objetivo principal de este proceso, que es reparar a las víctimas”.
En la Modelo también está detenido Carlos*, excomandante de compañía y exintegrante del frente Abelardo Romero, que opera en el Sumapaz. Está condenado a 18 años de cárcel en la justicia ordinaria por el delito de secuestro, y de esos ya ha pagado 12. Si no se hubiera postulado a Justicia y Paz, estaría a un paso de salir de prisión por pena cumplida. No obstante, como optó por ese proceso, deberá esperar un par de años más para solicitar su libertad y otro tanto para que un magistrado lo condene. Por casos como el suyo, dice él, “los guerrilleros activos que hay en Cómbita, en Medellín, y en otras cárceles, no se han acogido a este programa. Nosotros nos desmovilizamos porque supuestamente íbamos a salir más rápido, pero no nos han cumplido y en la parte jurídica nos sentimos totalmente abandonados”.
En el fondo de los reclamos está una controversia que fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia en 2012. Ese año, el alto tribunal determinó que los ocho años de pena máxima que contempla la Ley de Justicia y Paz se cuentan a partir del momento en que que los excombatientes se hayan postulado a sus beneficios, y no desde que se desmovilizaron. De ahí que los tiempos se hayan incrementado, lo que caló en el imaginario como una “traición por parte del Gobierno”. Una situación que ha empeorado en el campo político, aseguran ellos, por “el escándalo que arman los medios de comunicación” cada vez que un postulado obtiene su libertad en los tribunales.
Antiguo explosivista general del Epl, Fabián lleva 15 años preso. Conoce de primera mano la forma como operaba esa guerrilla en Santander y fue reclutado cuando era niño. En su opinión, “los medios de comunicación nos afectan más de lo que ya estamos. Cada vez que está a punto de salir alguien de las autodefensas, corren a gritar: ‘¡VAN A SALIR 200 PARAMILITARES, DE LOS MÁS ASESINOS!’. En vez de decir, qué bueno que salgan a aportarle a la paz”. Y agrega “que la mayoría de las víctimas, que son las más interesadas en este proceso, no nos han tratado mal y nos han dicho: ‘hermano, al menos contó la verdad’. Entonces, ¿por qué algunos medios, a los que ni siquiera les hicimos daño, nos estigmatizan tanto?”.
Una opinión similar tiene Raúl, desmovilizado del movimiento Jaime Bateman Cayón. Según él, “siempre nos han puesto como los victimarios que fuimos, pero no han mostrado la parte humana que tenemos. Somos personas de carne y hueso: lloramos, sufrimos, y queremos que no nos olviden y que se den cuenta de todo lo que hemos aprendido en la cárcel. ¿Por qué no nos dan la oportunidad de mostrar lo queremos hacer por la gente?”.
A esas peticiones se suman otras, que comparten con el resto de presos: que se mejore la atención en salud y que se les ayude a superar la falta de recursos que les impide comprar desde jabón hasta tiquetes para que sus familias puedan visitarlos en la cárcel. Por eso, su petición es unánime: que en los acuerdos a que lleguen el Gobierno y las Farc en Cuba se contemple la excarcelación no sólo de los guerrilleros activos, sino de todos los desmovilizados de las guerrillas, “porque todos cometimos delito político”. Pero, ¿qué le han aportado ellos a la verdad, la justicia y la reparación?
Según Saúl, “hemos entregado información desde el punto de vista financiero, estructural, orgánico y de armamento. Yo, además, conté 12 hechos de los cuales la Fiscalía no tenía conocimiento, entre ellos homicidios, secuestros y tomas guerrilleras”. Fabián también asegura que “se han entregado fosas y se ha contado la verdad sobre los secuestros, porque el Epl secuestró a muchos ganaderos y políticos en Santander. También hemos entregado tierras y casas, y les hemos pedido perdón públicamente a las víctimas”. Sin embargo, la Ley es clara y tendrán que esperar a que se cumplan los ocho años desde la postulación para solicitar su salida de la cárcel.
Para Carlos Medina, viceministro de Política Criminal, en los casos en que se le ha negado la libertad a los desmovilizados que han cumplido el tiempo de la condena máxima, “existe una serie de complejidades para recuperar la información que certifique que ellos han hecho lo que tenían que hacer. Hay otro aspecto, y es que no necesariamente hay una cohesión ideológica de los jueces, ya que algunos validan la información más fácilmente que otros. Es un tema que vamos a tratar de abordar para sentar una posición de Estado que contrarreste este tipo de insatisfacción, que es la que a la larga genera un rompimiento de la confianza”.
En cuanto al proceso de reintegración, al que el Ministerio de Justicia le ha metido el acelerador en el último año, los exguerrilleros dicen sentirse satisfechos. Algunos han estudiado en las cárceles o han trabajado como profesores y artesanos, y asisten a un programa diseñado por esa cartera en el que se ofrece formación jurídica, en derechos, emprendimiento empresarial y atención psicosocial. Al respecto, afirma Saúl, “el proceso sí nos ha servido para resocializarnos. Hemos cambiado, estamos listos para la sociedad, incluso más preparados que muchas personas ahí afuera. Ya hemos botado esa venda de la guerra y queremos que la paz no se vea sólo como entregar las armas; que dejen de mirarnos como terroristas y nos vean como ciudadanos que está listos para trabajar”.
Pero para eso, insisten, se necesita que los negociadores de las Farc y del Gobierno incluyan la situación de los desmovilizados en las discusiones de la mesa. Y aunque las partes aún no han tomado decisiones en el tema de justicia transicional, está claro que lo que allí se acuerde será revisado con recelo no sólo por los postulados, sino también por los militares y los demás actores de la guerra que se encuentran detenidos, tanto dentro como fuera del país.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
