Parece una propuesta que no aporta ninguna solución y agrava los problemas que ya tenemos con el prohibicionismo.
¿Se acuerdan de los enemigos de las libertades individuales? Pues volvieron y ahora están detrás de la dosis personal.
En lo que va de campaña, la propuesta de abolir el derecho que tenemos todos los colombianos a portar y consumir pequeñas cantidades de marihuana y cocaína ha estado en boca de Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordoñez, los tres precandidatos de la coalición de derecha.
Todos ellos alegan que acabar con la dosis personal ayudaría a combatir el narcotráfico y la criminalidad, sin embargo la evidencia indica que prohibir la dosis solo sería volver a probar algo que no funcionó hace 30 años. Veamos.
Las palabras “dosis personal” aparecieron juntas por primera vez en la ley 30 de 1986. El estatuto, que fue aprobado en pleno auge del narcotráfico y contempla un régimen de sanciones duras contra todo lo que tenga que ver con drogas, determinó que cualquier cantidad inferior a los 20 gr. de marihuana, 5 gr. de hachís y 1 gr. de cocaína es la que “una persona porta o conserva para su propio consumo”. Y debía ser castigada, aunque con una sanción “blanda” –si se comparaba con las que se enfocaban en los expendedores– que iba desde un mes de arresto hasta un año, si se trataba de un reincidente.
Luego, en 1994, la Corte Constitucional –con el fallecido Carlos Gaviria como magistrado ponente– resolvió que castigar a los colombianos por un “comportamiento que no trasciende la órbita más íntima del sujeto consumidor” violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y desde entonces el porte de estas cantidades de droga pero no puede ser castigado penalmente.
La sentencia fue incómoda para la clase política desde un principio: en mayo del 94, el entonces presidente, y hoy jinete de la legalización, Cesar Gaviria rechazó la sentencia e incluso amagó con convocar a un referendo para tumbarla. Al rechazo del primer mandatario se sumaron el del Departamento de Estado de Estados Unidos, el del Consejo Gremial y el de la Conferencia episcopal.
Aunque la Corte no cedió ante la presión y mantuvo su decisión en firme, el rechazo inicial hacia la despenalización de la dosis personal nunca desapareció del todo. Al contrario, fue madurando a lo largo de una década hasta convertirse en casi una obsesión para un gobierno venidero, el de Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Uribe intentó acabar con la dosis personal en dos ocasiones: la primera en 2003, cuando incluyó una pregunta con este efecto en su derrotado referendo de 19 puntos. En aquella ocasión la propia Corte Constitucional rechazó la pregunta.
Durante su segundo gobierno, Uribe volvió a la carga y consiguió que el Congreso aprobara el acto legislativo 02 de 2009, el cuál modificó la Constitución para incluir la prohibición de la dosis personal. Sin embargo, este triunfo legislativo no tuvo mayores efectos prácticos, ya que un par de años después la Corte aclaró que aunque, en efecto, la dosis personal esté prohibida en Colombia, esta prohibición no puede ser sancionada con medidas penales (como la cárcel), únicamente con sanciones administrativas como el decomiso o la multa impuesta por el nuevo Código de Policía.
Ahora que los candidatos de la coalición de derecha retoman la propuesta de su líder moral, cabe preguntarse: ¿qué tan posible es que triunfen dónde Uribe fracaso?
“Hay vías jurídicas para hacerlo: podrían promover en el Congreso una reforma al Código Penal que incluya una sanción para los consumidores de drogas”, me decía por teléfono Lucía Ramírez, investigadora para Dejusticia.
Sin embargo, Ramírez aclara que, aparte de la aprobación del Congreso, la iniciativa debería pasar el examen de la Corte Constitucional, la misma que ha bloqueado esfuerzos similares en el pasado. Según ella, que los nueve magistrados que conforman la corte hoy decidan darle la espalda a las decisiones que sus colegas han sostenido durante más de dos décadas es improbable, más no imposible: “la Corte tiende a mantener los precedentes jurisprudenciales, sin embargo eso depende de los votos de los nuevos magistrados y aún no estamos seguros de cuál es la posición de esta Corte en temas de drogas”.
Asumiendo que alguno de los tres precandidatos de la coalición de derecha ganara las elecciones, consiguiera que el Congreso aprobara una reforma al Código Penal y que la Corte Constitucional la respaldara, habría que preguntarse: ¿realmente es buena idea acabar con la dosis personal?
“Me parece que es una tontería”, me decía el doctor Augusto Pérez, quien dirige la Corporación Nuevos Rumbos y trabaja con consumidores de drogas desde la época en la que a cualquier colombiano lo podían meter a la cárcel por llevar un porro en el bolsillo.
El doctor Pérez piensa que volver al prohibicionismo sería un error doble: por un lado, tendría el costo político de ir en contravía de una tendencia global adoptada por recomendación de las Naciones Unidas. Por el otro, tendría el costo social de insistir una política fallida de castigo al consumidor, que no ha quitado ni puesto en la lucha contra el narcotráfico.
Durante su campaña, Iván Duque ha dicho que el problema con la dosis personal es que hoy ‘los jibaros’ se escudan en ella para evitar ser detenidos. Pero ¿qué pasaba antes? Al fin y al cabo, entre 1986 y 1994 las autoridades colombianas tuvieron la potestad de meter a la cárcel a cualquier persona que fuera sorprendida con cualquier cantidad de droga. ¿Sintieron entonces ‘los jíbaros’ el peso de la ley colombiana durante estos años?
Todo lo contrario: el doctor Pérez asegura que este periodo de mano dura coincide con el auge de la epidemia del basuco en Colombia y la consolidación de El Cartucho, considerada por muchos la madre de todas las ollas, en Bogotá. “En 1986 los consumidores con los que yo trabajaba me decían que en Bogotá uno nunca se encontraba a más de 100 de metros de un expendio de drogas”, anota el doctor.
Supongamos, una vez más, que todo le sale bien a la derecha y que, ya sin dosis personal, cada vez más jíbaros fueran a parar a nuestras cárceles, que en el 75 por ciento de los casos sufren hacinamiento grave. ¿Estaríamos más cerca de ganarle la batalla al narcotráfico?
Seguramente no. De hecho, enviar a más personas a la cárcel por delitos de drogas es algo que ya venimos haciendo desde hace más de 10 años. Según un estudio realizado por Dejusticia, entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19 por ciento, la población penitenciaria aumentó un 141 por ciento y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289 por ciento. El resultado: seguimos siendo el principal país exportador de cocaína y el consumo de drogas al interior del país ha aumentado.
Para Lucía Ramírez, existe una razón por la que esta encarcelación masiva por delitos de drogas no se ha traducido en resultados en contra el narcotráfico: “lo que encontramos en nuestras investigaciones es que la mayoría de las personas que están llegando a la cárcel pertenecen a los eslabones fácilmente reemplazables en la cadena del narcotráfico (madres cabeza de familia y personas de bajos recursos) esta clase de capturas no tienen ningún impacto sobre las organizaciones que manejan el negocio”, afirma la investigadora.
Así que por lo pronto, la principal propuesta de la coalición de derecha colombiana en temas de drogas no solo no aporta ninguna solución a los grandes problemas, sino que al contrario, podría agravar los problemas que ya tenemos.
