El nuevo alcalde de Bogotá deberá trabajar en temas como la reconciliación, la reintegración de los excombatientes y la desarticulación de las bandas criminales.
Ni una sola palabra le dedicó Enrique Peñalosa a la paz en su discurso de posesión como nuevo alcalde de Bogotá. Nada dijo sobre la manera como planea asumir los retos que enfrentará la capital en la etapa de posacuerdos con las Farc, durante la cual él regirá los destinos de la ciudad.
Se sabe, por ejemplo, que Bogotá continuará siendo receptora de excombatientes, que protagonizará importantes procesos políticos por cuenta de la reintregración a la vida civil de la guerrilla, y que deberá continuar adecuando sus instituciones para reparar a las víctimas, reconstruir la memoria histórica y atender a los desplazados.
La ciudad también será el epicentro de la disputa por la refrendación del acuerdo final al que lleguen el Gobierno y las Farc, no sólo porque es el centro del poder político, sino porque su censo electoral (de más de 5 millones) supera por un millón de electores la cifra que se requiere para ganar el plebiscito para la paz.
Sin embargo, Peñalosa sí se refirió a otros grandes problemas que, aunque no están asociados a la terminación de la guerra, son generadores de conflicto: las deficiencias en la prestación del servicio de transporte público, la inseguridad ciudadana, la desigualdad en el acceso a la educación, y la intolerancia frente a la diversidad sexual y de género.
Responder a ambos tipos de desafíos será una de las tareas del nuevo alcalde, que cuenta con el trabajo abonado por la administración de Gustavo Petro desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Petro, en la recta final de su mandato, también le apostó a hacer pedagogía sobre la negociación con las Farc y los diálogos exploratorios con el Eln, a través de 14 Encuentros Territoriales para la Paz, realizados en el marco de una alianza entre la organización Pensamiento y Acción Social (PAS) y la Secretaría de Gobierno.
Los encuentros sirvieron para identificar las preocupaciones y expectativas de los líderes sociales de 14 localidades en temas como la reintegración, la reparación, la violencia juvenil, el papel de los medios comunitarios en la construcción de paz, la inclusión de debates sobre la historia del conflicto en las aulas de clase, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas, el fomento de la cultura para la paz y la reducción de las desigualdades.
Por ahora, la Alcaldía y PAS cuentan con información consolidada de siete encuentros, que podrán servir como insumo para el rediseño o el reajuste de políticas públicas. Allí están consignadas las opiniones de líderes de juntas de acción comunal, colectivos de comunicación, docentes, estudiantes, integrantes de la comunidad LGBTI, funcionarios públicos, asociaciones de víctimas, de mujeres, de afrodescendientes y de discapacitados, e indígenas Nasa, Siona, Pijaos y Muiscas que viven en Bogotá.
Estas son, por localidades, las principales conclusiones de cinco de los informes más representativos:
Bosa
Para los líderes de esa localidad del suroccidente de Bogotá, uno de los temas más preocupantes es la presencia de bandas criminales en la zona. Esas estructuras estarían reclutando menores, permeando las juntas de acción comunal, extorsionando a las víctimas y amenazando a los representantes de sus organizaciones, lo cual ha generado desplazamiento intraurbano.
Según el documento, “la población desplazada y las víctimas de la violencia sienten temor respecto a lo que pueda ocurrir tras un proceso de desmovilización y reintegración de grupos armados a la vida cívica, porque en la localidad muchas personas siguen siendo perseguidas y amenazadas por las bacrim”. Barrios como Santafé, Casillas y Metrovivienda serían algunos de los más golpeados por ese fenómeno.
Los participantes también expresaron su preocupación porque en los complejos de vivienda gratuita están conviviendo víctimas y excombatientes, con escaso o nulo acompañamiento institucional.
Ciudad Bolívar
Las opiniones de algunos líderes de esta localidad dan cuenta de los grandes retos que tiene Bogotá en materia de equidad y reconciliación. Una mujer, por ejemplo, expresó durante el encuentro que “cuando lleguen los reinsertados vamos a tener que aguantárnoslos, porque van a tener privilegios que nosotros los desplazados nunca hemos tenido”.
En la misma línea, otro hombre dijo que “al principio era muy bonito vivir en la localidad, pero ahora han llegado personas desplazadas que vienen sin una voluntad de futuro y que generan problemas”.
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Foto: Santiago Mesa
Por eso, los organizadores del evento recomendaron poner en marcha programas que contribuyan a la adaptación de los desplazados a la ciudad y que les ayuden a los miembros de la comunidad a prepararse para recibirlos.
Otra preocupación de los pobladores es la estigmatización y la persecución de los jóvenes que integran organizaciones sociales de izquierda. La situación, según ellos, está relacionada con la presencia de bandas criminales en el área, que también realizan “labores de limpieza social”.
Fontibón
Los habitantes de Fontibón también se mostraron preocupados por la eventual llegada de exguerrilleros a los barrios, tendiendo en cuenta que “la experiencia con los paramilitares fue muy negativa”. En esta localidad, como en Bosa, los líderes manifestaron la necesidad de intervenir los edificios en los que conviven víctimas y desmovilizados.
Una delegada de la Mesa local de Víctimas señaló como fuente de conflictividad el hecho de que “a los desplazados se nos trate de ladrones, como si fuéramos los responsables de la violencia urbana”. Para las víctimas, Bogotá tiene el desafío de reconocer la dimensión de sus tragedias y erradicar la estigmatización.
El otro probelema tiene que ver con la inclusión de los jóvenes al sistema educativo y al mercado laboral. Para los pobladores de Fontibón, el desempleo y la pobreza siguen siendo un caldo de cultivo para el fortalecimiento del microtráfico y las pandillas. Por eso, propusieron realizar censos barriales para conocer la situación de los jóvenes, generar espacios para el deporte y la producción artística, y facilitar el acceso a las universidades y la creación de microempresas.
Sumapaz
Para los habitantes de esta localidad, que se encuentra en área rural, una de las necesidades más apremiantes es la constitución del territorio como Zona de Reserva Campesina. Esto les permitiría ejecutar su propia visión de desarrollo en aspectos como la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la economía campesina, la seguridad alimentaria y la asociatividad de los productores. Según el informe, “en el encuentro se planteó claramente que la implementación de los acuerdos de La Habana y las posibilidades de paz en el Sumapaz pasan por establecer la Zona de Reserva Campesina”.
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Foto: Santiago Mesa
La otra expectativa de los pobladores para la etapa de posacuerdos es la desmilitarización del páramo, considerado históricamente un fortín de las Farc. Dicen ellos que en el marco de “la instalación de bases militares y la utilización de los senderos ecológicos como corredores militares, se han presentado detenciones arbitrarias, señalamientos y estigmatización”.
Los campesinos también esperan que se pongan en marcha ejercicios de reconstrucción de la memoria y reivindicación de las luchas y los líderes del Sumapaz, que han sido duramente victimizados. En el evento “se destacó el asesinato y las amenazas a ediles, y la persecución contra campesinos tildados de guerrilleros”, hechos por los que las comunidades esperan ser reparadas.
Usme
En Usme, la comunidad manifestó que los problemas más graves están asociados al microtráfico, la expansión descontrolada de la frontera urbana, la delincuencia juvenil y la existencia de “fronteras invisibles”.
En cuanto a los jóvenes, opinaron que “su vulnerabilidad responde a la suma de factores como la presencia extendida de redes de microtráfico, falta de oportunidades laborales y de espacios para el deporte y la cultura, deficiencias en el sistema educativo y descomposición de las familias”.
Finalmente, la extracción de materiales de construcción en la localidad y la contaminación de las fuentes de agua también fueron percibidos como fuentes de conflictividad.
